La Diputación de Álava anuncia un primer recurso contra el proyecto de Ibarretxe

La Diputación de Álava anunció ayer, tras celebrar un consejo ejecutivo extraordinario, que "con la mayor urgencia" interpondrá un primer recurso contra la propuesta de nuevo Estatuto Político aprobada el sábado por el Gobierno vasco. La fractura institucional del País Vasco sobre el autogobierno se traslada así a los tribunales bajo razones de índole también interna: el Ejecutivo foral del PP teme por la titularidad de los derechos históricos, que la Constitución reconoce a los territorios forales. También cree que, bajo la apariencia de una reforma estatutaria, late una "derogación implícita...

La Diputación de Álava anunció ayer, tras celebrar un consejo ejecutivo extraordinario, que "con la mayor urgencia" interpondrá un primer recurso contra la propuesta de nuevo Estatuto Político aprobada el sábado por el Gobierno vasco. La fractura institucional del País Vasco sobre el autogobierno se traslada así a los tribunales bajo razones de índole también interna: el Ejecutivo foral del PP teme por la titularidad de los derechos históricos, que la Constitución reconoce a los territorios forales. También cree que, bajo la apariencia de una reforma estatutaria, late una "derogación implícita" del Estatuto de Gernika.

Aprecia que bajo la reforma se encubre una "derogación implícita" del Estatuto de Gernika

La quiebra institucional interna del País Vasco en torno a su autogobierno, puesta de manifiesto el lunes con la advertencia de las Juntas Generales de Álava (el parlamento provincial) sobre la autodeterminación de este territorio si se materializa el plan Ibarretxe, se evidenció ayer de nuevo en el paso dado por la Diputación alavesa, y se va a trasladar de inmediato a los tribunales.

El Ejecutivo foral considera que la propuesta puede ser constitutiva de "contrafuero" e interpondrá "con la mayor urgencia", posiblemente mañana mismo, un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) contra el Gobierno de Ibarretxe. Le acusará de no haber dado a Álava una "audiencia" que considera "fundamental y preceptiva" antes de aprobar su propuesta, y de vulnerar los principios de "legalidad y actos reglados", al pretender "una reforma constitucional" siendo un "órgano manifiestamente incompetente" para abordarla.

Con ello, el primer acto de oposición institucional y la judicialización de la pugna, hasta ahora política y mediática, sobre el plan Ibarretxe no vendrá de fuera del País Vasco ni estará causada por el cuestionamiento del marco de relación con el Estado. Al contrario, proviene del seno mismo de la comunidad autónoma y está motivada por las consecuencias sobre el orden interno de la misma que la Diputación alavesa estima que se derivan del proyecto. Este hecho tiene una importancia de primera magnitud, dado el delicado equilibrio interno de poderes que tiene el País Vasco, muy costoso de hilar durante la transición y también con posterioridad, como se vio con motivo de la elaboración de la Ley de Territorios Históricos, que reparte las competencias internamente.

El Ejecutivo foral apoyará su acción en el artículo 47 del Estatuto de Gernika, que establece la obligatoriedad de consulta a las Juntas Generales cuando una modificación estatutaria pueda alterar los poderes internos del País Vasco, y también en el principio general del derecho que obliga a oír a cualquier afectado o interesado ante la realización de cualquier acto administrativo. "Y eso es así tanto en una reforma estatutaria como en la concesión de una licencia de obras", subrayó el diputado de Presidencia, el abogado y ex militante del PNV Javier Guevara, que está en la Diputación como independiente. La institución estima además que, bajo la apariencia de una reforma del Estatuto, se va a producir una derogación implícita del mismo y se pretende una reforma Constitucional, que el Gobierno vasco no tiene capacidad para proponer, lo que se califica de fraude de ley. El recurso no entrará en cuestiones ajenas al territorio alavés.

La Diputación se reunió de urgencia en domingo, para solemnizar su rechazo al proyecto de Ibarretxe, lo mismo que éste hizo el sábado para presentarlo. Tras la reunión, el diputado general de Álava, Ramón Rabanera, realizó una declaración institucional en la que, entre otras cosas, anunció la interposición del recurso y su intención de "ejercitar todas las acciones legales que el ordenamiento jurídico contempla, en defensa del reconocimiento y vigencia de los derechos forales del territorio histórico de Álava".

"El Consejo de Diputados", leyó Rabanera, "se ve obligado a actual con la mayor firmeza y la más absoluta determinación en defensa de los derechos que a Álava le corresponden por su historia y se le reconocen en la Disposición Adicional primera y Derogatoria segunda de la Constitución de 1978 y, por tanto, en defensa de su Régimen Foral actualizado en el Estatuto de Autonomía del País Vasco".

El acuerdo recuerda que la actualización del autogobierno vasco se hizo por un triple procedimiento: la revocación de la abolición de los fueros de 1839, el reconocimiento de los derechos -"inalienables e indisponibles"- que a los territorios históricos les correspondían en virtud de su historia y que "siguen siendo los pilares básicos del actual sistema de autogobierno", y con un ánimo de entendimiento para que todas las sensibilidades identitarias se sintieran incluidas en la autonomía común.

La propuesta del Gobierno vasco quiebra ese espíritu de acuerdo e "implica la ruptura unilateral del Acuerdo estatutario" y del orden constitucional del que procede, dijo Rabanera. El proyecto, acusó, se justifica en "supuestos hechos y antecedentes" que pertenecen más al ideario nacionalista que a un "examen riguroso y objetivo de nuestra historia".

La declaración señala también que "puede llegar a derivar en una derogación implícita de los regímenes forales de los territorios", que perderían la titularidad de los derechos históricos en favor de un "ente" (el Pueblo Vasco, depositario del patrimonio "histórico, cultural y social", en el proyecto de Ibarretxe) "al que se quiere reconocer carácter político y personalidad jurídica dotándolo de derechos originarios".

Por su parte, el pequeño partido foralista Unidad Alavesa presenta hoy una moción en las Juntas Generales para pedir que los alaveses puedan pronunciarse en un referéndum, con la autorización del Gobierno y las Cortes, en caso de aprobarse la propuesta del Gobierno vasco.