Vicios privados y públicas virtudes
Después de que los traficantes de droga colombianos se ofrecieran a pagar la deuda externa de su país a cambio de seguir con las manos libres en sus negocios, pareció evidente que sería difícil encontrar algo nuevo bajo el sol. Lo que ocurre en Venezuela no lo es, pero sí resulta extraordinario el descaro (quizá habría que hablar de tranquila naturalidad) con que algunos protagonistas formulan sus exigencias.Tal como ha informado la prensa, la justicia venezolana destapó una serie de escándalos financieros en los que resultaron implicados altos funcionarios de empresas transnacionales. Una cot...
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Después de que los traficantes de droga colombianos se ofrecieran a pagar la deuda externa de su país a cambio de seguir con las manos libres en sus negocios, pareció evidente que sería difícil encontrar algo nuevo bajo el sol. Lo que ocurre en Venezuela no lo es, pero sí resulta extraordinario el descaro (quizá habría que hablar de tranquila naturalidad) con que algunos protagonistas formulan sus exigencias.Tal como ha informado la prensa, la justicia venezolana destapó una serie de escándalos financieros en los que resultaron implicados altos funcionarios de empresas transnacionales. Una cotización preferencial para cierto tipo de dólar habría permitido a esas empresas, mediante el consabido manejo de sobre y subfacturación y otras argucias, realizar dividendos extraordinarios. Así se evaporó una parte sustancial de las reservas públicas venezolanas durante la Administración anterior. Uno de los más notorios personajes acusados es Néstor Rapanelli, alto ejecutivo de la empresa Bunge y Born, quien salió de Venezuela y oficia actualmente de ministro de Economía en Argentina. La justicia venezolana ha dictado orden de detención contra ejecutivos de varias empresas, entre ellas Ford y General Motors.
Pero el Gobierno venezolano encuentra graves dificultades para seguir adelante con la investigación, ya que la inversión extranjera, esencial para la recuperación económica, amenaza con retirarse del país. Gravemente ofendidos en su honor, los inversores han utilizado de portavoz nada menos que a un miembro de la comisión de relaciones exteriores del Senado de Estados Unidos, Richard Lugar, quien afirmó en Caracas que "antes de venir a Venezuela, varios hombres de negocios me indicaron que ellos no podían darse el lujo de permitir que sus principales ejecutivos estuvieran amenazados por la posibilidad de ser encarcelados por un tiempo, y que como resultado de esto la mayoría se ha ido de Venezuela y la inversión futura por parte de esas compañías no se producirá" (EL PAÍS, 22-8-1989). Lugar solicitó personalmente al presidente, Carlos Andrés Pérez, que "... las discusiones sean enfocadas sobre las compañías específicas y no sobre los individuos y que se agilice la justicia, de manera que la inversión de las empresas extranjeras no se posponga durante meses y años".
. Para ver más clara la amenaza, echarle agua. Pero las frases de Lugar tienen mucha miga. En primer lugar, ¿a quién representa ese señor, al Senado de Estados Unidos o a empresas privadas de ese país? La respuesta puede inferirse de otra frase suya, pronunciada esta vez ante periodistas. Preguntado sobre si para su Gobierno era primordial la solución del caso Recadi (uno dé los escándalos más notorios) o la deuda externa de Venezuela, respondió: "La restauración de la confianza vendrá después de la solución al caso Recadi. Por el momento la situación de Recadi es un obstáculo formidable... ". Así, la solución del crucial problema del peso de la deuda externa venezolana, que depende en gran medida de la actitud que adopte el Gobierno norteamericano, queda condicionada a que la justicia venezolana contemple con premura la situación de los ejecutivos implicados o "enfoque las discusiones (?) sobre las compañías específicas", lo que permitiría a éstas invocar la jurisdicción de Estados Unidos. Lugar dijo claramente que su Gobierno ha perdido la confianza en Venezuela a pesar de que este país es uno de los más puntuales pagadores, como lo reconoció en Caracas el subsecretario del Tesoro de Estados Unidos, David Mulford- porque la justicia venezolana intenta cumplir con su misión. En otras palabras, que la moral del Gobierno norteamericano se asemeja en este punto a la de los narcotraficantes colombianos: no habrá ayuda para solucionar los asuntos públicos mientras no haya impunidad
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Vicios privados y públicas vjrtudes
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para los negocios privados, aunque éstos sean Ilegales.
