Comenzó el juicio por la matanza de seis jesuitas en El Salvador
El proceso contra nueve militares salvadoreños, entre ellos un coronel y dos tenientes, presuntos autores de la matanza de seis jesuitas y dos sirvientas de la Universidad Centroamericana (UCA), en la madrugada de¡ 16 de noviembre de 1989, comenzó ayer en San Salvador. El inicio del juicio puso fin a varias horas de incertidumbre sobre si sería posible conseguir el mínimo exigido por la ley de cinco miembros del jurado dispuestos a correr el riesgo de formar parte de un tribunal civil, que juzgará por primera vez en la historia de El Salvador a militares de alto rango por crímenes contra los d...
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El proceso contra nueve militares salvadoreños, entre ellos un coronel y dos tenientes, presuntos autores de la matanza de seis jesuitas y dos sirvientas de la Universidad Centroamericana (UCA), en la madrugada de¡ 16 de noviembre de 1989, comenzó ayer en San Salvador. El inicio del juicio puso fin a varias horas de incertidumbre sobre si sería posible conseguir el mínimo exigido por la ley de cinco miembros del jurado dispuestos a correr el riesgo de formar parte de un tribunal civil, que juzgará por primera vez en la historia de El Salvador a militares de alto rango por crímenes contra los derechos humanos.
ENVIADO ESPECIAL, Con casi cuatro horas de retraso sobre la hora prevista, comenzó en el edificio de la Corte Suprema en San Salvador, el juicio por la matanza de los que ya casi todos llaman "los mártires de la UCA", el rector Ignacio Bellacuría y cuatro jesuitas españoles, más otro salvadoreño y las dos sirvientas. El retraso en el inicio del proceso parece causado por las dificultades para conseguir los cinco jurados, que siguen la causa ocultos a los ojos de los presentes en la sala para evitar ser identificados y pagar probablemente con la vida su participación en una condena de los militares acusados. -Tras la larga y penosa espera en las puertas del edificio de la Corté Suprema, al filo del mediodía hora local (20.00 en España) pudieron entrar los familiares de los acusados y de las dos salvadoreñas asesinadas, varios compañeros de las víctimas y observadores internacionales.
En la primera fila del espacio reservado a los observadores se sentaron el secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Máximo Cajal, y el embajador de España en El Salvador, Ricardo Peidró. Por parte española también asistieron el ex embajador en El Salvador Fernando Álvarez de Miranda y cuatro diputados de la Comisión del Congreso encargada de elaborar un informe sobre la matanza. Unas filas más atrás se sentaba un sacerdote vasco que se encuentra en El Salvador en representación del Vaticano y el embajador de Estados Unidos, William Walker. Antes de entrar al lugar del juicio, el actual rector de la UCA, el jesuita salvadoreño Francisco Estrada, sucesor del asesinado Ellacuría, expresó su esperanza de que el caso no quede agotado con el Picio actual, "no están los principales, los autores del corazón del crimen". Expresaba así Estrada la tesis extendida entre los jesuitas de la UCA y que confirma el informe de la comisión parlamentaria española de que los inculpados pueden ser los autores, materiales del asesinato pero los inductores están sueltos y ocupan cargos de mayor rango en las Fuerzas Armadas salvadoreñas.
El bien del país
Estrada declaró que espera una sentencia adecuada "no sólo por los compañeros y familiares, sino por el bien del país. Al país, al Gobierno y al mismo cuerpo militar le interesa un juicio condenatorio". Si no se diese una sentencia condenatoria, piensa Estrada que el pueblo quedaría indefenso, "porque si en este caso que es claro se tienen pruebas, no se hace nada, ¿qué será con el campesinado, obreros y sindicalistas, que no cuentan con estos indicios y pruebas? Los primeros perdedores serían los pobres y el pueblo salvadoreño".
Comparecieron en el juicio ayer sólo ocho acusados, porque el noveno, un soldado, se encuentra prófugo. Los ocho presentes se sentaron cara al público y de espaldas al juez. Los ocho visten uniforme con sus rangos y escuchan con gesto impasible la lectura del sumario que describe con detalles horripilantes la forma en que se encontraron los cuerpos y los resultados de las autopsias de los asesinados. Impasible el ademán, con la mirada lejos y la frente levantada, los, acusados producen la impresión de que lo que allí se trata nada tiene que ver' con ellos.
