El pulso del Acta Única

En diciembre de 1985, los jefes de Estado y de Gobierno de la CE lograron el acuerdo histórico de crear el mercado único de 1993. Aprobaron también relanzar la investigación europea como único camino para competir con la industria de Japón o EEE UU.El dinero destinado a investigación y desarrollo pasaría así de representar el 2% del presupuesto de la CE para situarse en el 6%. El Parlamento Europeo propuso entonces un presupuesto global de 1,3 billones de pesetas, que la Comisión Europea redujo en su propuesta a 910.000 millones y que los Doce recortaron finalmente hasta un máximo de 741.000 m...

En diciembre de 1985, los jefes de Estado y de Gobierno de la CE lograron el acuerdo histórico de crear el mercado único de 1993. Aprobaron también relanzar la investigación europea como único camino para competir con la industria de Japón o EEE UU.El dinero destinado a investigación y desarrollo pasaría así de representar el 2% del presupuesto de la CE para situarse en el 6%. El Parlamento Europeo propuso entonces un presupuesto global de 1,3 billones de pesetas, que la Comisión Europea redujo en su propuesta a 910.000 millones y que los Doce recortaron finalmente hasta un máximo de 741.000 millones. Para algunos países era incluso ir demasiado lejos y España se significó con la propuesta mínima de no pasar de 455.000 millones de pesetas.

El procedimiento de colaboración entre las instituciones sancionado en el Acta Unica dejó en esta fáse reducido al Parlamento Europeo al mero papel de ser oído. La paradoja es que esa participación simbólica se ve rafórzada con el procedimiento de cooperación (doble lectura y propuestas de enmienda parlamentarias) a la hora de sacar adelante los programas que desarrollan el plan completo. Ahí surgió la pelea y desde el pasado septiembre el resultado ha sido un pulso, enmarcado en el porvenir más ambicioso de competencias comunitarias que ofrecen los proyectos de unión europea. El choque de la Eurocámara con los Gobiernos subió de tono tras aprobarse el presupuesto de 1990. Aprovechando sus competencias sobre presupuestos, el Parlamento rectificó a los Gobiernos y les coló 26.000 millones de pesetas más para investigación.