El Gobierno prevé una negociación "larga y difícil" con Cataluña en el Congreso

"Los partidos catalanes están escenificando movimientos tácticos este verano, pero Cataluña tendrá un proyecto de Estatuto para el mes de octubre. Será un proyecto de Estatuto difícil, que habrá que negociar largo y tendido en las Cortes españolas para llegar a acuerdos". Así ve el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, el horizonte de la reforma de la norma básica catalana, la más complicada de las que se tramitarán en los próximos meses. El primero de los estatutos de autonomía que se verá en las Cortes será el valenciano. El 13 de septiembre, previsiblemente, los diputados vo...

"Los partidos catalanes están escenificando movimientos tácticos este verano, pero Cataluña tendrá un proyecto de Estatuto para el mes de octubre. Será un proyecto de Estatuto difícil, que habrá que negociar largo y tendido en las Cortes españolas para llegar a acuerdos". Así ve el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, el horizonte de la reforma de la norma básica catalana, la más complicada de las que se tramitarán en los próximos meses. El primero de los estatutos de autonomía que se verá en las Cortes será el valenciano. El 13 de septiembre, previsiblemente, los diputados votarán su admisión a trámite.

Antes, la agenda del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, tiene anotadas otras batallas políticas. La primera, la financiación de la sanidad. Los departamentos de Economía y Hacienda y de Administraciones Públicas abren esta misma semana la ronda de negociaciones con las comunidades del PP, reacias a la propuesta que les ha hecho llegar el Gobierno. Para tapar el agujero sanitario que afrontan las comunidades, el Ejecutivo está dispuesto a una aportación extraordinaria en los Presupuestos del Estado si, en la misma medida, las autonomías suben los impuestos en los que tienen competencia.El 10 de septiembre se celebra la Conferencia de Presidentes, y para entonces Zapatero tiene que tener resuelto el problema porque quiere separar este debate del proceso de reforma de los estatutos.

El Consejo de Estado emitirá en noviembre su informe sobre la reforma constitucional

La discusión del Estatuto valenciano es la referencia para las restantes reformas

Inmediatamente después se pondrá a negociar los Presupuestos de 2006 con sus socios. Será una negociación también difícil, pero no estará vinculada a la del Estatuto catalán, que sí llevará al Congreso una dura pugna.

Antes, a mediados de septiembre, se verá el valenciano. El texto que la Comunidad Valenciana ha hecho llegar al Congreso no presenta grandes complicaciones, ya que cuenta con el respaldo del PSOE y el PP, aunque podría suscitar algún rifirrafe entre ambos partidos. Su negociación servirá a los partidos representados en las Cortes como referente en el procedimiento de tramitación de los demás estatutos. Los socialistas han anticipado que presentarán reservas a la apelación a los "derechos históricos" y a la llamada cláusula Camps -que toma su nombre del presidente de la Comunidad Valenciana, del PP, y reclama para esta autonomía las mismas atribuciones que logren estatutos que se tramiten ulteriormente-.

El nuevo Estatuto valenciano fue aprobado en las Cortes autonómicas el 2 de julio y fue registrado en el Congreso dos días después. Cuando se vote su admisión a trámite en el Congreso, el 13 de septiembre, habrán pasado dos meses y medio desde su aprobación en las Cortes valencianas.

El Gobierno Zapatero cuenta, por tanto, con que no se votará la admisión a trámite en las Cortes del proyecto de Estatuto de Cataluña -que será el segundo que llegue a las Cortes- hasta febrero, dado que se votará en el Parlamento de Cataluña en octubre y enero es inhábil a efectos parlamentarios.

"Este calendario en la tramitación del Estatuto catalán tiene una consecuencia política, y es que no habrá un solapamiento entre el debate de los Presupuestos del Estado y el del Estatuto de Cataluña. Los Presupuestos se votarán en diciembre y la votación de la admisión del proyecto de Estatuto de Cataluña en las Cortes será, como pronto, en febrero. Por tanto, no tienen sentido las amenazas de algún representante de ERC de que condicionará su apoyo a los Presupuestos en función del comportamiento socialista en la tramitación del Estatuto de Cataluña", señalan fuentes gubernamentales.

