Gasto desviado

EN LA presentación ante la Comisión Mixta Congreso-Senado de la evaluación definitiva del ejercicio presupuestario correspondiente a 1992, la presidenta del Tribunal de Cuentas ha sido contundente: el Estado gastó cuatro billones largos de pesetas por encima del Presupuesto que aprobaron las Cortes Generales para ese año. En consecuencia, la cifra oficial de déficit público con que se cerró el año no se corresponde con la realidad. Es la anomalía más sobresaliente, pero en modo alguno la única encontrada por el tribunal en el proceso de ejecución presupuestaria de ese, año. Comunidades autónom...

EN LA presentación ante la Comisión Mixta Congreso-Senado de la evaluación definitiva del ejercicio presupuestario correspondiente a 1992, la presidenta del Tribunal de Cuentas ha sido contundente: el Estado gastó cuatro billones largos de pesetas por encima del Presupuesto que aprobaron las Cortes Generales para ese año. En consecuencia, la cifra oficial de déficit público con que se cerró el año no se corresponde con la realidad. Es la anomalía más sobresaliente, pero en modo alguno la única encontrada por el tribunal en el proceso de ejecución presupuestaria de ese, año. Comunidades autónomas, diputaciones y ayuntamientos támbién incurren en prácticas susceptibles de ser calificadas, cuando menos, de heterodoxas: desde la rendición de sus cuentas fuera de los plazos legales hasta el uso indiscriminado de la figura de las modificaciones presupuestarias de los créditos inicialmente aprobados, cuya cuantía neta alcanzó 1,2 billones de pesetas. En algunas administraciones, también los ingresos fueron objeto de intensas desviaciones a la baja sobre lo presupuestado. Por último, pero no menos importante, un buen número de ayuntamientos ni siquiera presentaron sus cuentas ante el tribunal.Caben pocos paliativos a la adversa valoración que merece tales prácticas. Aun cuando ha habido mejoras en la ejecución presupuestaria durante los Últimos años, en gran medida mediante la introducción de normas que limitan significativamente la discrecionalidad del Gobierno, los hechos denunciados por el Tribunal de Cuentas revisten suficiente importancia para que las administraciones públicas. afectadas expliquen a sus contribuyentes las razones de esas prácticas y los medios que han arbitrado para su definitiva eliminación.

En un momento en el que el ciudadano español recibe constantes mensajes sobre la necesidad de efectuar esfuerzos de ajuste en distintos capítulos del gasto público y cuando la continuidad, en la percepción de prestaciones sociales rodea de razonable incertidumbre la formación de expectativas de las familias, la actuación de los administradores de los recursos públicos ha de garantizar, cuando menos, su correcta ejecución.

El proceso presupuestario es uno de los mas importantes en las tareas de gobierno y de control parlamentario de las sociedades democráticas. De su conducción con la necesaria honestidad y rigor depende el fortalecimiento de la conciencia fiscal de los ciudadanos y la estabilidad del sistema. No dejan de ser relevantes, a este respecto, algunos de los resultados que pone de manifiesto una reciente encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Así, aun cuando una amplia mayoría de españoles considera que han de tener un carácter público determinados servicios -sanidad, enseñanza, pensiones- cuyo precio ha de ser inferior al mercado, un 54% de los consultados considera que la sociedad se beneficia poco o nada de lo que paga al Estado en impuestos y cotizaciones. Simultáneamente, sólo un 12% considera que el Gobierno administra bien sus impuestos y un 44% cree que hay bastante fraude, un porcentaje similar a los que opinan que el Gobierno realiza pocos, esfuerzos para su eliminación.

La necesidad de modificar un estado de opinión tal es tanto mas prioritaria cuanto más, difícil se presenta no ya el aumento de esos servicios públicos que reclaman la mayoría de los ciudadanos, sino la preservación de los actuales. La buena administración ha de ser la base a partir de la cual pueda articularse esa pedagogía del ajuste, del necesario saneamiento de las finanzas públicas. Sería irresponsable echar en saco roto los últimos avisos y recomendaciones del Tribunal de Cuentas y esa falta de confianza de los ciudadanos en la capacidad de administración de sus representantes.