Un futuro para el campo

La reforma de la Política Agraria Común persigue, a juicio del autor, dar una solución adecuada a los problemas de excedentes agrarios y a los fuertes gastos financieros, así como mejorar la renta de los agricultores europeos.

El sector agrario está viviendo momentos de desasosiego que se han reflejado recientemente en unas movilizaciones extendidas por casi todo el país. A esta situación contribuyen problemas más o menos coyunturales y algunos otros de más largo alcance, aunque ni los unos ni los otros afectan por igual, a todos los sectores agrarios o a las distintas agriculturas espa...

La reforma de la Política Agraria Común persigue, a juicio del autor, dar una solución adecuada a los problemas de excedentes agrarios y a los fuertes gastos financieros, así como mejorar la renta de los agricultores europeos.

El sector agrario está viviendo momentos de desasosiego que se han reflejado recientemente en unas movilizaciones extendidas por casi todo el país. A esta situación contribuyen problemas más o menos coyunturales y algunos otros de más largo alcance, aunque ni los unos ni los otros afectan por igual, a todos los sectores agrarios o a las distintas agriculturas españolas.En lo coyuntural, el factor más decisivo lo plantea el dilatado periodo de tiempo que están consumiento los debates sobre la Reforma de la Política Agrícola Común. Aunque ésta sólo afecta a unos productos (cereales, vacuno, leche, ovino, caprino y tabaco), dejando como están a otros de gran importancia en España (aceite de oliva, frutas y hortalizas...), el hecho cierto es que los sectores afectados por la reforma tienen claro que los actuales mecanismos de la política agrícola común no van a seguir funcionando en el futuro inmediato, pero todavía no lo está cuál va a ser el marco de referencia en que muchos de nuestros agricultores van a tener que desarrollar su actividad.

La propuesta de reforma intenta dar una solución a los problemas de excedentes crecientes y fuertes gastos financieros derivados de la política agrícola común. En los últimos años se han venido aplicando políticas restrictivas de precios, estableciendo un tope al crecimiento del gasto agrícola comunitario y fijando límites a la producción por encima de los cuales se penalizaba al agricultor. Estas medidas, además de insuficientes, perjudican a los agricultores menos eficientes de la comunidad y favorecen a las grandes explotaciones de los países más avanzados.

La reforma prevé para los sectores afectados por la misma un descenso controlado y gradual de precios y un control obligatorio de la producción, pero con una compensación asegurada de rentas a los agricultores, que tiende a proteger a la explotación familiar que es la inmensa mayoría en nuestro país. Se pasaría así de un apoyo al producto vía precios, a un apoyo al productor vía rentas, fijado de tal manera que tampoco desincentive las mejoras, la calidad y la productividad en los cultivos, y en las explotaciones por parte de los agricultores profesionales.

Aunque estamos convencidos de que el resultado final de la reforma va a ser positivo para España, es cierto que nada desgasta, tanto como la incertidumbre actual. Por eso, es urgente acelerar los trabajos de la reforma para ofrecer a nuestros agricultores y ganaderos los elementos esenciales de la nueva política agraria común que les permitan tomar sus propias decisiones. Como también lo es concluir cuanto antes la Ronda Uruguay del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comerciales (GATT), que tanto puede afectar a los intercambios agrícolas. Pero, desgraciadamente, nada de esto depende exclusivamente de nosotros y, aunque nuestra postura como país sea clara y firme en este punto, el ejercicio de responsabilidad compartida que significa la Comunidad Europea exige tiempo para armonizar intereses tan distintos como se dan entre los 12 Estados miembros.

Otros problemas concretos relativos a la fiscalidad, o a la Seguridad Social Agraria deben encontrar su solución mediante el diálogo y la negociación que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación tiene abiertos permanentemente con las organizaciones agrarias. Diálogo y negociaciones en los que no siempre se puede asegurar la consecución de un acuerdo pleno, pues ningún problema complejo, como son los de la agricultura, tiene soluciones sencillas -o ya se hubieran adoptado hace tiempo-, y cuando las propuestas benefician al unos pero pedudican a otros, o cuestan un dinero que no se tiene, en realidad son falsas soluciones o, lo que es peor, soluciones en falso.

