El nuevo padrón resta 5.000 millones para sanidad a Cataluña y aumenta 15.000 a Andalucía
Un nuevo frente está a punto de abrirse en la batalla por la financiación autonómica. El nuevo padrón, realizado en 1996 y aprobado el pasado 11 de julio por el Consejo de Ministros, eleva el porcentaje de población, sobre el total nacional, de comunidades como Andalucía (con Gobierno socialista) y Canarias (cuyo Gobierno apoya al Ejecutivo en el Parlamento) y reduce, entre otras, el de Cataluña (donde gobierna CiU, principal socio del Ejecutivo central). Los nuevos datos obligarían a reajustar las transferencias económicas del Estado a las comunidades. La sanidad de Cataluña perdería así 5.00...
Un nuevo frente está a punto de abrirse en la batalla por la financiación autonómica. El nuevo padrón, realizado en 1996 y aprobado el pasado 11 de julio por el Consejo de Ministros, eleva el porcentaje de población, sobre el total nacional, de comunidades como Andalucía (con Gobierno socialista) y Canarias (cuyo Gobierno apoya al Ejecutivo en el Parlamento) y reduce, entre otras, el de Cataluña (donde gobierna CiU, principal socio del Ejecutivo central). Los nuevos datos obligarían a reajustar las transferencias económicas del Estado a las comunidades. La sanidad de Cataluña perdería así 5.000 millones de pesetas anuales de las arcas del Estado, y Andalucía ganaría 15.000. Para ello, el padrón ha de ser oficial. Siete semanas después de aprobarlo, el Gobierno aún no lo ha publicado en el Boletín Oficial del Estado.
La Generalitat de Cataluña, que preside Jordi Pujol, se ha apresurado a vincular el apoyo de CiU a los Presupuestos del Estado para 1998 a que no se apliquen estos nuevos baremos de población, máxime cuando CiU y PP tienen acuerdos para negociar un nuevo sistema de reparto de la financiación sanitaria que no perjudique a Cataluña.El padrón recientemente aprobado por el Consejo de Ministros no tiene buenos datos para Cataluña. Su población pasa de ser el 15,59% del total de la población española, según el censo de 1991, a suponer el 15,36%. El presupuesto sanitario se distribuye en función de la población protegida (los ciudadanos que no disponen de seguros médicos al margen de la Seguridad Social) de cada comunidad autónoma. Cataluña ha pasado en ella del 15,99% al 15,83%.
De aplicarse el nuevo dato, la transferencia sanitaria a Cataluña debería reducirse en más de 5.000 millones. Andalucía, en cambio, registra un importante aumento de población protegida, que le reportaría un aumento del presupuesto, en este capítulo, de algo más de 15.000 millones anuales.
Consenso para evitarlo
Al consejero de Sanidad de Cataluña, Eduard Rius, no le gustaría que los nuevos porcentajes se aplicarán sin más. Rius resalta que el modelo de reparto ahora vigente se basa exclusivamente en el criterio de población protegida, pero que existe ya un consenso entre distintas fuerzas políticas para re visarlo. El sistema de financiación. vigente fue aprobado en 1994 y concluye el 31 de diciembre de este año.
La revisión del modelo fue uno de los puntos acordados entre Convergència i Unió (CiU) y el Partido Popular en el pacto de investidura de José María Aznar como presidente del Gobierno, y es el único punto de ese pacto que todavía no se ha resuelto. CiU ya ha advertido que no dará su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado de 1998 si antes no se soluciona esta cuestión.
De los contactos mantenidos hasta ahora por ambas formaciones políticas se desprende que el nuevo modelo. seguirá manteniendo la población protegida como base del reparto -de lo contrario debería modificarse la Ley de Sanidad-, pero muy matizada por baremos correctores. Hasta ahora se han barajado tres factores de reparto: el índice de envejecimiento de la población (hay que tener en cuenta que el 75% del gasto sanitario corresponde a personas de más de 60 años); el número de desplazados que atiende cada comunidad autónoma; y la cantidad de centros de alta tecnología de que' disponen. Algunas comunidades, como Galicia, quieren que se considere también el factor de dispersión de la población rural.
Por su parte, la Junta de Andalucía, una de las grandes beneficiadas, junto con Canarias, del nuevo padrón municipal debido a su crecimiento demográfico, no se muestra dispuesta a ceder un ápice en su lucha por que se le reconozca su población real a efectos de financiación autonómica. Desde que comenzó el debate sobre el nuevo modelo de financiación de las comunidades, contra el que el Gobierno y el Parlamento regio nal tienen interpuestos siete recursos ante el Constitucional, la verificación de la población real anda luza es un objetivo "irrenunciable" para el Gobierno andaluz, en palabras de su presidente, el socia lista Manuel Chaves, y de su consejera de Economía, Magdalena Álvarez, informa .
Andalucía ha aumentado su población en 276.127 personas del censo de 1991 al padrón de 1996. En la revisión del censo hecha en 1995 el aumento que se le adjudicaba era aún mayor: 463.000 personas. "Esos andaluces no tienen financiación para la educación o la sanidad, y ése es un tema muy importante para Andalucía", manifestaba Manuel Chaves el pasado viernes.
Pacto con catalanes y vascos
El nuevo padrón dice que no son tantas, pero en cualquier caso Andalucía gana claramente cuota sobre el total de población española: del 17,85% al, 18,20%. El presidente andaluz reitera al Gobierno central su propuesta para "que afronte ese problema, y consiga un pacto autonómico de Estado que solucione el desorden autonómico existente". Un pacto, no obstante, del que "no deben excluirse ni los nacionalistas catalanes ni los vascos", agrega Chaves.
La Junta y el Parlamento andaluz no sólo mantienen ante los tribunales su rechazo al modelo de financiación aprobado por el Ejecutivo de Aznar el 23 de septiembre de 1996, sino que además, y concretamente sobre el problema, de la población, ha interpuesto un recurso para que se garantice la financiación a 463.000 andaluces. no atendidos por el ejecutivo central y que constan en la revisión de 1995 del censo estatal de 1991.
El pasado 9 de julio, el Gobierno andaluz recurrió al Tribunal Constitucional las cantidades y criterios de aplicación que el Ejecutivo ha empleado en 1997 para la financiación de Andalucía.
Los últimos contactos mantenidos entre los ministros Mariano Rajoy (Administraciones Públicas) y Javier Arenas (Trabajo) con el presidente Chaves parecen hacer acercado posturas en torno al reconocimiento de la población andaluza. No obstante, y después de los frustrados acuerdos entre ambos Gobiernos y las constantes refriegas en temas como el del AVE a Málaga o la deuda histórica de Andalucía, el propio presidente andaluz considera "cruciales" las primeras semanas de septiembre.