Las competencias y el dinero

Los trabajos de redacción del Plan Nacional de Catedrales, iniciados el pasado mes de mayo en Madrid, se desarrollan en una doble vertiente: el debate de los aspectos técnicos y el de las cuestiones que tienen un mayor contenido político, derivadas, principalmente, de la necesidad de conciliar las competencias de las distintas instituciones implicadas, es decir, la Iglesia, la Administración central y las comunidades autónomas.En la discusión de los aspectos técnicos no se prevén grandes dificultades. En el plano político, en cambio, los obstáculos se presumen de mayor importancia. La propuest...

Los trabajos de redacción del Plan Nacional de Catedrales, iniciados el pasado mes de mayo en Madrid, se desarrollan en una doble vertiente: el debate de los aspectos técnicos y el de las cuestiones que tienen un mayor contenido político, derivadas, principalmente, de la necesidad de conciliar las competencias de las distintas instituciones implicadas, es decir, la Iglesia, la Administración central y las comunidades autónomas.En la discusión de los aspectos técnicos no se prevén grandes dificultades. En el plano político, en cambio, los obstáculos se presumen de mayor importancia. La propuesta de la Administración central de otorgar al plan el rango de orden ministerial, por ejemplo, ha sido rechazada enérgicamente por los representantes autonómicos, a quienes compete la función de velar por la conservación del patrimonio.

A juicio del director general del Patrimonio de la Generalitat, Eduard Carbonell, existen dos cuestiones básicas que es preciso concretar antes de entrar en mayores precisiones: la función que corresponderá en el desarrollo o gestión del plan a cada una de las administraciones implicadas y la aportación presupuestaria que el Ministerio de Cultura está dispuesto a comprometer en la puesta en marcha del proyecto.

Carbonell considera que la gestión del plan debería abordarse a través de dos comisiones, una a nivel general, en la que estuvieran representadas las tres partes implicadas, y otra, de carácter bipartito -Iglesia-Administración autonómica-, en cada una de las autonomías comprometidas en el proyecto. La comisión general gestionaría, según la propuesta de Carbonell, la primera fase del plan, es decir, la elaboración de los estudios previos, y administraría las aportaciones económicas del ministerio. Las comisiones autonómicas velarían por el desarrollo del plan en sus fases de ejecución.

Pío García-Escudero, director general de Patrimonio de la Junta de Castilla y León, coincide con Carbonell, aunque utiliza términos mucho más enérgicos al expresar sus opiniones: "No aceptaremos ningún tipo de tutela. El ministerio no debe enseñarnos nada; nuestros técnicos son tan buenos como los que pueda aportar la Administración central". "Lo importante", concluye, "es saber a qué se compromete el ministerio".