'Rigor mortis'

LA DISPOSICIÓN a elaborar unos presupuestos "muy rigurosos" para el próximo ejercicio, anunciada por el presidente del Gobierno, constituye la única información relevante, de momento, sobre las imprescindibles respuestas políticas ante el manifiesto deterioro de la economía española. Junto a ello, el explícito respaldo al ministro de Economía contribuye a reducir la incertidumbre hoy existente.De la última reunión del Consejo de Ministros no ha trascendido ni el contenido del informe sobre la situación de la economía que aportó el ministro Solchaga ni la dirección en que ese rigor puede llegar...

LA DISPOSICIÓN a elaborar unos presupuestos "muy rigurosos" para el próximo ejercicio, anunciada por el presidente del Gobierno, constituye la única información relevante, de momento, sobre las imprescindibles respuestas políticas ante el manifiesto deterioro de la economía española. Junto a ello, el explícito respaldo al ministro de Economía contribuye a reducir la incertidumbre hoy existente.De la última reunión del Consejo de Ministros no ha trascendido ni el contenido del informe sobre la situación de la economía que aportó el ministro Solchaga ni la dirección en que ese rigor puede llegar a concretarse. Hay que suponer que el carácter riguroso que se prevé no sólo está referido a la precisión en los cálculos macroeconómicos (algo que empieza a convertirse en una utopía), sino a anticipar la reducción del gasto público o -el incremento de los ingresos que se manifestarán en los próximos presupuestos.

Pero para aplicar una política presupuestaria restrictiva no se da precisamente la coyuntura más propicia. La desaceleración del ritmo de crecimiento de la economía, el mantenimiento de un fuerte incremento del consumo privado y otras circunstancias añadidas aconsejan -por mero sentido común- que esas limitaciones no sacrifiquen el compromiso del Gobierno, reflejado en su programa de convergencia, de mantener la inversión pública en niveles razonables de la producción nacional (lo que se denomina la convergencia real). Esta política económica -que hay que suponer que adoptará el Gobierno sin más demora- ha de contemplar los desequilibrios de la economía española no sólo como producto de un entorno adverso, sino, sobre todo, como el exponente de algunos de los fallos permanentes que presenta nuestro sistema económico desde tiempo inmemorial. La estructura del gasto público es, sin duda, el reflejo más exacto de algunos de esos fallos, y sobre ella, además de sobre su cuantía, ha de concretarse el rigor.

La ausencia de avances en la consecución de una inflación más próxima a las de los principales países europeos, el mantenimiento de tipos de interés también relativamente superiores y un tipo de cambio de la peseta forzosamente apreciado no contribuyen a reducir la falta de competitividad de nuestra economía. Es la hora, por tanto, de que junto a esas intenciones de rigor y de saneamiento de las finanzas públicas se adopten igualmente aquellas medidas previstas en el programa de convergencia orientadas a eliminar las limitaciones estructurales de algunos sectores de la economía.

Las circunstancias actuales no son las mismas que las que precedieron a la elaboración del programa de convergencia; en consecuencia, las hipótesis sobre el comportamiento de la economía nacional e internacional que han de amparar la reformulación de la política presupuestaria y del propio programa de convergencia tienen que disponer de unas dosis de rigor cuando menos similares a las anunciadas para las cuentas públicas. Rigor del que ha de estar ausente cualquier tentación a eludir la presentación de un diagnóstico objetivo de la situación, sin recurrir al eufemismo; de un programa de actuaciones muy concretas del que tampoco esté ausente la posibilidad de articular en torno al mismo el mayor grado posible de acuerdo con las fuerzas sociales. Si no es así, la economía española no apreciará más que el rigor mortis.