Abortos

MIGUEL ÁNGEL VILLENA Cuentan que el conde de Romanones solía despreciar el trabajo de los parlamentarios con aquella famosa sentencia de "hagan ustedes las leyes que yo haré los reglamentos". Probablemente la mayoría de médicos valencianos de la sanidad pública, que alega objeción de conciencia para no practicar abortos, desconozca la existencia de esta frase histórica. Pero lo que no cabe duda es de que, amparados en esa posibilidad reglamentaria, han convertido en inviable una ley de interrupción del embarazo, ya de por sí mojigata y limitada. Sólo uno de los 5.198 abortos practicados en 19...

MIGUEL ÁNGEL VILLENA Cuentan que el conde de Romanones solía despreciar el trabajo de los parlamentarios con aquella famosa sentencia de "hagan ustedes las leyes que yo haré los reglamentos". Probablemente la mayoría de médicos valencianos de la sanidad pública, que alega objeción de conciencia para no practicar abortos, desconozca la existencia de esta frase histórica. Pero lo que no cabe duda es de que, amparados en esa posibilidad reglamentaria, han convertido en inviable una ley de interrupción del embarazo, ya de por sí mojigata y limitada. Sólo uno de los 5.198 abortos practicados en 1998 en la Comunidad Valenciana tuvo lugar en un hospital público. La estremecedora cifra, de cara a los derechos de las mujeres, devuelve la polémica sobre el aborto al túnel del tiempo de la dictadura con su letanía de operaciones en Londres, ginecólogos progresistas entre rejas e irrupciones policiales en los centros de planificación familiar. De los rituales en torno al debate únicamente se echan de menos las manifestaciones y las protestas en otro signo inequívoco de la anestesia social que han aplicado con éxito los gobernantes. Y ya que hablamos de túneles del tiempo, las reivindicaciones de igualdad de las pescadoras de El Palmar recuerdan aquellos tiempos en que todavía se discutía si las mujeres tenían alma, es decir derechos, o habían de conformarse con ser la costilla de Adán. Porque más allá de los encendidos debates sobre las cuotas de participación de las mujeres en cargos públicos, de las continuas denuncias por discriminaciones salariales y del espectáculo sangriento de las violencias domésticas, lo bien cierto es que la igualdad legal no equivale en modo alguno a igualdad de oportunidades. Nuevas generaciones de mujeres, ya nacidas en democracia, comprueban cada día que las leyes devienen papel mojado a la hora de abortar en un centro público, de recibir el mismo sueldo que los hombres por idéntico trabajo o de aspirar a un puesto de responsabilidad. Por eso, el movimiento feminista siempre ha sabido que los reglamentos eran más importantes que las propias leyes.