Pacto para el entretenimiento

El reciente acuerdo entre la Administración pública sanitaria y Farmaindustria es una muestra más de la artificiosa política farmacéutica seguida por los Gobiernos socialista y popular, en los últimos seis o siete años, que ha permitido, si no alentado, el vertiginoso crecimiento del gasto fármacéutico público en España. En 1997, el consumo de medicamentos tuvo un crecimiento real del 9,2% y absorbió más del 25% (muy cerca del billón de pesetas) de los recursos económicos del Sistema Nacional de Salud, un porcentaje desmedido en todo el mundo industrializado.El acuerdo, reducido a sus términos...

El reciente acuerdo entre la Administración pública sanitaria y Farmaindustria es una muestra más de la artificiosa política farmacéutica seguida por los Gobiernos socialista y popular, en los últimos seis o siete años, que ha permitido, si no alentado, el vertiginoso crecimiento del gasto fármacéutico público en España. En 1997, el consumo de medicamentos tuvo un crecimiento real del 9,2% y absorbió más del 25% (muy cerca del billón de pesetas) de los recursos económicos del Sistema Nacional de Salud, un porcentaje desmedido en todo el mundo industrializado.El acuerdo, reducido a sus términos principales, establece que la industria farmacéutica aportará de sus beneficios, en dinero contante, 29.000 millones de pesetas en 1998 y 16.000 millones en 1999, y de modo indirecto (y todavía impreciso), 10.000 millones más cada año. El Gobierno, a su vez, se compromete a autorizar un aumento en los precios de aquellos fármacos excluidos de la financiación pública manteniendo su prescripción dentro del Sistema a cargo del enfermo, ayudar a la investigación, agilizar los pagos de los suministros farmacéuticos a los hospitales y, sobre todo, aunque no se dice de manera explícita, a encoger la "lista negativa".

Como se ve, el acuerdo es un simple arreglo financiero transitorio acompañado de una sola medida moderadora, la "lista negativa", de resultados siempre débiles, muy provisionales y con el riesgo conocido de efecto rebote, debido a la sustitución de los medicamentos eliminados por otros más caros. Sería una feliz novedad que en 1998 y cada año sucesivo la lista proporcionara un ahorro de 33.500 millones de pesetas, según afirma el Gobierno sin enseñar los datos del cálculo.

No tiene el acuerdo, ni se deriva de él, aspiración alguna a corregir el actual crecimiento del gasto farmacéutico público. Ciertamente, el Sistema recibirá de la industria unos fondos adicionales, pero la anormal avidez del consumo español de medicamentos poco o nada se aliviará. Así fue con los convenios similares de 1995 y 1996. En esencia, todo seguirá igual y, de hecho, ése es el fin real del pacto. El dinero que transfiera la industria no es otra cosa que una especie de canon de mantenimiento del statu quo, el coste de evitar o al menos retrasar acciones verdaderas y efectivas de contención del gasto. Una coartada de la inexplicable política oficial de entretenimiento que, ante un consumo desbocado desde hace largos años, prescinde de casi todas las medidas de contención de eficacia probada en otras naciones (por ejemplo, el presupuesto indicativo, el presupuesto global, las referencias médicas, la cláusula de economía sanitaria o estudios coste / efectividad de los nuevos productos, etcétera) y desvirtúa las que el apremio de la situación le obliga a introducir siquiera para "hacer que se hace", como ha ocurrido con los "medicamentos genéricos" y los "precios de referencia", dos claros ejemplos de lo que los americanos llaman regulatory capture: cuando la normativa legal protege menos los intereses del consumidor que los beneficios de la industria que regula.

Los genéricos, en España, han nacido maniatados por absurdos requisitos únicos en el mundo, son muy pocos en número, unos 10 o 12, y el procedimiento para su registro es lento y, al decir de muchos, está oficiosamente cerrado para aquellos que propongan un precio más bajo del 25% del que tiene el fármaco original. (De ser así, el Ministerio de Sanidad y Consumo estaría haciendo un raro ejercicio de administración del dinero público: reprimir la baja de precios de medicamentos que el Sistema paga, impedir, por tanto, posibles ahorros en el gasto público y coartar la competencia por el precio en el mercado farmacéutico. En América y en el resto de Europa, los precios de los genéricos son, a menudo, inferiores en el 40% y más a los de medicamentos con marca).

También la función moderadora de los "precios de referencia" (precios / techo que el Sistema paga) ha sido aquí desbaratada. Fuera de nuestras fronteras, en Alemania, por ejemplo, se establecen "precios de referencia" en tres grupos de medicamentos: a) aquellos con idénticos principios activos (fármacos originales y sus copias, los genéricos, cuyos precios son los de referencia); b) medicamentos, con principios activos farmacológica y terapéuticamente comparables, y c) los que producen efectos terapéuticos semejantes. En España se excluyen los grupos b) y c), los más nutridos, y únicamente se aplicarán en el primero, de modo que el alcance de los "precios de referencia" queda restringido al escasísimo número de fármacos con genéricos. Efectividad casi cero.

Así pues, el pacto conlleva la continuidad de la política de entretenimiento en la contención del gasto farmacéutico. No importa que dicho ajuste sea una condición urgente para la estabilidad financiera del Sistema. Se buscan artificios y demoras en lugar de soluciones. En esta línea, el ahorro, de 72.500 millones de pesetas, según estimación optimista del Gobierno (39.000 de la industria y 33.500 de la "lista negativa"), podría servir para justificar ante la opinión pública la falta de acciones necesarias para ahorrar más, para ahorrar todo lo que sea posible sin limitaciones, para, en fin, tratar de conseguir el ahorro potencial, enorme, sin duda, que ofrece tan desbocado consumo farmacéutico. Dicho de otro modo, el ahorro de 72.500 millones de pesetas (cantidad" por otra parte, -baja en términos relativos: no llegará al 8% del gasto farmacéutico público en 1998) va a permitir que siga el despilfarro.

El acuerdo, además, resulta barato para la industria farmacéutica, una industria que obtiene los más altos beneficios, según la Oficina de Evaluación Tecnológica del Congreso de EE UU. De los 39.000 millones a transferir en 1998, dando por hecho que los aporte todos, 13.650 millones los hubiera desembolsado también de no existir el convenio, por el impuesto sobre beneficios de las sociedades (en realidad, estos 13.650 millones los paga el Tesoro Público con menores ingresos, lo que significa que el pacto impone a todos los contribuyentes españoles una subvención indirecta a la industria farmacéutica), y los restantes 25.350 no van más allá del 4% de la cifra de venta de la industria al Sistema, descuento muy inferior al que, en cualquier mercado, podría conseguir en el acto un comprador de más de 600.000 millones de pesetas.