Concertados y desconcertados

EL GOBIERNO ha conseguido, en tomo a su proyecto de Presupuestos, consolidar la alianza de centro derecha forjada en la investidura. El acuerdo con el PNV ha sido, el escollo principal, salvado a última hora negociando con éxito. la renovación del concierto económico. Su margen de maniobra era escaso, dada la prioridad absoluta otorgada al objetivo de reducir el déficit público, pero, a pesar de las dificultades, ha logrado cuadrar unas cuentas que no implican recortes en las prestaciones sociales fundamentales. A menos de seis meses de su constitución, esos, acuerdos deberían traducirse norma...

EL GOBIERNO ha conseguido, en tomo a su proyecto de Presupuestos, consolidar la alianza de centro derecha forjada en la investidura. El acuerdo con el PNV ha sido, el escollo principal, salvado a última hora negociando con éxito. la renovación del concierto económico. Su margen de maniobra era escaso, dada la prioridad absoluta otorgada al objetivo de reducir el déficit público, pero, a pesar de las dificultades, ha logrado cuadrar unas cuentas que no implican recortes en las prestaciones sociales fundamentales. A menos de seis meses de su constitución, esos, acuerdos deberían traducirse normalmente en un reforzamiento del Ejecutivo, y corregir, al menos en parte, los sondeos. previos al debate de Presupuestos, claramente desfavorables para el Gabinete de Aznar.Si las cuentas del Gobierno son coherentes con las prioridades del momento, la dificultad vendrá a la hora de ejecutarlas. Al haber renunciado a tocar las principales partidas del gasto -pensiones, sanidad, transferencias a las autonomías-, los Presupuestos basan su credibilidad en una mejora de los ingresos derivada del ciclo: sobre todo, de una reactivación del consumo y la inversión privada. Pero esas expectativas distan de estar aseguradas, y el propio contenido de los Presupuestos más bien presiona en sentido contrario. Los recortes en inversiones públicas no podrán de dejar de afectar al empleo y, por tanto, al consumo; en el mismo sentido actuará la congelación- salarial de los funcionarios. Y la prioridad otorgada a los impuestos indirectos podría comprometer el objetivo de inflación, lo que afectaría al precio del dinero.

Por, lo demás, el debate de las enmiendas a la totalidad producido esta semana ha servido para demostrar que, si bien defender unos presupuestos es más difícil que criticarlos, lo verdaderamente complicado es presentar alternativas prácticas desde la oposición. Es obvio, por ejemplo, el carácter irrepetible tanto de algunos ingresos (privatizaciones) como de ciertos recortes (con gelación salarial) en que se apoya el proyecto. Sin embargo, las urgencias marcadas por los plazos de Maastricht -se había dejado una parte muy significativa del recorte para los dos últimos años- permitían pocas va riantes en la asignación de los recursos escasos. La brillantez de Borrell está fuera de duda, pero seguramente él tampoco habría podido evitar la congelación salarial_de los funcionarios, y tal vez ni siquiera los recortes en infraestructuras, pese a ser tan consciente de los cuellos de botella que de ello pueden derivarse.Las dificultades del Gobierno parecen venir menos de las opciones presupuestarias que de las políticas: los pactos con los nacionalistas resuelven algunos problemas, pero abren otros antes inexistentes, incluyendo la incomprensión de muchos cuadros y votantes del PP. El acuerdo con el PNV ha suscitado reacciones muy críticas y apetencias similares de los socios del Gobierno, especialmente CiU, que amenazan con obligar al Ejecutivo a despeñarse por el camino de las concesiones igualitarias. Porque que no es cierto que la decisión de ceder la recaudación de los impuestos especiales sea una simple derivación de mandatos constitucionales o estatutarios. La autonomía que el Estatuto de Gernika reconoce a las diputaciones forales para fijar sus impuestos se plantea expresamente en el marco de "la estructura general impositiva del Estado" (Art. 41), de acuerdo con la prohibición de establecer "privilegios económicos o sociales" establecida por la Constitución (Art. 138).

Era responsabilidad del Gobierno negociar el actierto sobre el concierto en términos que eviten agravios como los invocados, muy especialmente, por las comunidades limítrofes a Euskadi. Como mínimo, plantear mecanismos utilizables por esas comunidades para defenderse de lo que consideran competencia desleal a la hora de atraer inversiones. Estimular la competencia entre comunidades -el famoso federalismo competítivo- sólo es atendible si existe igualdad de oportunidades legales.

Una de las consecuencias de la dinámica que parece abrirse es que un cierto consenso entre los dos grande partidos nacionales, PSOE y PP, sigue siendo necesario como marco en el que negociar los pactos con las fuerzas nacionalistas. No es posible que, no ya cada cuatro años, sino cada vez que se discutan los presupuestos, se cuestione la financiación o las competencias de las autonomías de primera clase, lanzando la liebre tras la que enseguida correrán las demás. El desconcierto de muchos votantes del PP deriva de la imagen de inseguridad que esa situación transmite.

Y, aparte de todo esto, está la boda.