Hacia un bilingüismo asimétrico
No pocas veces se ha subrayado que la Ley de Normalización del Uso del Euskera fue aprobada con un consenso casi total por el Parlamento vasco hace veinte años. Incluso el apartado recurrido ante el Tribunal Constitucional fue revalidado por éste. Ha sido costumbre generalizada poner como ejemplo el consenso que acompañó a la aprobación de esta ley en el Parlamento, así como extraer de ese respaldo la doctrina de que todo lo concerniente al euskera debiera quedar fuera del debate político, en la medida en que este debate está dominado, de forma legítima, por intereses partidarios.
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No pocas veces se ha subrayado que la Ley de Normalización del Uso del Euskera fue aprobada con un consenso casi total por el Parlamento vasco hace veinte años. Incluso el apartado recurrido ante el Tribunal Constitucional fue revalidado por éste. Ha sido costumbre generalizada poner como ejemplo el consenso que acompañó a la aprobación de esta ley en el Parlamento, así como extraer de ese respaldo la doctrina de que todo lo concerniente al euskera debiera quedar fuera del debate político, en la medida en que este debate está dominado, de forma legítima, por intereses partidarios.
Sin negar la mayor, convendría apuntar algunas matizaciones de importancia. Es cierto que hubo consenso hace veinte años. Igualmente cierto es que hoy, con el mismo contenido y con el mismo articulado, la misma ley no obtendría el consenso que tuvo en su día. En parte, porque en su día no era fácil plantear una oposición al contenido de la Ley de Normalización del Uso del Euskera. En parte, porque la oposición que, probablemene, en aquel tiempo existir sí existía, no se formulaba, quedaba latente, no encontraba ni ambiente ni forma de articularse.
Tampoco la consecuencia extraída, y que se refleja en la exigencia de que todo lo referente al euskera debiera quedar fuera del debate político partidista, puede permanecer fuera de cualquier matización. Lo referente al euskera, los principios básicos sobre los que se asienta la política lingüística en Euskadi, son elementos afectos a la misma definición de la sociedad vasca, y por lo tanto, eminentemente políticos, sujetos al debate entre los partidos, entre las distintas formas de entender la sociedad vasca.
Mientras en esta sociedad no exista un consenso institucionalizado y legitimado por la gran mayoría acerca de los mínimos compartidos por todos, el euskera estará sujeto al debate político; todo lo referente al euskera será político por excelencia. Y la constatación de que hoy no se daría el consenso de hace veinte años es fiel reflejo de la falta de consensos básicos en lo que afecta a las normas básicas de convivencia válidas para la sociedad vasca.
Acompañando a la Ley de Normalización del Uso del Euskera nace el Consejo Asesor del Euskera, que elabora una criteriología como base de toda la política lingüística a llevar a cabo por las administraciones vascas. En dichos criterios estaban claramente expresados los principios de asentar el corpus de vascoparlantes y avanzar a partir de ese núcleo, con lo que implica de cuidado de las formas tradicionales del euskera, con lo que significa de tener en cuenta los aspectos relacionados con los cambios sicosociales implicados en toda política lingüística, con el corolario de caminar con cautela, sin rupturas, sin saltos en el vacío, manteniendo la riqueza interna y el atractivo expresivo de la lengua.
Circunstancias de todo tipo -algunas muy importantes, ninguna indeludible- empujaron a la juridificación de la política lingüistica, y a la concepción de la misma en parámetros de ingeniería social. Ello ha llevado a una política lingüística asentada en criterios y en parámetros cuantitativos, alejada de la sensibilidad para con la calidad de los procesos cualitativos que caracterizan a todo proceso sicosocial. La consecuencia se encuentra en la constatación, llena de impotencia, que indica que el verdadero problema clave de la política lingüística es que la distancia entre el aumento del conocimiento del euskera por parte de las nuevas generaciones y el crecimiento del uso del euskera conocido no se reduzca, sino que vaya ampliándose.
Esa constatación debiera servir para revisar las bases sobre las que está asentada en la práctica la política lingüística, para revisar sobre todo la legitimidad democrática de la voluntad de normalizar el uso del euskera desde la actuación directa de las administraciones públicas. Y también para preguntarnos si la finalidad de la política lingüística no debiera radicar en la búsqueda de una sociedad de bilingüismo asimétrico -no de bilingüismo perfecto individual, como lo es el fin teórico actual-, y en contra del fin no confesado, pero activo, de conseguir una sociedad mayoritariamente monolingüe en euskera.
Joseba Arregi es ex consejero de Cultura del Gobierno vasco.