El principal acusado, el coronel Guillermo Benavides, mueve los labios casi sin parar, como si chupase una pastilla. Benavides lleva gafas. Sin uniforme, Benavides pasaría por un insignificante funcionario si no fuese por su mirada dura y desafiante. La lectura del sumario da idea de la brutalidad de la matanza. Los apodos que usaban los militares podrían servir de indicio sobre la clase de personajes que ayer se sentaron en el banquillo. Les llamaban Satanás, Maldito, Coyote, Sansón y Salvaje.
El juicio se celebra en medio de una escalera de la Corte Suprema habilitada con sillas y mesas en medio de un ambiente inhóspito. Rompe la decoración de cemento la mampara de madera construida para ocultar a los jurados, que deberán permanecer encerrados en el recinto hasta emitir su veredicto, que se espera en pocos días.
Se necesita un jurado 'kamikaze'
El juicio por el asesinato de los jesuitas se considera una piedra de toque sobre la necesidad de que El Salvador se adentre de verdad por el camino de la justicia y la paz tras la firma en Nueva York del acuerdo entre el Gobierno y la organización guerrillera Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).Dos son las principales interrogantes que se planteaban ante el comienzo de la causa oral por la matanza de los jesuitas: si realmente se conseguiría constituir un jurado dispuesto a participar en el proceso y la repercusión que tendrá el juicio cuando se acaba de firmar el acuerdo de paz entre el Gobierno y el FMLN.
La apertura del juicio, cuando están a punto de cumplirse dos años de los asesinatos de los seis jesuitas y dos empleadas de la Universidad Centroamericana (UCA) se esperaba con una fuerte dosis de escepticismo en El Salvador. Esta sensación se fundaba no sólo en la duda sobre las intenciones de los poderes fácticos de El Salvador, las Fuerzas Armadas, sino en el hecho de que se someta a juicio por crímenes contra los derechos humanos a un alto oficial y otros militares de rango inferior por primera vez en la historia del país. El elemento más inmediato de desconfianza lo constituye el propio procedimiento penal salvadoreño, que parece aberrante en las circunstancias en que vive el país..
El diputado español Gabriel Cisneros, del Partido Popular, lo apuntó en su intervención en el acto conmemorativo celebrado en la noche del miércoles en la Universidad Centroamericana (UCA), cuando dijo que el sistema de jurados es un procedimiento anglosajón con pocas posibilidades de viabilidad en el momento actual de El Salvador, y sobre todo en un caso tan escandaloso como la matanza de los jesuitas.
12 ciudadanos
El procedimiento penal salvadoreño prevé un sistema de jurados que salen del sorteo entre 12 listas de ciudadanos escogidos con unas características de educación básica y que son citados para comparecer en una diligencia judicial, sin que se les advierta de qué se trata. Se cita a 12 ciudadanos por el procedimiento que lleva el pintoresco nombre de insaculación, que significa sacar los nombres de un saco. Si no se consigue que comparezcan al menos cinco jurados, el juicio queda inmediatamente aplazado. El temor fundado era que nadie se presentase o no se consiguiese el número mínimo imprescindible de jurados.
Si un jurado no acude a la citación del juzgado arriesga una multa de 50 colones (algo menos de 700 pesetas), cantidad irrisoria incluso en un país pobre como El Salvador. Por su. contribución a la justicia, cada jurado percibe por todo el tiempo que dure el juicio una indemnización del 25 colones (menos de 350 pesetas). Si se tiene en cuenta que el proceso lleva al banquillo a un coronel, dos tenientes y un subteniente más cuatro soldados, porque el quinto está en situación de prófugo, resulta difícil imaginar que haya cinco auténticos ciudadanos kamikazes dispuestos a jugarse la vida tras una sentencia de culpabilidad contra unos militares poseídos de un fuerte espíritu corporativo.
Los jurados tienen que ser unos auténticos héroes, porque condenar a los acusados puede significar para ellos, en El Salvador actual y a pesar de acuerdo de paz firmado en Nueva York, apostar la propia vida contra una ínfima multa Está prevista también la posibilidad de una condena por desobediencia para los jurados que no comparecen a la citación judicial, pero ni los más viejos del lugar recuerdan en El Salvador que se haya aplicado esta norma.