Last, but not least, el tono y las sugerencias de Lugar son de una arrogancia que seguramente no podría permitirse en su propio país. Cuando ante un caso tan grave un representante oficial dice a sus arifitriones que las compañías acusadas "no pueden permitirse el lujo de que sus principales ejecutivos estuvieran amenazados"; cuando afirma que sólo irían a la cárcel "por un tiempo" (¿qué o quién le asegura que no serán encontrados culpables y condenados?), y cuando reconoce y justifica de manera implícita que Ia mayoría" ha huido de Venezuela, no sólo da muestra de falta de tacto, sino que se comporta como un procónsul.
Como se ha dicho, este caso no ofrece la insólita novedad que en su momento representó la oferta de los narcos colombianos, salvo en la brutalidad con que se expresa y en la pública extorsión que un país hace a otro para defender intereses privados presuntamente ilegales. Al contrario, el hecho obedece a una ley de los negocios de las compañías transnacionales en el Tercer Mundo que se repite inexorablemente. Cuanto mayor y más decisiva es la influencia del capital transnacional en la economía de un país, más impotente se encuentra éste para desarrollar sus propios proyectos y aplicar sus leyes. En el caso de las frágiles democracias latinoamericanas, éste es el meollo de los problemas que encuentran para consolidarse. Siendo económicas sus principales dificultades, se les pide que honren sus compromisos internacionales, que reduzcan las dimensiones del Estado para acabar con el déficit, que terminen con la corrupción y den piedra libre a la iniciativa privada. La brutal pauperización de enormes sectores de la sociedad, el atraso social y cultural y todos los problemas sociales que ello comporta sería el precio apagar por la modernización -esa milagrosa palabra de moda- y un futuro mejor. Pero ocurre que aun aceptando esa lógica, extremadamente dudosa en las condiciones concretas de América Latina, los Gobiernos que se deciden a aplicarla sólo pueden hacerlo en una dirección: los asalariados, los pequeños y medianos empresarios nacionales y, en general, los sectores más pobres de la sociedad.
El caso venezolano es ejemplar. Las draconianas medidas económicas del nuevo Gobierno provocaron el caracazo. El Estado reprimió brutalmente y la sociedad, por ahora, tasca el freno. En cuanto se intentó una tibia y, elemental medida de orden en otra dirección, llegó Lugar. Lo que en América Latina se entiende por "crear condiciones para el desarrollo de la iniciativa privada" es en realidad el mantenimiento de las condiciones para que el gran capital privado internacional haga lo que le venga en gana y tenga al Estado a su servicio. Si se trata, por ejemplo, de aplicar un verdadero orden fiscal, es inevitable, imprescindible, tocar a las grandes compañías. Durante el Gobierno de Raúl Alfonsín en la Argentina, suministro de Economía declaró que la mitad de la actividad económica era subterránea. Un diputado radical, economista de profesión, amenazó varias veces con suministrar a la Prensa un documento en el que quedaba demostrado que las veinte principales empresas de] país, la mayoría de ellas transnacionales, evadían lo esencial de sus impuestos. La amenaza nunca se cumplió, la reforma fiscal argentina quedó en agua de borrajas y al Gobierno de Alfonsín le pasó lo que le pasó. La situación es similar en todos los países.
En un reciente artículo (EL PAÍS, 6-8-89) Alain Touraine afirma que las democracias latinoamericanas tienen ante sí tres salidas posibles.
La primera es la exigida actualmente, un drástico ajuste, con alta concentración del capital en el sector exportador y compresión del mercado interno.
La segunda es su probable consecuencia: el gran sector marginado de la sociedad se opone y entonces es el caos y la consecuente solución autoritaría. La tercera, según Touraine, "se apoya en la constitución de alianzas políticas de izquierda que combinen el fortalecimiento de las exportaciones con la mejora de los servicios -educación, vivienda, sanidad- que se prestan a la mayoría de la población". Ideal. Pero el gobierno democrático latinoamericano que aspire realmente a este último objetivo deberá volverse, en primer lugar, contra ]os intereses transnacionales y sus representantes locales. Si no va a fondo en esa tarea, si no lucha hasta el final de todos los frentes para que en su país los derechos y obligaciones de] capital sean al menos los mismos que en los países centrales, termina en el fracaso y el descrédito más estrepitosos, como le ocurrió a Raúl Alfonsín y le ocurre en Perú a Alan García.
Las revoluciones burguesas latinoamericanas que propugna hoy el progresismo internacional enfrentan un enemigo de piel mucho más dura que la que en su momento opusieron las monarquías europeas. Por eso la gran incógnita es si la democracia es viable en América Latina mientras la lógica de] capital internacional siga siendo la que el senador Lugar expresó en Venezuela.