La reducción en un 40% del número de agricultores en la última década amenaza el relevo generacional

El relevo generacional en la agricultura andaluza está seriamente amenazado. Un informe elaborado por la COAG asegura que, en la última década, el número de agricultores ha bajado en un 40%, un porcentaje en línea con la media nacional. Esta organización agraria culpa de esta situación a la "caótica" política de modernización de explotaciones y las excesivas trabas para acceder a las ayudas. Además, COAG denuncia el "agravio comparativo" entre las subvenciones que recibe Andalucía para nuevas explotaciones o planes de mejora respecto a otras comunidades.

El informe sobre la aplicación d...

El relevo generacional en la agricultura andaluza está seriamente amenazado. Un informe elaborado por la COAG asegura que, en la última década, el número de agricultores ha bajado en un 40%, un porcentaje en línea con la media nacional. Esta organización agraria culpa de esta situación a la "caótica" política de modernización de explotaciones y las excesivas trabas para acceder a las ayudas. Además, COAG denuncia el "agravio comparativo" entre las subvenciones que recibe Andalucía para nuevas explotaciones o planes de mejora respecto a otras comunidades.

COAG afirma que la resolución de expedientes se retrasa hasta dos años

El informe sobre la aplicación de las ayudas a la modernización de explotaciones y la incorporación de jóvenes en la agricultura andaluza, elaborado por COAG-Andalucía, alerta sobre el riesgo para el mantenimiento de la actividad productiva en el medio rural andaluz, donde la agricultura es la principal actividad generadora de empleo y riqueza. Según los datos del Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social (REASS) y el Régimen Especial de Autónomos, la agricultura andaluza ha perdido desde 1995 el 40% de sus agricultores.

La compleja y excesiva burocracia es, según la COAG, una de las principales causas del cada vez mayor retraimiento de los jóvenes de la agricultura. En el informe se alude a una situación "caótica" derivada de retrasos superiores a dos años en la resolución de los expedientes, continuos cambios de criterio en la aplicación de las medidas y falta de fondos suficientes para cubrir la demanda, "motivando el cierre de la ventanilla en varias ocasiones, generando un descontento y desánimo entre los beneficiarios de las mismas".

Para estimular el rejuvenecimiento del sector agrario, el Ministerio estableció ayudas especiales tanto para la primera instalación como para la posterior mejora de las explotaciones sobre las que se instalan. Se obligó entonces a las comunidades autónomas a suscribir convenios bilaterales para regular los mecanismos de información, seguimiento y control que garantizaran el adecuado funcionamiento del sistema de ayudas. Se aprobó entonces el Real Decreto 613/2001 con ayudas cofinanciadas por el FEOGA, el Estado y las comunidades autónomas conforme a los programas operativos aprobados por la Comisión Europea.

En Andalucía, tras diversos cambios normativos que han ido parejos a las modificaciones de la normativa estatal, es de aplicación actual la Orden de 22 de junio de 2004, por la que se regula el Régimen de la Calificación de las explotaciones agrarias como prioritarias y el régimen de las ayudas para la mejora y modernización de las estructuras agrarias de producción.

Sin embargo, la COAG denuncia la situación desfavorable en la que se encuentra Andalucía en relación con el resto de comunidades autónomas. Así, mientras que el territorio andaluz genera el 26,9% de la Producción Final Agraria del Estado, tan sólo percibe el 13,53% de la inversión total que se realiza en planes de mejora; por el contrario, comunidades como Galicia, con tan sólo el 4,72% de la Producción Final Agraria, se lleva el 14,20 de la inversión. Otro dato sobre el que alerta la COAG es que Andalucía, con el 17,81% de la superficie agraria útil del Estado, acaparó sólo el 14,82% de las solicitudes de nueva incorporación, mientras que Galicia, con el 2,49% de la superficie promovió la presentación del 14,38% de los expedientes, o Cataluña, con un 4,14% de la superficie, genera el 12,07% de las solicitudes de nueva incorporación.

No menos significativa resulta que en los cinco primeros años de aplicación del actual programa operativo, del 2000 al 2004, se hayan tramitado 1.085 expedientes menos que en el primer quinquenio del programa anterior, que comenzó en 1994 . Esta situación provoca, a juicio de la COAG, una pérdida de fondos comunitarios para el desarrollo de Andalucía, puesto que por cada euro que no pone la comunidad deja de percibir tres de la Unión Europea y uno del Estado.

"Esta situación de fracaso de la política de modernización y de incorporación de jóvenes a la agricultura ha llevado a los agricultores y ganaderos andaluces a acudir a las entidades financieras para posibilitar la adecuación de sus instalaciones y su propia incorporación a la actividad, produciéndose un endeudamiento muy superior al del resto de agricultores del Estado y haciéndonos menos competitivos", señala Eduardo López, secretario de Organización de COAG-Andalucía.