Desafío haitiano

EN EL momento en que las Naciones Unidas y el Gobierno de EM UU se deciden a tomar medidas para favorecer el retorno a Haití del presidente democráticamente elegido, Jean-Bertrand Aristide, el general Cédras ha decidido nombrar un nuevo presidente en la persona de Emile Jonassaint, un juez de 81 años que es presidente de la Corte Suprema. Tal decisión es un desafío a la comunidad internacional y sobre todo al Gobierno de Clinton, que ha adoptado últimamente una actitud más crítica hacia la banda militar que gobierna en Haití. Esa designación caprichosa de un presidente ha tenido una acogida d...

EN EL momento en que las Naciones Unidas y el Gobierno de EM UU se deciden a tomar medidas para favorecer el retorno a Haití del presidente democráticamente elegido, Jean-Bertrand Aristide, el general Cédras ha decidido nombrar un nuevo presidente en la persona de Emile Jonassaint, un juez de 81 años que es presidente de la Corte Suprema. Tal decisión es un desafío a la comunidad internacional y sobre todo al Gobierno de Clinton, que ha adoptado últimamente una actitud más crítica hacia la banda militar que gobierna en Haití. Esa designación caprichosa de un presidente ha tenido una acogida de rechazo y escepticismo entre la población de la isla. El primer ministro en funciones, Robert Malval, ha declarado que es ilegal y que él no reconoce ese acto, contrario a la Constitución. En cuanto a los Gobiernos extranjeros, y concretamente la Organización de Estados Americanos (OEA), la condena ha sido rotunda.El próximo sábado expira el ultimátum de la ONU: si antes de esa fecha los militares no abandonan el poder, entrarán en vigor drásticas medidas que refuerzan el embargo económico, especialmente en relación al petróleo y las armas. Los expertos consideran insuficientes esas medidas, especialmente si no van acompañadas de una amenaza seria de intervención militar. La adopción por Clinton de una política más enérgica en las últimas semanas, concretamente poniendo fin a la devolución automática a Haití de los refugiados que se escapaban en barco en busca de pan y libertad, responde a una presión seria de la opinión pública. En su campaña electoral, Clinton se había comprometido a poner fin a esa práctica odiosa, que era la que aplicaba Bush. Pero la había mantenido hasta ahora.

El embargo ha sido ineficaz. Desde la República Dominicana llega todo el petróleo que necesitan las familias ricas y los servicios militares. Los que sufren del embargo son los pobres. Por otra parte, las familias de los altos mandos militares siguen teniendo toda clase de facilidades para viajar a Estados Unidos. Si ahora se quiere actuar con eficacia y dar a las sanciones una operatividad real hace falta poner un control efectivo con fuerzas de la OEA o de otra forma, en la frontera de Haití con la República Dominicana. Y hacer a este país una advertencia muy seria de aplicarle también sanciones si no pone fin a su política de fronteras abiertas para ayudar a la dictadura de Cédras.

Urge también poner fin a los vuelos entre Haití y Estados Unidos o ciualquier otro país, para dar seriedad al embargo, de forma que éste afecte a los grupos oligárquicos que sostienen a la dictadura. Tal embargo deberá combinarse con una política generosa de ayuda por parte de EE UU a los refugiados que abandonan la isla, y asimismo en un plano más general, con un sistema de ayudas humanitarias por organizaciones internacionales para aliviar a la población.

Queda el terna de la intervención militar. Clinton ha dicho que no la descarta. Pero en el continente americano tan sólo Argentina apoya abiertamente esa hipótesis y el propio ex presidente Bush, que invadió Panamá, la ha desaconsejado. Ello ha envalentonado al dictador general Cédras, que amenaza con una "feroz resistencia" si la intervención se produce. De momento, en todo caso, lo prioritario para la comunidad internacional es que un embargo total coloque a Cédras y a su junta militar en una situación insostenible.