El Ejército argentino estima que 400 militares tendrán que comparecer ante la justicia

El jefe de las Fuerzas Armadas argentinas, el general Roberto Fernando Bendini, estimó ayer que 400 militares podrían verse obligados a comparecer ante los tribunales civiles tras la decisión de la Corte Suprema de anular las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, que durante años ampararon la guerra sucia. Bendini reveló que el Ejército maneja una lista de 3.000 militares, pertenecientes a diferentes unidades, a las que se está investigando a instancias de la justicia. Bendini recalcó que el ser objeto de una investigación no implica necesariamente la culpabilidad.

Mientras las asoc...

El jefe de las Fuerzas Armadas argentinas, el general Roberto Fernando Bendini, estimó ayer que 400 militares podrían verse obligados a comparecer ante los tribunales civiles tras la decisión de la Corte Suprema de anular las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, que durante años ampararon la guerra sucia. Bendini reveló que el Ejército maneja una lista de 3.000 militares, pertenecientes a diferentes unidades, a las que se está investigando a instancias de la justicia. Bendini recalcó que el ser objeto de una investigación no implica necesariamente la culpabilidad.

Mientras las asociaciones de víctimas y las organizaciones de derechos humanos celebraban ayer la decisión del Supremo, en el Ejército y en el Gobierno se trataba de rebajar el impacto que tendrá la medida ante la posibilidad de que cientos de militares sean llamados a declarar en breve en causas relacionadas con las violaciones de los derechos humanos durante la guerra sucia.

De los 150 que en la actualidad están detenidos o bajo arresto domiciliario, la proporción más importante corresponde al Ejército de Tierra y hay cinco militares en activo que detentan el rango de coronel, según informó el ministro de Defensa, José Pampuro. Por su parte, el jefe del Ejército admitió que en Catamarca, al norte del país, dos generales podrían ser llamados a declarar en los próximos días, si bien aseguró que sus causas no están relacionadas con la violación de los derechos humanos.

El Ejército ha mantenido una actitud de absoluto acatamiento a la decisión, y el malestar existente -no sólo por esta resolución, sino también por una congelación salarial que se ha prolongado durante una década- se ha manifestado a título privado. Por ello, varios miembros del Ejecutivo salieron ayer en su defensa en los medios de comunicación.

El ministro del Interior, Aníbal Fernández, aseguró que "es injusto para las Fuerzas Armadas que se les tilde a todos de lo mismo, cuando la inmensa mayoría de las Fuerzas Armadas actuales no han tenido nada que ver, ni sus oficiales ni sus suboficiales". El titular de Interior advirtió además de que el fin de la impunidad también afectará a los civiles implicados en casos de violaciones de derechos humanos: "No puede volver nadie creyendo que es un iluminado a suplantar la voluntad popular".

Las estimaciones sobre el número de personas que pueden ser acusadas se basan en los informes elaborados por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), que tiene una nómina de torturadores elaborada a partir de los diferentes testimonios de víctimas. Dicho listado contiene unos 1.600 nombres, pero hay una proporción importante que están repetidos debido a que fueron aportados por diferentes testimonios.

Además, desde que se promulgaron las leyes -anuladas el martes-, al menos medio centenar de acusados ha fallecido y cuatro han sido declarados incapacitados, entre ellos Emilio Eduardo Massera, miembro de la primera Junta Militar de la dictadura y responsable del centro clandestino de torturas situado en la Escuela Mecánica de la Armada (ESMA) en Buenos Aires. Oficialmente hay además 19 prófugos.

Para Víctor Abramovich, del Centro de Estudios Sociales y Legales, el organismo que con la denuncia interpuesta en octubre 2000 desencadenó el proceso que ha culminado en la sentencia anulatoria, es muy difícil cuantificar la cifra de casos que se pueden reabrir "porque son muy largos y complicados". Abramovich añadió ayer a este diario que en cualquier caso no se puede hablar de miles de casos y que la cifra final rondará las 150.

Alianza de dictadores

Lo cierto es que las causas más complejas que tiene entre manos en la actualidad la justicia argentina son precisamente las que hacen referencia a los crímenes cometidos durante la dictadura militar. En la capital Federal se investigan las torturas cometidas en la ESMA y el Primer Cuerpo del Ejército, así como la alianza entre los dictadores suramericanos del momento para hacer desaparecer a los opositores, conocida como el Plan Cóndor. En siete provincias hay otros procesos en marcha cuyos jueces pueden continuar ahora con las investigaciones sin frenos legales.

Conscientes de la importancia histórica de la sentencia, todos los jueces de la Corte Suprema hicieron anotaciones particulares al veredicto final, pero lo resaltado ayer por diversas organizaciones es que el texto separa claramente los conceptos de reconciliación y olvido y denuncia que las leyes confundían ambos.

En sus razonamientos, la Corte subrayó que, a pesar de que la intención de las leyes anuladas era facilitar la reconciliación "entre civiles y militares" no es posible confundir esta reconciliación con "el olvido de graves violaciones de derechos humanos".