Cambio drástico

Sin embargo, en el malestar agrario actualmente existente, y sin entrar en su posible instrumentalización política, que nada tiene que ver con el sector, se puede detectar además un sustrato más profundo y más importante a medio plazo.

La realidad de nuestra agricultura ha cambiado drásticamente en la última década. En parte como consecuencia de la política agrícola seguida desde el Gobierno, en parte como resultado de nuestro ingreso en la CE y, en parte, como efecto del proceso de crecimiento y modernización experimentado en todo el país. El resultado de este cambio puede valorarse globalmente como positivo. Pero todo cambio, genera resistencias al mismo y en la agricultura, además, resistencias psicológicas que tanto influyen sobre los comportamientos.

Acostumbrada a desenvolverse en un contexto protegido y cuasi autárquico, la agricultura española ha tenido como otros sectores de nuestra economíaque hacer frente al reto de la liberalización interior y exterior, adaptándose al nuevo esquema comunitario e internacional. No sólo es que la actividad cotidiana de agricultores y ganaderos esté determinada en gran medida por lo que se aprueba en Bruselas sobre política agrícola, sino también por los resultados de la Ronda Uruguay o los acuerdos comerciales con terceros países que afectan directamente a nuestros mercados.

El número de variables que inciden sobre el agricultor y su actividad, y cuyo control parece escapársele, es hoy mayor que nunca. Y esto no es que sea malo ni bueno. Es inevitable y, sobre todo, es lo que ha permitido, y debe seguir permitiendo, llevar adelante un importante proceso de modernización y de adaptación al mundo abierto en que vivimos.

El agricultor y ganadero no puede hoy producir lo que quiera y como quiera con la seguridad de que alguien -hasta ahora el Estado- se lo comprará a un precio fijado. Esta imposibilidad exige un cambio de mentalidad en el sentido de producir para un mercado cada vez más competitivo en el que debe intentar agrupar su oferta, establecer contratos estables con las industrias agroalimentarias o transformar y comercializar directamente su producto. Al agricultor se le exige hoy que sea algo más que un simple productor de materia prima. Y para ello, además de los tradicionales problemas de formación profesional, se requiere explotaciones mejor capitalizadas, con una mayor dimensión y una integración más activa en el complejo agroindustrial del que forma parte.

Desde el Gobierno, las CC AA y desde la propia Comunidad Europea se ha contribuido con medidas de apoyo normativo y financiero a este proceso de modernización. A título de ejemplo, los agricultores españoles recibieron en 1991, sólo del Fondo Europea de Orientación y Garantía Agrícola (FEOGA) -tanto garantía como orientación-, más de 500.000 millones de pesetas. Seguramente, las cifras de dinero destinado a la agricultura desde el Gobierno y otros poderes públicos, aún siendo incontestables e importantes, no son suficientes para vencer las resistencias a los cambios o los problemas existentes. Pero tampoco se pueden echar en saco roto, o hacer como si no existieran.

En todo caso, el problema agrario actual no es sólo cuestión de dinero. Es también un problema de dudas ante el futuro en una actividad con una población cada vez más envejecida, donde aumenta la agricultura a tiempo parcial no profesionalizada y con una sensación creciente de sector subsidiado y en regresión. Frente a ello no hay que resignarse y los agricultores hacen bien en no hacerlo. Y tenemos ya suficientes pruebas en nuestro país de sectores, agricultores o cooperativas. cuyo trabajo de modernización es impresionante.

Hay un futuro claro para una agricultura más moderna, eficiente y redimensionada en la que probablemente no estén todos los que ahora son.

Y ello nos obliga a replantearnos otros problemas como el desarrollo del mundo rural en un contexto más amplio que el agrario, el estímulo tanto del rejuvenecimiento de la población activa como de la profesionalidad del agricultor a título principal o los problemas medioambientales como la erosión y la reforestación cada vez más imbricados en el contexto de la agricultura y el mundo rural.