Un juez de EE UU ordena indemnizar a anticastristas con fondos retenidos a Cuba
Un juez federal estadounidense dictaminó ayer que el dinero que las compañías telefónicas de ese país deben a Cuba sea utilizado para indemnizar a los familiares de las víctimas de dos avionetas derribadas por aviones cubanos. Esta decisión podría llevar a Cuba a suspender totalmente las comunicaciones telefónicas con Estados Unidos, tras un intento el mes pasado que pudo ser burlado por las compañías telefónicas estadounidenses por medio de terceros países.
El juez James Lawrence King ordenó que más de 6,2 millones de dólares (unos 930 millones de pesetas) que cinco empresas telefónica...
Un juez federal estadounidense dictaminó ayer que el dinero que las compañías telefónicas de ese país deben a Cuba sea utilizado para indemnizar a los familiares de las víctimas de dos avionetas derribadas por aviones cubanos. Esta decisión podría llevar a Cuba a suspender totalmente las comunicaciones telefónicas con Estados Unidos, tras un intento el mes pasado que pudo ser burlado por las compañías telefónicas estadounidenses por medio de terceros países.
El juez James Lawrence King ordenó que más de 6,2 millones de dólares (unos 930 millones de pesetas) que cinco empresas telefónicas deben por el servicio de llamadas directas entre Estados Unidos y Cuba, sean destinados a pagar una indemnización de 187,6 millones de dólares. King ratificó también una orden suya anterior: que los 178 millones de dólares que pertenecen al Estado cubano, y que están embargados en bancos estadounidenses, sean utilizados también en favor de los familiares de las víctimas del ataque.Cuatro miembros de la organización anticastrista Hermanos al Rescate murieron, el 24 de febrero de 1996, al ser derribadas sus avionetas por cazas cubanos en el estrecho de Florida. "Ha sido una alegría, han logrado sentar a Cuba en el banquillo de los acusados. Yo sabía que después de 40 años íbamos a lograr una verdadera justicia", expresó Nelson Morales, hermano de una de las víctimas, Pablo Morales. Según el fallo de King, los familiares de tres de los pilotos de Hermanos al Rescate podrán cobrar, entre otros, 4,1 millones de dólares de ATT y 1,05 millones de MCI International Incorporated. En octubre de 1997, el juez King había concedido a los familiares la indemnización de 187,6 millones de dólares al concluir que Armando Alejandro, Carlos Alberto Costa y Mario Manuel de la Peña tripulantes de las avionetas de Hermanos al Rescate fueron "asesinados" por los aviones cubanos en aguas internacionales.
Excluido de la demanda
La familia de Pablo Morales, quien también murió en el ataque, no fue incluida en la demanda porque no era ciudadano estadounidense. Ante la falta de los pagos correspondientes al último trimestre de 1998, el Gobierno cubano suspendió el pasado 25 de febrero los servicios telefónicos que las compañías ATT, MCI, LDDS, IDB y Wiltel prestan a la isla. Sólo Sprint y TLDI, con sede en Puerto Rico, no se han visto afectadas porque habían pagado antes de que el juez King congelara los fondos de todas las empresas destinados a la empresa de Telecomunicaciones de Cuba, SA (ETECSA), de capital cubano-italiano. Tras el corte de las comunicaciones, varias compañías estadounidenses afectadas, como ATT, pudieron burlar el bloqueo telefónico impuesto por La Habana al desviar las llamadas telefónicas a la isla mediante terceros países, concretamente a través de Canadá, México y España.
Grupos del exilio en Miami aplaudieron ayer la decisión del juez King "como un acto de justicia", pero temen que Cuba endurezca su posición y logre cortar totalmente las comunicaciones desde Estados Unidos a la isla. Las llamadas son hechas en su mayoría por los exiliados a sus familiares en Cuba. Este país recibe unos 75 millones de dólares anuales de las compañías estadounidenses que tienen autorización desde 1992 para hacer negocios con la isla, según lo previsto en la Ley de la Democracia Cubana, conocida como Ley Torricelli.
El Departamento de Justicia había instado al juez King a impedir que se ejecutara la demanda, ante el ultimátum del régimen de Fidel Castro de suspender las comunicaciones telefónicas, alegando que era necesario el contacto directo con la isla.