Marcha atrás

"SE HAN dejado de recaudar, para favorecer a algunas personas, 200.000 millones de pesetas, y al final acaban pagando el pato, curiosamente, personas como los funcionarios, a los cuales, si esto se hubiera ingresado en las arcas públicas, se les podría haber subido el sueldo en l997". Esta gravísima acusación de prevaricación política contra el Gobierno anterior fue textualmente lanzada ante las cámaras y los micrófonos de la televisión y la radio públicas por el presidente del Ejecutivo, José María Aznar. Y es precisamente esta acusación la que este Gobierno no ha podido probar hasta hoy. Tan...

"SE HAN dejado de recaudar, para favorecer a algunas personas, 200.000 millones de pesetas, y al final acaban pagando el pato, curiosamente, personas como los funcionarios, a los cuales, si esto se hubiera ingresado en las arcas públicas, se les podría haber subido el sueldo en l997". Esta gravísima acusación de prevaricación política contra el Gobierno anterior fue textualmente lanzada ante las cámaras y los micrófonos de la televisión y la radio públicas por el presidente del Ejecutivo, José María Aznar. Y es precisamente esta acusación la que este Gobierno no ha podido probar hasta hoy. Tanto Juan Costa, secretario de Estado de Hacienda, encargado ayer por el Gabinete de dar respuesta política a las reclamaciones indignadas del PSOE, como sus superiores en el Ejecutivo se han replegado prudentemente hacia trincheras mejor defendidas. Lo que en un principio era una acusación de "amnistía fiscal para los amiguetes" se ha degradado a negligencia política.La crispada comparecencia de Costa ante la Comisión de Economía del Congreso, en la que presumiblemente iba a demostrar las acusaciones -¿de prevaricación?, ¿de desidia?-, fue una confirmación de esta retirada hacia las tesis de la "negligencia" y devino en un ejercicio de confusión añadida. Aunque su intervención aclaró pocos extremos significativos de la polémica tributaria, su desplante ante las peticiones de rectificación del portavoz del PSOE -"si tiene quejas por imputaciones falsas o calumnias, acuda a los tribunales"- parece demostrar que buena parte del actual equipo de gobierno se ha instalado cómoda y permanentemente en el papel de oposición.

Era discutible que el secretario de Estado fuera el más idóneo para afrontar la aclaración de los expedientes prescritos, pues los términos del conflicto son fundamentalmente políticos. No es de extrañar que la conclusión unánime de los grupos parlamentarios (salvo el Popular) sea que el Gobierno no ha demostrado la supuesta amnistía para los amiguetes.

El secretario de Estado de Hacienda hizo, sin embargo, un amplio despliegue de cifras sobre las pérdidas causadas al erario público -202.000 millones de pesetas- por incompetencia en la gestión de su antecesor en el cargo. La proliferación de actas prescritas y retrasos injustificados induce a pensar que, efectivamente, hubo falta de previsión y desidia en la adopción de medidas para evitar que el Tesoro público padeciera pérdidas como las que se describen. Es evidente, porque se desprende de la acumulación y progresivo aumento de expedientes afectados por la prescripción, que la Agencia Tributaria reaccionó tarde a los cambios de interpretación jurídica sobre los plazos admitidos de inspección y liquidación. También es evidente que la respuesta, limitada inicialmente en tímidas recomendaciones o avisos a las oficinas nacionales y regionales, también fue insuficinte. Por razones de diversa índole, los gestores políticos de la Agencia no supieron organizar un sistema de trabajo que respondiera a las necesidades de adelantar el ritmo de liquidación de las actas. El efecto de demostración de una mala gestión en la Agencia es la principal aportación del secretario de Estado de Hacienda al conflicto, junto con la sugerencia de un conjunto de medidas encaminadas a mejorar el funcionamiento de la inspección fiscal.

La notable destreza de este Gobierno para generar conflictos absurdos sólo es comparable a su evidente incapacidad para resolverlos adecuadamente. Quizá la Comisión de Investigación, reclamada de forma unánime ayer por todos los grupos parlamentarios, y la actuación del fiscal contribuyan a aclarar el origen del conflicto y a mejorar el funcionamiento administrativo de la inspección fiscal, bastante deteriorado en los últimos años. Pero para entonces es posible que la incontinencia acusadora del Ejecutivo haya generado algunos enfrentamientos gratuitos más. Después de las explicaciones de Costa, la hipótesis de que el Gobierno y el PP han instrumentado torpe e irracionalmente una acusación de "amnistía fiscal para amiguetes", sin base alguna y de forma descontrolada, para perjudicar a sus adversarietes del PSOE, queda notablemente reforzada.