El 24% de las entidades que tienen objetores de conciencia ven peligrar sus servicios

El estudio, realizado por la Fundación Autónoma Solidaria, dependiente de la Universidad Autónoma de Barcelona, se basa en 936 encuestas personales y telefónicas a responsables, objetores y beneficiarios de una muestra de 136 entidades representativas de las 7.400 que utilizan objetores. El resultado más llamativo es que una de cada cuatro entidades públicas y privadas consultadas es pesimista y cree que tendrá que suprimir los servicios de atención personalizada si no se encuentra la fórmula para sustituir a los objetores.

Jordi Tolrà, director del estudio, distingue las plazas para ob...

El estudio, realizado por la Fundación Autónoma Solidaria, dependiente de la Universidad Autónoma de Barcelona, se basa en 936 encuestas personales y telefónicas a responsables, objetores y beneficiarios de una muestra de 136 entidades representativas de las 7.400 que utilizan objetores. El resultado más llamativo es que una de cada cuatro entidades públicas y privadas consultadas es pesimista y cree que tendrá que suprimir los servicios de atención personalizada si no se encuentra la fórmula para sustituir a los objetores.

Jordi Tolrà, director del estudio, distingue las plazas para objetores en tres grandes tipologías. El primer grupo corresponde a aquellos puestos creados por las administraciones, sobre todo a partir de 1994. 'Si estas plazas no se cubren no pasará nada, puesto que no realizaban ninguna tarea imprescindible', comenta Tolrà. En un segundo grupo están las entidades que crearon plazas para aquéllos de sus jóvenes socios que querían librarse del servicio militar. Tampoco estas organizaciones tendrán ningún problema, puesto que las plazas representaban más un servicio a los propios socios que un servicio social a la comunidad.

Pero un tercer grupo de entidades -el mayoritario- sí puede encontrarse con graves problemas. Ahí se encuentran aquellas asociaciones o grupos de ayuda a colectivos desfavorecidos que crecieron o ampliaron sus servicios basando su acción en el trabajo prestado por los objetores. Los objetores de conciencia suelen realizar allí labores de atención personalizada a colectivos desfavorecidos específicos.

Tamaño crítico

El tamaño de las ONG parece decisivo para la capacidad de encajar el final de la prestación social sustitutoria: las organizaciones más grandes cuentan con más recursos para ser previsoras, y han ido tomando sus precauciones para adaptarse a la falta de objetores de conciencia.

En las carreteras españolas el automovilista tenía siempre garantizados el toro de Osborne, la Guardia Civil y la Cruz Roja. La presencia de esta última, sin objetores, va a disminuir. Cruz Roja es la principal organización humanitaria, con 632.000 socios y 140.000 voluntarios. 'Ahora tenemos los últimos 5.000 objetores', dice Antoni Bruel, coordinador de Cruz Roja. 'Hemos ido adaptándonos a lo largo de 10 años a su desaparición. Pero estaban dispersos en unos 900 puntos, con lo cual todo ha sido más fácil'.

'Nadie va a quedar sin atención', asegura Bruel. 'El transporte de enfermos por carretera, según el nuevo marco legal, se efectúa cada vez más por empresas privadas a las que las Administraciones contratan con canon fijo. Nosotros tenemos que volcarnos más al socorro, a la prevención, a la emergencia, al salvamento marítimo'. Cruz Roja confía en el voluntariado. 'Sólo el 20% de nuestros voluntarios menores de 30 años son objetores. En España, al contrario que en otros países europeos, el número de voluntarios no es problema, ni para nosotros ni para las ONG'.

También en Cáritas están lejos de sentirse agobiados. 'Tenemos 57.000 voluntarios', dice Juan José López, responsable de objeción de conciencia en la entidad, donde unos 300 objetores repartidos en diferentes diócesis 'realizan trabajos de acompañamiento a excluidos y de apoyo administrativo', explica.

Las ONG pequeñas, sin embargo, no ocultan el resquemor. 'Somos unos 600 voluntarios, casi todos jubilados, y tenemos unos 100 objetores, que realizan tareas de almacenamiento porque ellos no tienen problemas de cervicales o de lumbares', explica Mariano Monter, vicepresidente de la Fundación de Bancos de Alimentos. 'El problema es grave para entidades como la nuestra. Confiamos en la promesa del Ministerio de Justicia de una especie de voluntariado civil, incentivado de algún modo'.

Reducir almacenes

La reducción de almacenes ha salvado de esa situación a Farmacéuticos Mundi. 'Llegamos a tener 200 objetores para siete almacenes provinciales, pero ahora sólo contamos con almacenes de residuos farmacéuticos en Canarias y Cataluña, por acuerdos con esas administraciones', explica Eugenia García, de dicha ONG. 'Por tanto, hemos ido reduciendo plazas de objetores'.

Tolrà, por su parte, pone a la propia Universidad Autónoma de Barcelona como un ejemplo pionero en la sustitución de los objetores por voluntarios y profesionales. Esta universidad tenía, hace tres años, un total de 100 plazas para objetores de conciencia. La mayor parte de estas plazas servían para realizar servicios de acompañamiento a estudiantes con minusvalías, para promocionar hábitos más saludables o para atender a estudiantes de cualquier universidad que se encontraban en la prisión. En los últimos dos años se han suprimido las 100 plazas, pero se ha logrado mantener todos los servicios gracias al creciente número de voluntarios, y se han creado una docena de puestos de trabajo remunerados con la función de coordinar el cuerpo de voluntarios de la universidad.

El estudio dirigido por Tolrà concluye que la prestación social sustitutoria ha cubierto -o creado- 'una serie de realidades o necesidades que, una vez finalizada ésta, habrán de ser atendidas mediante otros mecanismos, puesto que generarán una demanda social propia'. Y sugiere: 'La profesionalización del servicio, el voluntariado, o algún tipo de Servicio Civil son algunas de las principales alternativas que se deberán barajar'.

Los responsables de las entidades que se sometieron a la encuesta tienen distintas preferencias respecto a esas alternativas. El 60% cree que deben ser las asociaciones de voluntariado las que asuman el protagonismo. El 34% opina que debe ser la Administración pública la que tome el relevo, particularmente en los programas que llevan a cabo los municipios y la comunidades autónomas. Y otro 20% (las alternativas no son excluyentes) cree que será preciso contratar personal.

Sea como sea, casi todos los encuestados creen que los servicios deberán seguir prestándose.