El Gobierno estudia elevar hasta el 3,5% o 4% el objetivo de inflación para el año próximo

El objetivo gubernamental de inflación para 1989 se situará en el 3,5% o 4%, si prosperan las propuestas que prepara Economía y Hacienda para que el ministro, Carlos Solchaga, las someta a la próxima reunión del Gobierno. Hasta ahora era inamovible el 3% en los documentos que han servido de base para discutir los Presupuestos del Estado para 1989, a pesar de las dificultades que anticipaban medios de la Administración y del Ejecutivo antes de conocer la fuerte subida de los precios en agosto. Los preparativos para elevar el objetivo se extienden a otros ámbitos distintos al cuadro macro económ...

El objetivo gubernamental de inflación para 1989 se situará en el 3,5% o 4%, si prosperan las propuestas que prepara Economía y Hacienda para que el ministro, Carlos Solchaga, las someta a la próxima reunión del Gobierno. Hasta ahora era inamovible el 3% en los documentos que han servido de base para discutir los Presupuestos del Estado para 1989, a pesar de las dificultades que anticipaban medios de la Administración y del Ejecutivo antes de conocer la fuerte subida de los precios en agosto. Los preparativos para elevar el objetivo se extienden a otros ámbitos distintos al cuadro macro económico, como el de las escalas y deducciones del impuesto sobre la renta, que se adecuarán a la nueva meta.

La subida del 1% en el índice de precios al consumo de agosto, después de que éste aumentara el 1,3% en julio, no sólo provocará la revisión al alza del objetivo de inflación para el presente año, dato que será hecho público el próximo día 30 por el Ministerio de Economía y Hacienda. Técnicos de este departamento procedían ayer a reformular también la documentación del proyecto de Presupuestos del Estado para 1989 a partir de nuevas previsiones. Mientras para el presente año trabajaban con las hipótesis del 4,5% o 5%, sus propuestas para 1989 apuntaban al 3,5% y 4%.

El objetivo que lleve Solchaga al próximo Consejo de Ministros, o el que se fije después el Gobierno, dependerá tanto de estos trabajos como de la voluntad política del Ejecutivo, según fuentes allegadas a dichos preparativos. Pero otros medios apuntaron que, ya antes de conocer el índice de agosto, en el seno del Consejo de Ministros, al igual que previamente en la Administración, se habían puesto de relieve las dificultades y los efectos negativos que se derivarían de mantener el 3%. Este guarismo fundamentó todos los números de los Presupuestos hasta la pasada semana. La decisión de pactar un 4% más deslizamientos para las pensiones y salarios de los funcionarios ya significó admitir la necesidad de mayor flexibilidad ante el comportamiento negativo que empezaron a manifestar los precios al consumo desde julio.

Fuentes de la Administración indicaban ayer que el objetivo del 3% parecía requerir del apoyo de todas las políticas, incluso antes de conocerse el rebrote de los precios en julio y agosto (véase EL PAÍS de pasado 11 de agosto), pero ahora ya es insostenible para 1989, aunque pueda mantenerse como horizonte de cara a 1992.

El año pasado, cuando también se fijó el 3% para 1988, surgieron asimismo serias dudas y se elevaron voces en la Administración que apostaban por el 4% o incluso una cifra más alta, aunque entonces la economía internacional marchaba por derroteros menos desfavorables en materia de precios y el panorama interior se mostraba más apacible: casi la mitad de los salarios estaban predeterminados por la negociación de 1987.

Insistir en el 3% cuando las perspectivas son ahora peores y el objetivo de 1988 se ha incumplido, entrañaría el riesgo, según las mismas fuentes, de perder en el futuro el activo antiinflacionista de una negociación salarial que tendía a excluir las cláusulas de revisión. Desde esta perspectiva, el cambio trataría de evitar que la pérdida de credibilidad en los objetivos fuera perniciosa tanto a corto como a largo plazo.

Otros argumentos

Pero otros argumentos recogidos en la Administración abundan en la misma idea desde apreciaciones de carácter estructural. Parten de que en que la inflación subyacente española —los precios al consumo sin energía ni alimentos perecederos— está anclada en más del 5% no sólo por la mayor alegría salarial de los dos últimos años ni porque en los principales países europeos los precios tiendan actualmente al alza, sino porque en España hay un mayor crecimiento económico y porque empiezan a tocar suelo las posibilidades de reducir la inflación en España.

"El escenario propuesto", decía un documento utilizado por el Gobierno antes de conocer el aumento del 2,3% en los precios durante julio y agosto, "estima una cierta dificultad para reducir la tasa de inflación española por debajo del 3% [tasa media comunitaria hasta principios del pasado verano], debido a la menor flexibilidad y al inferior grado de desarrollo que la estructura económica presenta en relación a la de otros países de nuestro entorno. La relativa rigidez del mercado laboral y el superior crecimiento de la recaudación impositiva por razones de gestión son dos factores que por si solos darían lugar a un cierto diferencial de inflación".

El ministro de Economía y Hacienda, después de explicar ayer en el Congreso de Diputados al Grupo Socialista la ley de Haciendas Locales, declaró a un grupo de periodistas que "el Gobierno no ha tirado la toalla en materia de inflación, aunque tiene una razonable preocupación". Solchaga afirmó: "No nos conformamos con que la inflación esté en el 4% o 5%, sino que tiene que bajar hacia el 3%".

Aunque Solchaga señaló que "el índice de precios de un mes o dos no hace primavera", el ministro insistió también en que mientras siga la inflación subyacente por encima del 5% es muy difícil alcanzar el objetivo del 3%".