El 80% de la actividad industrial valenciana genera residuos tóxicos

El 80% de las actividades industriales valencianas generan residuos tóxicos y peligrosos, estimados por los técnicos de la Agencia del Medio Ambiente de la Generalitat valenciana en 132.000 toneladas anuales. Esta problemática medioambiental resulta especialmente "grave" en las comarcas de L'Horta, La Plana de Castellón y L'Alacantí, según la Agencia.La puesta en marcha de¡ Plan Nacional de Residuos Tóxicos y Peligrosos, regulado por la Ley 20/1986, con sus respectivas sanciones, ha provocado una reacción en cadena en círculos empresariales y en la propia Administración. El pasado 30 de abril ...

El 80% de las actividades industriales valencianas generan residuos tóxicos y peligrosos, estimados por los técnicos de la Agencia del Medio Ambiente de la Generalitat valenciana en 132.000 toneladas anuales. Esta problemática medioambiental resulta especialmente "grave" en las comarcas de L'Horta, La Plana de Castellón y L'Alacantí, según la Agencia.La puesta en marcha de¡ Plan Nacional de Residuos Tóxicos y Peligrosos, regulado por la Ley 20/1986, con sus respectivas sanciones, ha provocado una reacción en cadena en círculos empresariales y en la propia Administración. El pasado 30 de abril finalizó el plazo de presentación de una declaración sobre residuos tóxicos en la que los empresarios están obligados a especificar los materiales utilizados y los residuos producidos anualmente. La obligación de declarar se implantó por primera vez el año pasado y tan sólo unas 30 empresas del País Valenciano declararon la clase de residuos tóxicos que producen. Tanto sectores empresariales como administrativos han resaltado la ausencia de plantas de tratamiento de residuos peligrosos en la zona.

La primera iniciativa impulsada por la empresa pública Seguridad Promoción Industrial Valenciana (Sepyva), la Asociación de Empresarios de Recubrimientos Metálicos (Ascrem) y la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Valencia se ha materializado en un plan de viabilidad para instalar una planta de tratamiento de residuos fisico-químicos.

La inversión necesaria para acondicionar la empresa española a la legislación comunitaria en materia medioambiental se estima en dos billones de pesetas, según las previsiones del Gobierno.