Bruselas mantiene la intervención y descarta el arranque obligatorio de viñedo
La Comisión de la Unión Europea ha dado luz verde a una propuesta para la reforma de la Organización Común de Mercado (OCM) para la vid y el vino que recoge una buena parte de las reivindicaciones planteadas hace cuatro años por el sector vitivinícola español. Bruselas descarta los arranques obligatorios de viñedos. Mantiene entregas voluntarias y una destilación de crisis para la regulación del mercado,aunque a última hora ha recortado los niveles de gastos para este tipo de operaciones. Contempla la aportación de recursos comunitarios para la reconversión varietal de viñedos y aumenta el pre...
La Comisión de la Unión Europea ha dado luz verde a una propuesta para la reforma de la Organización Común de Mercado (OCM) para la vid y el vino que recoge una buena parte de las reivindicaciones planteadas hace cuatro años por el sector vitivinícola español. Bruselas descarta los arranques obligatorios de viñedos. Mantiene entregas voluntarias y una destilación de crisis para la regulación del mercado,aunque a última hora ha recortado los niveles de gastos para este tipo de operaciones. Contempla la aportación de recursos comunitarios para la reconversión varietal de viñedos y aumenta el presupuesto comunitario para el sector. En la parte negativa, mantiene la posibilidad del enriquecimiento artificial del vino en los países del norte, en contra de los intereses del sur, y no dice nada sobre la demanda española de recibir una ayuda directa por hectárea para las explotaciones con menores rendimientos.La propuesta para la nueva OCM no fija cuota de producción por país, como hace cuatro años. Bruselas no obliga a los arranques de viñedo, si bien quiere poner en marcha un fuerte proceso de renovación varietal para eliminar las superficies más viejas o las de menor calidad. La UE correría con el 75% de esos gastos en las zonas objetivo uno y con el 50% en el resto.
Bruselas mantiene su rechazo al aumento de superficies de viñedo. La UE continúa su política sobre derechos de replantación y propugna un sistema de intervención y almacenamiento privado para regular el mercado.
Frente a un presupuesto inicial de 800 millones de ecus, aumentarían los fondos hasta los 1.234 millones de ecus. Éste habría sido el principal punto polémico para aprobar la propuesta que ahora deberán debatir los ministros de Agricultura.