La OCDE recomienda reformar el mercado de trabaio, controlar el fraude y moderación salarial

La moderación en los incrementos salariales y en los gastos de las administraciones autónomas son medidas necesarias para controlar dos de los males endémicos de la economía española: el déficit presupuestario y la inflación. Así lo afirma el estudio anual sobre España publicado en París por los expertos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que coincide con las tesis planteadas por el ministro de Economía, Carlos Solchaga, en el plan de convergencia con Europa que hoy cierra el Consejo de Ministros. El informe es poco crítico con la política económica del Go...

La moderación en los incrementos salariales y en los gastos de las administraciones autónomas son medidas necesarias para controlar dos de los males endémicos de la economía española: el déficit presupuestario y la inflación. Así lo afirma el estudio anual sobre España publicado en París por los expertos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que coincide con las tesis planteadas por el ministro de Economía, Carlos Solchaga, en el plan de convergencia con Europa que hoy cierra el Consejo de Ministros. El informe es poco crítico con la política económica del Gobierno.

La lucha contra el fraude fiscal y los abusos en el terreno de la protección social deben ser, según la OCDE, dos grandes objetivos españoles en 1992.El informe de la OCDE constata que el crecimiento del PIB en 1991 fue del 2,5%, el más bajo desde 1985. No obstante, los expertos de la organización añaden que fue uno de los más elevados de los países industrializados. El principal factor de la desaceleración fue el repliegue de la inversión fija del sector privado, debido tanto a la política monetaria restrictiva del Gobierno como a la crisis que vive la economía internacional.

La creación de empleo también perdió fuelle, lo que hizo que el índice de paro bajara muy poco y se situara en 1991 en el 16,2%, frente al 16,3% del año anterior. Pero a la OCDE no se le escapa el hecho de que la economía sumergida "sigue ocupando a numerosos trabajadores". Por otra parte, la "generosa política de subsidios de desempleo incita a muchas personas a trabajar durante períodos relativamente cortos para pasar al paro por períodos más largos". Según la OCDE, si se tienen en cuenta esos dos últimos factores, el índice de paro efectivo se sitúa en España entre el 10% y el 12%.

Abusos y fraudes

La OCDE recomienda vigorosamente al Gobierno español una mayor energía en la lucha contra lo que llama "abusos" y "fraudes" en el sistema de protección social, en particular los subsidios de desempleo y el régimen de pensiones por invalidez temporal. Los expertos sugieren una reorganización del INEM en el sentido de un mayor control de los parados y una mayor eficacia en la colocación. También proponen aumentar el tiempo de trabajo que da derecho a prestaciones sociales y encontrar una alternativa al empleo comunitario agrícola. La primera tesis se apuntó como una de las posibles medidas del plan de convergencia para reducir los gastos sociales. El agujero del INEM hasta el año pasado era de más de 300.000 millones de pesetas.

Por el contrario, la OCDE recuerda que el sistema español de pensiones por vejez o jubilación "no es excesivamente generoso" comparado con otros países de la OCDE. Y también afirma que es posible mejorar "considerablemente" la relación coste-eficacia en el sistema nacional de sanidad pública.

Con un alza en 1991 de los precios al consumo del 5,5%, el foso existente entre la inflación española y la de sus principales socios en el seno del Sistema Monetario Europeo "apenas se ha reducido". La OCDE subraya la "lentitud" del proceso de desinflación y anima a las autoridades españolas a privilegiar la lucha contra la subida de precios. "Si España no asegura la convergencia de su inflación con la de sus socios de la Comunidad", dice el informe, "no estará capacitada para aprovechar plenamente los beneficios del crecimiento vinculado a su participación en la próxima etapa de la unión económica y monetaria europea".

El crecimiento de la remuneración de los asalariados en el sector privado superó en 1991 el 8%. La mejora de la productividad, afirma la OCDE, consiguió controlar el crecimiento de los costes unitarios de la mano de obra, que, sin embargo, siguen siendo superiores a los de los principales socios comerciales de España.

Mercado de trabajo

La OCDE cree que España está en condiciones de conseguir en 1992 y 1993 una aceleración del crecimiento acompañada de una desaceleración de la inflación. La organización calcula que el PIB español crecerá en 1992 "un poco menos que el 3%". Esa cifra podrá ser del 3,3% en 1993. No obstante, no cabe esperar una recuperación espectacular de los beneficios de las empresas en los próximos meses, y, por otra parte, la relación entre la inflación y la producción seguirá siendo desfavorable, lo que, según los expertos de la organización, pone sobre el tapete la cuestión de "la necesidad de una mayor moderación salarial".

Si la organización internacional recomienda vivamente a los sindicatos españoles esa "moderación salarial", al Gobierno le sugiere medidas a favor de la flexibilización del mercado de trabajo, la mayor movilidad de la mano de obra y el incremento de la libre competencia en el sector servicios mediante la limitación de los derechos "corporativistas" de los colegios profesionales. Acto seguido, la OCDE constata que "la penuria de viviendas en numerosas regiones y los precios elevados del sector inmobiliario sorprenden en un país que tiene una de las más débiles densidades demográficas de Europa" *

Otro de los defectos estructurales de la economía española es el fraude fiscal. Según los expertos de la OCDE, el fraude fiscal "está muy extendido entre los empresarios, las profesiones liberales, los trabajadores independientes y los agricultores". En cuanto a la política gubernamental en relación al sector público, la OCDE aprueba las medidas de "racionalización" del INI, aunque es consciente del coste social que esa política provoca en casos como el de Hunosa.