Fomento impone al 'Rainbow Warrior' la fianza máxima por abordar un barco

El Ministerio de Fomento ha respondido con dureza a la última protesta de Greenpeace y ha abierto un expediente sancionador a la ONG por abordar el 13 de julio frente al puerto de Valencia a un buque con madera tropical. El ministerio exige a la organización una fianza de 300.500 euros y mantiene inmovilizado su barco, el Rainbow Warrior, mientras no pague. El aval impuesto para "asegurar la eficacia de la resolución que recaiga" coincide con la cantidad máxima de sanción prevista para las infracciones muy graves contra la ordenación del tráfico marítimo en la Ley de Puertos del Estado ...

El Ministerio de Fomento ha respondido con dureza a la última protesta de Greenpeace y ha abierto un expediente sancionador a la ONG por abordar el 13 de julio frente al puerto de Valencia a un buque con madera tropical. El ministerio exige a la organización una fianza de 300.500 euros y mantiene inmovilizado su barco, el Rainbow Warrior, mientras no pague. El aval impuesto para "asegurar la eficacia de la resolución que recaiga" coincide con la cantidad máxima de sanción prevista para las infracciones muy graves contra la ordenación del tráfico marítimo en la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, según la notificación de inicio del procedimiento firmada el 16 de junio por el director general de la Marina Mercante, José Luis López-Sors.

"La medida no tiene precedentes y responde a una persecución política", recalca Greenpeace, que hoy presenta una campaña internacional para "liberar" al Rainbow Warrior. "Nuestra percepción es que no es un expediente administrativo, sino un castigo por la persistencia de nuestras denuncias contra la importación de madera de talas ilegales", recalca Juan López de Uralde, director ejecutivo de Greenpeace España. La ONG ya abordó un barco el año pasado en Sagunto, sin que fuera sancionada. La elevada fianza de Fomento, además, contrasta con los 630 euros en multas a que han sido condenados por un juzgado de Valencia los seis activistas detenidos por la protesta, acusados de faltas de desobediencia y coacciones.

La ONG inició el 29 de mayo una nueva campaña para denunciar la destrucción de bosques tropicales y la entrada por puertos españoles, entre los que destaca el de Valencia, de madera talada de forma ilegal en Suramérica, África y Asia. En la madrugada del 13 de junio, cinco ecologistas se encadenaron al buque Honour, procedente de Camerún, y pidieron sin éxito inspeccionar la carga. La Guardia Civil intervino a última hora y abordó el Rainbow Warrior tras ordenar que parara las máquinas, detuvo a su capitán, Joel Steward, y a los activistas encadenados. La ONG, que no logró revisar el Honour, elaboró un informe con datos recabados durante la descarga en el Puerto de Valencia, en el que identificó el tipo de madera y su procedencia, y siglas de al menos una empresa maderera "acusada y/o multada" por infringir las leyes en Camerún. Transcoma, empresa consignataria del Honour, afirma que el carguero llevaba "todas las certificaciones exigidas".

López de Uralde se entrevistó el martes con López-Sors sin resultado. "No pusimos en peligro la seguridad marítima y la fianza no tiene sentido, porque Greenpeace es una organización legal". López-Sors respondió que el barco es "extranjero", de la sección internacional de la ONG. Greenpeace alega también que no se les puede sancionar dos veces por lo mismo y exige "este rigor con los barcos basura".