El Gobierno central juega con la hipótesis de que los partidos catalanes, pese a su actual distanciamiento, acordarán un proyecto de Estatuto en los plazos anunciados por el presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, y que se votará en el Parlamento de Cataluña en octubre. También cree que "la negociación será larga y complicada en el Congreso de los Diputados".

Esta última hipótesis del Gobierno central está sustentada en que el proyecto de Estatuto de Cataluña, en su actual redacción, "va más allá de una reforma interna del autogobierno de Cataluña, que es lo que Zapatero anunció que estaba dispuesto a asumir sin tocar la redacción que aprobara el Parlamento de Cataluña", señalan fuentes gubernamentales.

"El problema del Estatuto catalán, en su actual redacción, es que no se limita a profundizar en su autogobierno, sino que redefine el modelo territorial de España al condicionar el modelo de financiación autonómica y el competencial de todo el Estado, con propuestas que modifican leyes orgánicas. Estas propuestas desbordan las previsiones de reforma de los estatutos anunciada por Zapatero, al superar el límite constitucional", añaden fuentes de Moncloa.

Las mismas fuentes precisan: "Si el proyecto de Estatuto de Cataluña presenta propuestas que afectan no sólo a Cataluña sino a todo el modelo autonómico, como un uso más extensivo del artículo 150,2 de la Constitución [que propone la delegación de competencias exclusivas del Estado a las comunidades autónomas], o fija el nivel de solidaridad de Cataluña al conjunto del modelo de financiación autonómica, está afectando a las competencias del Estado y, con ello, desborda la Constitución. Eso obliga al Gobierno central a intervenir en el debate y a negociar el texto cuando se presente en las Cortes".

En este caso, según el ministro Jordi Sevilla, el Gobierno tendrá que pedir informes a expertos juristas para que definan si las propuestas son constitucionales o no". "El no estar de acuerdo con algunas propuestas de la actual redacción del proyecto de Estatuto de Cataluña no nos convierte en centralistas", añade Sevilla.

El tercer proyecto de reforma de estatuto que previsiblemente se presentará a las Cortes, tras el valenciano y el catalán, será el de Andalucía, cuyo horizonte se sitúa en las Navidades. "Esta reforma no presenta mayores complicaciones", aseguran las mismas fuentes.

Para las restantes reformas de los estatutos, que van a presentar la mayoría de las comunidades autónomas, aún no hay fechas previsibles. Por ejemplo, dos comunidades con tradición estatutaria y que han anunciado su voluntad de reformar sus estatutos, como País Vasco y Galicia, aún no cuentan siquiera con una ponencia parlamentaria autonómica.

Además de afrontar las reformas estatutarias, el Gobierno Zapatero dará este curso político los primeros pasos para acometer la reforma de la Constitución, con la que cerrará la legislatura.

Previsiblemente, en noviembre, el Consejo de Estado, presidido por Francisco Rubio Llorente, hará público el dictamen sobre las cuatro reformas constitucionales anunciadas por Zapatero: la reforma del Senado para reconvertirlo en Cámara territorial; la introducción en la Norma Fundamental de las denominaciones de las comunidades autónomas, así como de la Constitución europea y la posibilidad de que las mujeres puedan heredar la Corona de España.

Según vaticinan fuentes gubernamentales, "el dictamen del Consejo de Estado será práctico y útil y a la vez abierto, con varias posibilidades de actuación". Una vez conocido el dictamen del Consejo de Estado, el Gobierno propondrá, previsiblemente, una mesa de partidos que impulse la reforma constitucional.

En este sentido, existe un precedente, con la formación en 1995 de una ponencia de reforma de la Constitución para hacer del Senado una Cámara territorial. La ponencia duró hasta 1998, cuando el Gobierno decidió su disolución al renunciar el entonces presidente, José María Aznar, a su promesa electoral de reformar el Senado.