El presidente de la Junta aboga ahora por eliminar las vacas de León "sin escándalo"

El permiso dado por la Junta de Castilla y León para cazar en la comarca de La Cabrera más de 250 vacas abandonadas en el monte, de las que ya se han abatido a tiros por cazadores del lugar unas 80 cabezas, ha desatado un rosario de críticas. Pancho Purroy, catedrático de zoología de la Universidad de León y miembro del comité científico de la asociación SEO Bird-life, exigió ayer la paralización de la cacería que se prevé continúe este fin de semana. El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, abogó ayer por matar a las reses "de forma racional y sin ningún tipo de escándalo".

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El permiso dado por la Junta de Castilla y León para cazar en la comarca de La Cabrera más de 250 vacas abandonadas en el monte, de las que ya se han abatido a tiros por cazadores del lugar unas 80 cabezas, ha desatado un rosario de críticas. Pancho Purroy, catedrático de zoología de la Universidad de León y miembro del comité científico de la asociación SEO Bird-life, exigió ayer la paralización de la cacería que se prevé continúe este fin de semana. El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, abogó ayer por matar a las reses "de forma racional y sin ningún tipo de escándalo".

Pancho Purroy calificó la cacería, en la que las vacas fueron perseguidas, tiroteadas y tiradas malheridas por las laderas del monte, como "una falta grave de decencia ambiental". El catedrático de zoología añadió: "Pueden ser controladas por otros métodos. Esto no tiene ni pies ni cabeza. Estos animales no son cimarrones ni asilvestrados, es sólo ganado suelto en el monte". A su juicio y al de otros biólogos de León, quien haya dado la orden es "un irresponsable". "Es una tarea insensata e ilegal", dijo Purroy. En su opinión, las vacas abandonadas de La Cabrera "no representan ningún peligro y se mantienen en el monte como el resto de las vacas que pastan junto a ellas. "No tienen recelo frente al hombre, ni reacciones de huida".

En un comunicado, la delegación territorial de la Junta en León califica a las vacas perseguidas como animales domésticos peligrosos y asilvestrados, y dice que pueden ser abatidas en las condiciones aplicadas "por razones sanitarias, de daños o de equilibrio ecológico". El comunicado resalta al respecto que "los animales no identificados no pueden tener otro destino que su destrucción, no pudiendo destinarse su carne al consumo humano".

Como colofón, la Junta sostiene que no se puede aplicar la normativa europea sobre protección de animales en el momento de su sacrificio -normativa que aconseja aturdir previamente a las reses-, "ya que hace referencia únicamente a los sacrificios que se realizan para obtener algún tipo de aprovechamiento, circunstancia que no se da en este caso". El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, abogó ayer por eliminar a los animales "de forma racional, sin ningún tipo de escándalo y sin herir la sensibilidad de nadie". Ayer tarde, la Junta manejaba la posibilidad de paralizar el permiso para la cacería. El consejero de Agricultura, José Valín, se encontraba en Bruselas, y la consejera de Medio Ambiente, Silvia Clemente, prefirió no hacer declaraciones. Ambos departamentos comparten la responsabilidad del permiso.

Petición de alternativas

La eurodiputada socialista María Ramos denunció ayer los hechos ante la UE. El grupo de los socialistas en Castilla y León solicitaron la comparecencia del presidente de la Junta para explicar los métodos empleados en La Cabrera, los motivos y las posibles alternativas a la práctica denunciada. Por su parte, la diputada Amparo Valcarce pidió la comparecencia de la ministra de Medio Ambiente a la que conminó a "dar un ejemplo de sensibilidad y parar la matanza".

La Asociación Nacional para la Protección y Bienestar de los Animales ha denunciado ante el comisario de Sanidad y Protección de los consumidores lo que califica de "brutal matanza". En opinión de esta asociación es preceptivo incluir el aturdimiento previo de las reses, aunque lo mejor es arbitrar otros métodos para controlar las vacas.

Los vecinos del lugar conminaron a la Junta en varias ocasiones desde hace meses para que solucionara el problema de estas reses sin dueño. Un primer intento para introducirlas en un redil no fructificó por lo que el gobierno regional optó por utilizar el método cinegético, criticado por numerosos colectivos sociales.

Mila Sanz de Galdeano, presidenta de la Asociación Nacional para la Defensa de los Animales (ANDA), presentó ayer una denuncia de lo que calificó de "disparate" ante la Junta de Castilla y León y el Ministerio de Agricultura. Sanz de Galdeano señaló que las autoridades de Castilla y León no sólo "han violado el Real Decreto 54/1995, que traspone una directiva europea de 1993, en el que se indica que el sacrificio de los animales se realizará en matadero con aturdimiento previo", sino que "esta chapuza se ha cometido en presencia de la Guardia Civil de Seprona", informa Cruz Blanco.