El Parlamento insta al Gobierno a que respalde en la contratación pública la reducción de jornada
El pleno monográfico sobre el empleo que celebró ayer el Parlamento vasco estuvo marcado por el desencuentro entre la patronal, Confebask, y el Gobierno (PNV y EA) y su socio parlamentario, EH. La Cámara de Vitoria instó al Ejecutivo, en una resolución apoyada por los tres grupos nacionalistas, a que tenga en cuenta en la contratación y en las concesiones públicas cuatro criterios: reducción de jornada, reducción de horas extras, prevención de riesgos laborales y contratación de discapacitados. Confebask expresó su completa disconformidad y recalcó que, en caso de desarrollarse normativa...
El pleno monográfico sobre el empleo que celebró ayer el Parlamento vasco estuvo marcado por el desencuentro entre la patronal, Confebask, y el Gobierno (PNV y EA) y su socio parlamentario, EH. La Cámara de Vitoria instó al Ejecutivo, en una resolución apoyada por los tres grupos nacionalistas, a que tenga en cuenta en la contratación y en las concesiones públicas cuatro criterios: reducción de jornada, reducción de horas extras, prevención de riesgos laborales y contratación de discapacitados. Confebask expresó su completa disconformidad y recalcó que, en caso de desarrollarse normativamente, ello vulneraría la legislación sobre libre competencia de la Unión Europea.
La iniciativa nacionalista de introducir nuevos criterios en la contratación por parte de la Administración y en las concesiones públicas resultó además completada con una resolución aprobada a iniciativa de los socialistas. La propuesta del PSE de crear un certificado de calidad sociolaboral que distinga a las empresas que cumplan las normas laborales y, además, mejoren la calidad y la seguridad del empleo introdujo un nuevo criterio a tener en cuenta en las contrataciones públicas, el propio certificado.Ante este panorama ayer mismo, y poco después de conocer la propuesta, la patronal, a través de su secretario general, José Guillermo Zubía, transmitió a los grupos parlamentarios y al propio Gobierno su total disconformidad con la propuesta. Zubía considera que si esta resolución se desarrolla legislativamente hasta sus últimas consecuencias se podría caer en una vulneración de las normas de la Unión Europea sobre libre competencia y de los principios básicos establecidos en la ley para la contratación administrativa (transparencia, publicidad, etcétera).
Plan Interinstitucional
Más allá de esta nueva vía de discrepancias entre el Gobierno y la patronal, el pleno estuvo marcado por el Plan Interinstitucional de Empleo (Gobierno vasco, diputaciones y ayuntamientos) que el departamento de Sabin Intxaurraga quiere llevar al Parlamento el próximo mayo. Los tres grupos nacionalistas consensuaron una propuesta de resolución que recoge unas líneas de actuación del plan e insta al Gobierno a que éste salga adelante. La iniciativa aprobada busca, en líneas generales, el apoyo a los colectivos más débiles respecto al empleo y a las comarcas o municipios con tasas de paro superiores a la media de Euskadi, que se sitúa en torno a un 15%.
En esta línea, y pese a no incluirse en la resolución, Intxaurraga defendió la necesidad de aplicar medidas para reducir las cargas sociales a los sueldos más bajos. Su idea es que las diputaciones, las que tienen las competencias fiscales, rebajen los tipos impositivos a estos sueldos. Intxaurraga defendió la necesidad de rebajar el IVA, tal y como prevén las directivas europeas y ha anucniado el Gobierno central que va a hacer, a aquellos sectores intensivos en mano de obra como medida para mejorar la contratación y hacer florecer la economía sumergida.
El Plan Interinstitucional recoge también como novedad la apertura de una ventanilla única para todo lo relacionado con el empleo. Esta iniciativa entraría además en Internet.
El pleno estuvo dividido en dos fases: la mañana, presidida por el discurso del consejero de Justicia, Trabajo y Seguridad Social, fue directamente la del enfrentamiento. El bloque nacionalista (PNV, EA y EH) se mostró de acuerdo con las tesis del Gobierno y el no nacionalista (PSE-EE, PP, IU e UA) defendió que el Ejecutivo carece de una política real de empleo. Tras la comida llegó la calma y con ella los acuerdos. Todos los grupos, salvo Unidad Alavesa, que fue especialmente beligerante con Sabin Intxaurraga, y el PP, lograron que se aprobara alguna de sus propuestas de resolución.
Entre las resoluciones más importantes de las aprobadas destaca la petición al Gobierno central de que transfiera las competencias en materia de empleo, Seguridad Social y formación, todo ello con el objetivo de potenciar el marco vasco de relaciones laborales. En la demanda a la Administración central se incluye la petición de la Inspección de Trabajo y se anuncia la creación de una Comisión de Inspección Laboral en Euskadi especializada en prevenir accidentes laborales.
Intxaurraga, quien se mostró contento por el consenso logrado en la Cámara, defendió también la necesidad de profundizar en las políticas de reparto del trabajo y aplicar el acuerdo del empleo firmado en el seno del Consejo de Relaciones Laborales, para el que dijo que habrá suficientes fondos públicos. El consejero, que compartía esta tesis con una gran mayoría del Paralemento, hizo un llamamiento a los empresarios y a los trabajadores para que utilicen el decreto de renovación de plantillas y lleguen a acuerdos sobre la jornada de trabajo. En este sentido, mostró su voluntad de generar un clima de relaciones laborales que propicie el consenso. "Así lo he hecho respecto a los contratos de sustitución y relevo, y así espero hacerlo cuando se produzca un acuerdo en torno a la reducción del tiempo de trabajo", señaló Intxaurraga.