¿Es sostenible?

Sobrado de relevancia iniciará su andadura el próximo ejercicio presupuestario. Al proyecto de Presupuestos Generales del Estado que acaba de presentar el Gobierno ante las Cortes Generales ya se le ha etiquetado con calificativos más o menos expresivos que aciertan en destacar su singularidad en la historia económica reciente.Son éstos los Presupuestos Generales del Estado que, además de formulados por un Gobierno distinto a los constituidos en los últimos catorce años, pueden determinar el acceso de España a ese grupo de países que muy probablemente integrarán la plataforma más acabada de in...

Sobrado de relevancia iniciará su andadura el próximo ejercicio presupuestario. Al proyecto de Presupuestos Generales del Estado que acaba de presentar el Gobierno ante las Cortes Generales ya se le ha etiquetado con calificativos más o menos expresivos que aciertan en destacar su singularidad en la historia económica reciente.Son éstos los Presupuestos Generales del Estado que, además de formulados por un Gobierno distinto a los constituidos en los últimos catorce años, pueden determinar el acceso de España a ese grupo de países que muy probablemente integrarán la plataforma más acabada de integración europea: la constituida a partir de 1999 por la Unión Monetaria. Un empeño que, más allá de las ventajas específicas asociadas a esa participación en la moneda única, podría situar definitivamente a la economía española en una senda de estabilidad, precursora de mayores cotas de bienestar para sus ciudadanos.

Si esa pretensión por reducir el déficit del conjunto de las administraciones públicas hasta el 3% del producto interior bruto (PIB) al término de 1997 es común a las políticas de consolidación fiscal asumidas en los países europeos, no todos lo han hecho desde el mismo punto de partida, ni adoptando las mismas decisiones.

Las hipótesis macroeconómicas sobre las que descansa el ejercicio de presupuestación, el rigor y carácter estructural aplicado en la reducción de los gastos públicos, permiten anticipar diferentes probabilidades de satisfacción de ese objetivo y ;de sostenibilidad del mismo en los ejercicios siguientes. Esta será a partir de ahora la cuestión más relevante y, desde luego, el principal centro de atención de los mercados financieros.

Los operadores en esos mercados, al igual que el más común de los observadores, verifican que la economía española, independientemente de que se satisfagan estrictamente las dos principales condiciones de convergencia exigidas por el Tratado de Maastricht -inflación y déficit público-, está inmersa en una senda de convergencia y que convergentes son también los objetivos y las políticas económicas de los principales partidos políticos españoles. La evolución de los tipos de interés a largo plazo -los más directamente expresivos del riesgo que perciben los inversores sobre la deuda pública española- y, en particular, -el estrechamiento hasta niveles históricamente reducidos de su diferencia frente al referente alemán incorpora, sin duda, esa amplia coincidencia.

La significación de ese consenso, a pesar de que no sea completamente reconocido por sus protagonistas, dispone de mayor significación que las diferencias instrumentales o las directamente vinculadas a la retórica de confrontación que las circunstancias y la tradición exige. Si difícil es identificar acciones diferenciales de los principales partidos políticos en la lucha contra la inflación, no creamos que lo es menos en la correspondiente a la reducción del déficit público hasta el nivel exigido en tan sólo un ejercicio económico. Es cierto que algunas de las decisiones adoptadas por el Gobierno del Partido Popular (PP) probablemente no habrían sido adoptadas por uno socialista -las concretadas sobre la tributación de las rentas de capital y la actualización de balances de las empresas, por ejemplo-, pero más allá de su emblemática significación, y su cuestionable oportunidad, el espacio y el tiempo disponible para el ajuste es tan limitado que ambas formaciones políticas habrían recurrido a similares actuaciones sobre el gasto público, que es donde sigue estando la madre del cordero del conjunto de las cuentas públicas españolas.

La cuestión ahora más importante no es, por tanto, la calificación política de estos Presupuestos Generales del Estado, sino tratar por todos los medios de que las condiciones sobre las que descansa la reducción del déficit público sean satisfechas y, cuando menos, no impidan volver al punto de partida dentro de 12 meses. Preservar las favorables condiciones de financiación actuales de la economía exige que la discusión que ahora se abre en las Cortes tenga como guía fundamental la sostenibilidad en los ejercicios siguientes de ese déficit prendido con más alfileres -las hipótesis de crecimiento de la economía, de evolución de sus precios, el carácter temporal de la contención de algunas partidas de gasto y la elusión del ajuste en otras no menos importantes- que puntadas firmes.