El Gobierno destinará 2.600 millones a contratar técnicos para lograr la inserción de marginados
La orientación de la lucha contra la pobreza y la marginación en Euskadi va a experimentar un giro en los próximos meses si cuajan las iniciativas del Gobierno, que pretende pasar de la política proteccionista, donde los marginados y las personas con menos recursos se limitan a recibir el salario social, a una política más activa, con la inserción laboral y social como horizonte. Para plasmar este cambio, el Gobierno ha elaborado el Plan Vasco de Inserción, que prevé un desembolso de 2.660 millones hasta 2003 para contratar técnicos especializados.
Este personal, que reforzará los servi...
La orientación de la lucha contra la pobreza y la marginación en Euskadi va a experimentar un giro en los próximos meses si cuajan las iniciativas del Gobierno, que pretende pasar de la política proteccionista, donde los marginados y las personas con menos recursos se limitan a recibir el salario social, a una política más activa, con la inserción laboral y social como horizonte. Para plasmar este cambio, el Gobierno ha elaborado el Plan Vasco de Inserción, que prevé un desembolso de 2.660 millones hasta 2003 para contratar técnicos especializados.
Itinerario personalizado
Este personal, que reforzará los servicios sociales de los ayuntamientos, será el encargado de definir y desarrollar los convenios de inserción, piedra angular de la nueva política contra la exclusión social diseñada por el Departamento de Justicia, Trabajo y Seguridad Social, dirigido por Sabin Intxaurraga, y que ya están en marcha. Los convenios condicionan la concesión y mantenimiento de las ayudas sociales, como el Ingreso Mínimo de Inserción (IMI) a que sus beneficiarios demuestren que realizan esfuerzos activos para salir de su situación, ya sea buscando trabajo o participando en los cursos de formación que les propongan las instituciones. El documento elaborado por el Ejecutivo para distribuir las ayudas reconoce que el número de profesionales que trabaja en los servicios sociales es todavía escaso en general y "muy insuficiente" en determinados lugares.
Contrastada esta insuficiencia, sobre todo en las áreas urbanas más pobladas de la comunidad autónoma, el Gobierno resalta que la mayor parte de la actividad de los trabajadores sociales se dedica a la gestión de los diversos programas que les han sido encomendados, por lo que es "escaso" el tiempo de que disponen para el seguimiento de los convenios.
El objetivo del programa de ayudas es ampliar la plantilla de trabajadores sociales de los ayuntamientos hasta alcanzar un ratio de uno por cada 5.000 habitantes dentro de tres años, una media similar a la que existe en los países europeos con mejores prestaciones de tipo social. De esta forma facilitaría fundamentalmente la gestión de los convenios y de los nuevos programas de inserción. En la actualidad, la provincia que más se acerca a ese nivel de un trabajador por cada 5.000 habitantes es Guipúzcoa, con 6.000 usuarios potenciales por cada asistente. Mientras, en Álava se sitúa en casi 6.900 ciudadanos por cada asistente y Vizcaya, tiene la peor relación, con 9.800. Además, en su programa de ayuda el departamento también contempla la ampliación de la plantilla de administrativos de los servicios sociales para liberar a los asistentes del trabajo burocrático que a menudo tienen que realizar, lo que les impide dedicarse de lleno a su verdadera labor.
La viceconsejera de Asuntos Sociales, María Ángeles Iztueta, destaca que a pesar de que la competencia en esta materia de recursos humanos no corresponde al Gobierno de manera permanente, la situación actual de los propios servicios sociales, a los que se requiere la gestión de los diferentes programas que se están poniendo en marcha, exige una actuación económica concreta en este momento. Iztueta recuerda que la nueva política social del Ejecutivo se centra en complementar las prestaciones económicas con iniciativas más activas. "Además de darles dinero, que es lo mínimo, a cada perceptor del IMI se le trazará un itinerario personalizado de inserción", señala. Así, al actual beneficiario de las ayudas se le propone que no se limite a recibir un dinero, sino que a través de diversos programas (recogidos en el marco del convenio de inserción) intente su inserción laboral y social. La primera medida consiste en los estímulos al empleo, es decir, que los beneficiarios del IMI pueden compatibilizar las rentas del trabajo con esta prestación (que ahora es de 50.815 pesetas) en un determinado porcentaje, lo que les permitirá incrementar su nivel de ingresos. El objetivo es estimular la búsqueda de empleo entre las personas que se encuentren en riesgo de exclusión social.
La segunda medida es el programa Auzolan, que se aprobó el mes pasado, y que permitirá que perceptores del salario social y parados de larga duración mayores de 45 años se inserten temporalmente en el mercado laboral a través de la realización de trabajos en beneficio de la comunidad que no están reglados ni normalizados en el mercado de trabajo. El ejemplo más significativo es el acompañamiento de ancianos que no tienen ningún tipo de apoyo familiar. Se trata de un trabajo que no está regulado como tal en el mercado laboral.
El tercer escalón es el trabajo en empresas de inserción. El departamento está regulando en estos momentos este sector, especificando qué tipo de empresas se pueden acoger a ayudas fiscales en función de los trabajadores que contraten que estén en riesgo de exclusión social. Las más abundantes son las que ofrecen trabajo específico para minusválidos. Tanto en el caso de Auzolan como en el de estas empresas, las personas que reciban el Ingreso Mínimo de Inserción y se acojan a estas iniciativas serán seguidas de manera personalizada por un técnico de inserción, que hará las veces de tutor.