Chile da por cerrado el "caso Soria"'
El Gobierno chileno descartó el viernes continuar las negociaciones para pactar una indemnización moral y monetaria con la familia del funcionario internacional español Carmelo Soria -asesinado por los aparatos de seguridad del régimen militar hace más de 20 años-, después de que ésta rechazara la compensación propuesta: un millón de dólares para la creación de una fundación en memoria de la víctima y la construcción de un monumento.El canciller chileno José Miguel Insulza mantiene que la propuesta era muy razonable. "Creernos que el Gobierno español así lo entendió, pero la oposición de la fa...
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El Gobierno chileno descartó el viernes continuar las negociaciones para pactar una indemnización moral y monetaria con la familia del funcionario internacional español Carmelo Soria -asesinado por los aparatos de seguridad del régimen militar hace más de 20 años-, después de que ésta rechazara la compensación propuesta: un millón de dólares para la creación de una fundación en memoria de la víctima y la construcción de un monumento.El canciller chileno José Miguel Insulza mantiene que la propuesta era muy razonable. "Creernos que el Gobierno español así lo entendió, pero la oposición de la familia [Soria] impidió concretarla y no podemos hacer más", dijo. Agregó que "el caso está cerrado y extremando las cosas no vamos a llegar a ninguna parte".
La hija de la víctima, Carmen Soria, manifestó ayer a EL PAÍS su rechazo a las declaraciones del ministro. Y afirmó que, como requisito para iniciar una negociación, la familia pidió al Gobierno reconocer en forma clara la calidad de funcionario internacional de la víctima, la expulsión del Ejército de dos de los implicados y que éstos no ocuparan cargos públicos de por vida.
Según Carmen Soria "un crimen no se puede resolver amistosamente, se resuelve en la justicia. Me siento honrada de que hayamos rechazado la propuesta".
La hija de Soria exige al Gobierno chileno que entregue inmediatamente el fallo judicial que cerró el caso al nuevo secretario general de la ONU, para que éste lo comunique a los Estados miembros y España pueda iniciar un juicio contra el Estado chileno por violar la Convención sobre la Prevención y el Castigo de Delitos contra Personas Internacionalmente Protegidas.
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