La Xunta se exime de responsabilidad política y económica en el fraude del vino

La Xunta rompió ayer su silencio sobre el fraude del vino Ribeiro para autoeximirse de cualquier "responsabilidad política y económica" en las presuntas irregularidades del empresario Manuel Vázquez Pérez, Arnoia, encarcelado la pasada semana. Horas antes del pronunciamiento oficial del Gobierno gallego, el juez encargado del caso, Olegario Somoza, había ordenado un nuevo ingreso en prisión, el de Pablo González Irago, gerente de las bodegas de Arnoia, también acusado de fraude, estafa y delito fiscal.Vázquez, ligado a dirigentes del PP de Orense, recibió en 1992 una ayuda de la Xunta d...

La Xunta rompió ayer su silencio sobre el fraude del vino Ribeiro para autoeximirse de cualquier "responsabilidad política y económica" en las presuntas irregularidades del empresario Manuel Vázquez Pérez, Arnoia, encarcelado la pasada semana. Horas antes del pronunciamiento oficial del Gobierno gallego, el juez encargado del caso, Olegario Somoza, había ordenado un nuevo ingreso en prisión, el de Pablo González Irago, gerente de las bodegas de Arnoia, también acusado de fraude, estafa y delito fiscal.Vázquez, ligado a dirigentes del PP de Orense, recibió en 1992 una ayuda de la Xunta de 330 millones de pesetas para subvencionar un crédito que su bodega había suscrito con varias entidades financieras. El dinero público estaba destinado a ja compra de uva a cosecheros de la comarca de Ribeiro.- Sin embargo, en octubre de 1994 se descubrió que Arnoia estaba comercializando como Ribeiro vino de otra procedecia.

En su extensa nota de ayer, la Xunta niega cualquier responsabilidad en lo que denomina "hecho desgraciado" y sostiene que "no entregó ni una sola peseta" a la empresa de Vázquez con un singular razonamiento: la subvención fue transferida directamente a los bancos que financiaron el crédito, no a la bodega. Con todo, la Xunta reconoce que llegó a desembolsar cerca de 166 millones de los 330 comprometidos, cuya devolución reclama ahora a los responsables de la empresa vinícola.

El portavoz socialista en el Parlamento, Miguel Cortizo, consideró estos argumentos una "desvergüenza" e insistió en que la Xunta "dio una subvención a un amigo y financió un fraude".