Las cementeras se ofrecen para destruir las 400.000 toneladas de harinas cárnicas

La prohibición de las harinas animales implica que las 90 empresas que se dedican a su fabricación en España deberán encontrar un cliente que se ocupe de destruir las 400.000 toneladas anuales de ese producto que hasta ahora se utilizaban para elaborar piensos de engorde rápido. Si la Administración es ese cliente, deberá construir decenas de incineradoras a un coste de 2.000 millones cada una. Pero desde ayer hay otra opción: las cementeras españolas pueden incinerar todo ese material en la mitad de sus 39 fábricas. Todo lo que piden es 6.000 millones de pesetas para adaptar sus plantas.
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La prohibición de las harinas animales implica que las 90 empresas que se dedican a su fabricación en España deberán encontrar un cliente que se ocupe de destruir las 400.000 toneladas anuales de ese producto que hasta ahora se utilizaban para elaborar piensos de engorde rápido. Si la Administración es ese cliente, deberá construir decenas de incineradoras a un coste de 2.000 millones cada una. Pero desde ayer hay otra opción: las cementeras españolas pueden incinerar todo ese material en la mitad de sus 39 fábricas. Todo lo que piden es 6.000 millones de pesetas para adaptar sus plantas.

Los priones, agentes causales de la enfermedad de las vacas locas, se destruyen a 800 grados centígrados. La totalidad de las proteínas y otros residuos biológicos quedan destruidos a 1.300 grados. Las cementeras usan rutinariamente temperaturas de unos 2.000 grados. Estas empresas pueden utilizar las harinas procedentes de los residuos de vacuno como combustible, y también pueden reciclar sus cenizas para incorporarlas al cemento en forma de compuestos de calcio, fósforo, cloro y nitrógeno. El proceso no emite dioxinas al medio ambiente ni supone ningún riesgo para la salud.Las empresas de este sector necesitan 6.000 millones de pesetas para readaptar sus plantas. La razón es que sus combustibles actuales consisten en fuel, carbón y un derivado del petróleo (coke). La utilización de las harinas cárnicas como combustibles requiere modificaciones de las instalaciones, que requerirán varios meses y que cuestan entre 300 y 400 millones por planta. Cada planta puede incinerar 20.000 o 30.000 toneladas de harinas al año. Habría que modificar 18 o 20 plantas: total, unos 6.000 millones de pesetas.

El portavoz de la patronal de las cementeras (Oficemen), Rafael Fernández Sánchez, explica que su oferta no implica inmediatamente la solución para las 90 empresas que actualmente se dedican a transformar los residuos vacunos en harinas cárnicas. La razón es que esas empresas venden ahora sus harinas a 40 pesetas el kilo. Y, por supuesto, las cementeras no están dispuestas a pagar ni una peseta por ellas: si acaso, tendrán que cobrar por hacerse cargo de esa materia prima. Pero la Administración puede asumir esos costes a cambio de ahorrarse decenas de miles de millones en la construcción de incineradoras. A la larga, el coste de la destrucción de los residuos repercutirá en el consumidor. Es el precio de comer una carne segura para la salud.

Francia, Suiza y Bélgica ya utilizan (o se disponen a utilizar) a sus cementeras para destruir los residuos vacunos. Los residuos de animales enfermos no serían usados de esta forma.

El ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete y las consejeros autonómicos del ramo se dieron ayer en Madrid un respiro y acordaron aplazar una semana la presentación de los planes regionales de eliminación de los materiales específicos de riesgo (MER), los cadáveres vacunos y las harinas cárnicas. Como contrapartida, en la reunión se firmó un convenio de colaboración para el control y prevención de la encefalopatía espongiforme bovina (EEB) que supondrá un desembolso de 2.480 millones de pesetas por parte del Gobierno. Este dinero se destinará a la compra de los test prionics de detección rápida de la enfermedad (unas 540.000 pruebas) y a financiar al 50% la adecuación de los laboratorios regionales (el resto correrá a cargo de las comunidades). Como ya adelantó el Gobierno, los test se efectuarán a todas las reses de más de 24 meses que se sacrifiquen en España a partir del próximo 1 de enero. La primera partida de estas pruebas, unas 20.000, se destinarán a Galicia, donde se han detectado los dos únicos casos de reses españolas afectadas por el mal. Otras 100.000 irán a Castilla-León y 30.000 a Cataluña.