El PNV recurrirá al Constitucional si no se admiten sus enmiendas a la LOSE

El PNV anuncio ayer en Bilbao que presentará una enmienda a la totalidad de la ley de Ordenación del Sistema Educativo (LOSE) y un recurso ante el Tribunal Constitucional si el proyecto legislativo que resulte aprobado "no respeta las competencias educativas del País Vasco". Representantes del PNV se entrevistaron el lunes con el ministro de Educación, Javier Solana, quien se comprometió a crear unas comisiones de trabajo para estudiar las enmiendas parciales que los nacionalistas vascos intenten introducir.El PNV considera que el borrador presentado no garantiza la autonomía en materia educat...

El PNV anuncio ayer en Bilbao que presentará una enmienda a la totalidad de la ley de Ordenación del Sistema Educativo (LOSE) y un recurso ante el Tribunal Constitucional si el proyecto legislativo que resulte aprobado "no respeta las competencias educativas del País Vasco". Representantes del PNV se entrevistaron el lunes con el ministro de Educación, Javier Solana, quien se comprometió a crear unas comisiones de trabajo para estudiar las enmiendas parciales que los nacionalistas vascos intenten introducir.El PNV considera que el borrador presentado no garantiza la autonomía en materia educativa y es contrario al pacto de gobierno entre el PNV y el PSE-PSOE "que mencionaba la creación de cuerpos docentes no universitarios propios de la comunidad autónoma vasca".

Definir puestos

Según los nacionalistas, no queda asegurada la posibilidad y la necesidad de definir "los puestos docentes como bilingües e imposibilita el camino marcado por la ley de la Función Pública Vasca para que los profesores de las ikastolas (escuelas en lengua vasca) que decidan la confluencia con la red pública vasca puedan integrarse en los cuerpos docentes de la comunidad autónoma".

El PNV considera imprescindible que la LOSE garantice una reordenación más concreta de la formación profesional y la enseñanza obligatoria y gratuita desde los tres hasta los 16 años, y pide una participación más decisoria de las comunidades autónomas en el establecimiento del calendario para la implantación de la reforma.