Nueve grandes empresas abandonan la asistencia médica de 250.000 empleados

Cuatro bancos (BBVA, BSCH, Banesto y Urquijo) y cuatro empresas energéticas (Unión Fenosa, Iberdrola, Endesa y Gas Natural) han comunicado al Ministerio de Trabajo que, a partir del próximo año, dejarán de financiar la asistencia médica de sus empleados. Telefónica ya tomó la misma decisión el pasado 1 de julio. Las más de 250.000 personas (100.000 empleados y familiares) afectadas por la medida recibirían asistencia en la sanidad pública. La mayoría, unas 190.000, viven en Madrid, comunidad que pide a Trabajo más tiempo y más dinero para atender a los nuevos pacientes.

El sistema de en...

Cuatro bancos (BBVA, BSCH, Banesto y Urquijo) y cuatro empresas energéticas (Unión Fenosa, Iberdrola, Endesa y Gas Natural) han comunicado al Ministerio de Trabajo que, a partir del próximo año, dejarán de financiar la asistencia médica de sus empleados. Telefónica ya tomó la misma decisión el pasado 1 de julio. Las más de 250.000 personas (100.000 empleados y familiares) afectadas por la medida recibirían asistencia en la sanidad pública. La mayoría, unas 190.000, viven en Madrid, comunidad que pide a Trabajo más tiempo y más dinero para atender a los nuevos pacientes.

La temida avalancha ha puesto de acuerdo a todos los partidos y sindicatos de Madrid

El sistema de entidades colaboradoras con la Seguridad Social, por el que algunas empresas se hacen cargo de pagar a los médicos privados de sus plantillas, se encamina hacia su desaparición en España. Telefónica cerró su colaboradora en verano y ahora son el resto de grandes empresas, bancos y energéticas, las que quieren tomar la misma decisión.

El sistema de colaboración se remonta a los años cincuenta y sesenta, cuando la sanidad universal y gratuita no estaba implantada en España. Entonces algunas empresas decidieron hacerse cargo de la asistencia médica de sus empleados como una forma más de retribución salarial.

Años más tarde, cuando la sanidad pública se universalizó, estas empresas pactaron con el Estado seguir velando por la salud de sus empleados (la sanidad pública se descargaba de cientos de miles de pacientes) a cambio de reducir sus cuotas a la Seguridad Social.

Este modelo, sin embargo, cambió en 1998, cuando se aprobó una nueva fórmula de financiación estatal. En el nuevo sistema las empresas pagaban íntegramente sus cuotas a la Seguridad Social y el Estado les abonaba la atención sanitaria de sus trabajadores.

Pero, según las compañías, el Ministerio de Trabajo no ha cumplido su parte del trato y éstas han visto cómo cada año se gastaban un dinero que luego el Estado no les reembolsaba. La deuda que Trabajo mantiene con ellas por la asistencia médica prestada a sus plantillas entre 1999 y 2002 es de cien millones de euros. Sólo los cuatro bancos reclaman a Trabajo unos 48 millones.

Cansadas de esta situación, las empresas han comenzado a desprenderse de sus obligaciones sanitarias. Telefónica, con más de 100.000 empleados y familiares a su cargo y 18 millones de euros de deuda, terminó con su entidad colaboradora en verano. Los sindicatos acordaron con la compañía la contratación de un seguro médico privado, lo que ha evitado que todos ellos desembarcaran en la sanidad pública.

El pasado 30 de septiembre acababa el plazo para que las empresas comunicaran al Ministerio de Trabajo sus intenciones para el próximo año y todas ellas coincidieron en solicitar el cese de la actividad de sus entidades colaboradoras. Para que la extinción sea efectiva, sin embargo, Trabajo debe autorizar la medida, algo que por el momento "no está decidido todavía", según un portavoz. El ministerio no adelanta cuáles son sus intenciones sobre el caso.

Tampoco hay datos oficiales del número de personas afectadas. Jaime Cedrún, de CC OO lo cifra en "más de 250.000, seguramente cerca de las 300.000". Trabajo no facilita datos. Las sucesivas fusiones bancarias también dificultan el obtener una cifra exacta, ya que la situación de las plantillas difiere mucho según su procedencia. Los jubilados del antiguo Banco Hispano, por ejemplo, disfrutan de la cobertura médica, mientras los que provienen del antiguo Central reciben asistencia pública. Las entidades colaboradoras pertenecientes a organismos públicos (Comunidad de Madrid, Radiotelevisión Española o Banco de España) y la de la compañía Altadis no han pedido, por el momento, el cese de sus actividades.

La automía madrileña es la más perjudicada por la desaparición de las colaboradoras, ya que entre un 60% y un 80% de las personas afectadas reside en ella. "Nuestros cálculos son de que unas 190.000 personas podrían verse privadas de cobertura sanitaria", explica Fidel Illana, director general de Aseguramiento de la Consejería de Sanidad de Madrid

La temida avalancha en la ya sobrecargada sanidad pública madrileña ha logrado algo insólito: poner de acuerdo al Gobierno regional del PP con UGT, CC OO, IU y PSOE. Todos coinciden en calificar de "muy mala noticia" la desaparición de las entidades colaboradoras.

La sanidad autonómica suscribió con CC OO y UGT el pasado 23 de septiembre un acuerdo para reclamar al Ministerio de Trabajo que no autorice la desaparición de las entidades colaboradoras. "Hemos pedido una prórroga de seis meses antes de que puedan liquidarse. También hemos abierto un foro de trabajo para estudiar con detalle la situación y las posibles soluciones", explica Fidel Illana.

No hay dinero

Para los sindicatos y partidos de izquierda, el problema es de calendario. "Apostamos por reforzar la sanidad pública para que en el futuro atienda a toda la población, pero a largo plazo. Ahora sería perjudicial el desembarco masivo de casi 200.000 pacientes sobre una red pública que en Madrid no está preparada para recibirles", coinciden en señalar Cedrún y el portavoz de Sanidad del PSOE en Madrid, Lucas Fernández. El PP mostró en las pasadas elecciones autonómicas su intención de mantener el viejo modelo. La financiación de la asistencia médica de los nuevos paccientes también inquieta al Gobierno de Madrid. "Es una población como la de la provincia de Ciudad Real, lo que costaría 38 millones de euros al año. Tenemos que pensar de dónde va a salir", añade Illana.