La Audiencia Nacional aplaza hasta hoy la decisión sobre los 'papeles de Salamanca'

Los cinco magistrados de la Audiencia Nacional que tienen que decidir si prorrogan o levantan la inmovilización de los papeles de Salamanca en el Ministerio de Cultura reanudarán esta mañana sus deliberaciones, después de que ayer por la tarde no llegaran a ningún pronunciamiento. El tribunal dispone legalmente de cinco días de plazo, pero fuentes de la Audiencia aseguran que no se agotarán. El presidente, José Luis López-Muñiz, manifestó que la voluntad del tribunal es resolver "lo antes posible", por lo que previsiblemente el auto se notificará durante el día de hoy.

Obviamente...

Los cinco magistrados de la Audiencia Nacional que tienen que decidir si prorrogan o levantan la inmovilización de los papeles de Salamanca en el Ministerio de Cultura reanudarán esta mañana sus deliberaciones, después de que ayer por la tarde no llegaran a ningún pronunciamiento. El tribunal dispone legalmente de cinco días de plazo, pero fuentes de la Audiencia aseguran que no se agotarán. El presidente, José Luis López-Muñiz, manifestó que la voluntad del tribunal es resolver "lo antes posible", por lo que previsiblemente el auto se notificará durante el día de hoy.

Obviamente, deben existir discrepancias entre los cinco magistrados, pues de lo contrario, tras varias horas de deliberaciones, ya hubieran resuelto en un sentido u otro.

Por la mañana se celebró una vista pública para decidir sobre si se mantienen o se levantan las medidas cautelarísimas solicitadas por el Ayuntamiento de Salamanca, que presentó el viernes pasado un recurso contencioso-administrativo con la finalidad de paralizar la entrega de los papeles a la Generalitat.

En principio, en una vista de este tipo sólo se debate sobre si existe urgencia para adoptar medidas cautelares y si la espera a resolver el recurso puede suponer un perjuicio irreversible. Sin embargo, sorpresivamente, el tribunal permitió que el letrado del Ayuntamiento de Salamanca, José María Benavente, abordase el fondo del asunto.

El letrado afirmó que la salida de los documentos no se acomoda a la ley y que no se ha seguido el procedimiento legalmente establecido, por lo que pidió que los documentos bloqueados en el Ministerio de Cultura sean devueltos al Archivo de la Guerra Civil. El argumento esgrimido es que algunos de los papeles nunca fueron de la Generalitat. Añadió también que no se ha dejado copia autenticada de los documentos en el Archivo y que existe riesgo de daño irreversible.

Le replicó el jefe de la Abogacía del Estado en la Audiencia Nacional, Manuel Pacheco, quien sostuvo que los papeles deben restituirse a la Generalitat en cumplimiento de la ley aprobada por las Cortes y añadió que el Ayuntamiento de Salamanca no tiene legitimidad para recurrir porque el Archivo es del patrimonio del Estado y el supuesto perjuicio que ocasionaría el traslado de los papeles sería a la Administración General del Estado, pero nunca al Ayuntamiento.

Tras impugnar todas las alegaciones del letrado recurrente señaló que "si de algo ha pecado la Administración ha sido de excesiva escrupulosidad".

Pacheco destacó que no existe ningún peligro de destrucción de documentos, puesto que se entregan a la Generalitat, que es una administración pública que tiene la obligación de conservarlos y no puede transferirlos a terceros.

Concluyó que lo que desea el Ayuntamiento de Salamanca con su recurso es que se suspenda la aplicación de la ley, no la orden ministerial de salida de los documentos que es en realidad lo que se impugna.

Testigos

El director del Archivo de la Guerra Civil, Miguel Ángel Jaramillo, compareció en la vista en calidad de testigo, supuestamente imparcial, a propuesta del Ayuntamiento de Salamanca.

Jaramillo, a preguntas del presidente del Tribunal, José Luis López-Muñiz, afirmó que es funcionario del Ministerio de Cultura, lo que parecía anticipar que no sería crítico con la decisión de su ministra. Sin embargo, el abogado del Estado, en un interrogatorio muy agresivo, le hizo reconocer que estaba en contra de la ley por la que se devuelven los papeles y que considera que "la fragmentación del Archivo es un error".

Miguel Ángel Jaramillo afirmó que en las 500 cajas bloqueadas en Cultura hay documentos de particulares que no fueron incautados a la Generalitat, pero Pacheco le recordó que esos documentos -pasaportes, cartillas de racionamiento, tarjetas de residencia o autorizaciones- fueron incautados en domicilios de funcionarios de la Generalitat y que, en todo caso, el Estado reconoció que eran susceptibles de ser devueltos al órgano de Gobierno catalán en el convenio suscrito en 1982.

El director del Archivo se refirió también a los documentos del Comité de Milicias Antifascistas, que en su opinión no deben ser devueltos a la Generalitat. Sin embargo, a preguntas de Pacheco, Jaramillo admitió que, aunque el Comité era un organismo de poder popular, fue creado por la Generalitat.

Muy agresivo fue también el interrogatorio de Pacheco al otro testigo, el director del Archivo General de Castilla y León, Carlos Travesì. Éste había realizado un "certificado" sobre los documentos del Archivo de la Guerra Civil que el Ayuntamiento de Salamanca había utilizado como prueba. Pacheco le obligó a admitir que no podía certificar nada puesto que los documentos sobre los que emitió el certificado no están en el archivo del que es director.