Chile , sin excepcion

EL TÉRMINO del estado de emergencia y del estado de peligro de perturbación de la paz interior en Chile, a cinco días de que se reúnan los comandantes en jefe de las fuerzas armadas para designar el candidato al plebiscito de sucesión presidencial que se celebrará en octubre, es la principal concesión que la Junta de Gobierno ha arrancado al general Augusto Pinochet para dar ciertos visos de legitimidad al referéndum unipersonal, un mal sucedáneo de las elecciones libres. Desde hace un año, los miembros de la Junta han ido renunciando a sus pretensiones de que el candidato ideal ...

EL TÉRMINO del estado de emergencia y del estado de peligro de perturbación de la paz interior en Chile, a cinco días de que se reúnan los comandantes en jefe de las fuerzas armadas para designar el candidato al plebiscito de sucesión presidencial que se celebrará en octubre, es la principal concesión que la Junta de Gobierno ha arrancado al general Augusto Pinochet para dar ciertos visos de legitimidad al referéndum unipersonal, un mal sucedáneo de las elecciones libres. Desde hace un año, los miembros de la Junta han ido renunciando a sus pretensiones de que el candidato ideal para el referéndum fuera un civil y no Pinochet, de que hubiera elecciones libres y de que las fuerzas armadas no corrieran el riesgo de una derrota electoral.Todo indica que Pinochet será designado candidato, pero no de manera incondicional, sino sujeto al respeto de ciertas garantías mínimas. El autócrata, acostumbrado a imponer reglas, el mismo que sostuvo que "no se mueve una hoja" sin que él lo sepa, ha debido negociar con los otros tres comandantes en jefe de las fuerzas armadas para asegurar su designación sin que surjan discrepancias en la reunión a puerta cerrada en que se realizará la designación.

Por primera vez desde el sangriento golpe militar del 11 de septiembre de 1973 podría existir cierta normalidad institucional si es que el régimen está dispuesto a aplicar realmente esta medida y a profundizarla. Pero la tiranía subsiste. Los chilenos no han dormido en dictadura para despertar en democracia al día siguiente. El régimen dispone de un poder judicial sumiso y de una abundante legislación restrictiva que ha promulgado en los últimos años, prevista precisamente para mantener sojuzgada a la oposición y a la Prensa, aunque se acabaran las atribuciones excepcionales que le conceden los estados de excepción. Además, su intención de perpetuar por ocho años más, hasta 1997, una democracia protegida, con un Parlamento parcialmente designado y preponderancia de las fuerzas armadas en la vida política, es en esencia un proyecto antidemocrático.

La existencia de una policía secreta que tortura a los detenidos y de grupos vinculados a los servicios de seguridad que secuestran y amenazan a los opositores -como denunció Amnistía Internacional-, los casi 500 prisioneros políticos, la prohibición de los partidos de izquierda, la desigualdad en que los partidarios del no desarrollan su campaña electoral y los procesos judiciales contra 30 periodistas son otras tantas pruebas del carácter del actual régimen chileno. El hecho de que el mismo día en que se estrenó la normalidad institucional la policía saltase las rejas del hogar del director de la revista Cauce, Francisco Herreros, y se lo llevara detenido muestra el real alcance de¡ término de los estados de excepción.

La mayoría de los dirigentes de la oposición ha declarado que esta medida es "positiva", pero absolutamente "insuficiente y tardía". Si el régimen respeta su propia legalidad, y la oposición la pone a prueba en forma cotidiana, movilizándose unitaníamente para exigir mayores libertades y el respeto de las pocas concedidas, los chilenos tal vez podrían desde ahora realizar concentraciones sin permiso previo, publicar diarios y revistas sin autorización. A su vez, el régimen ya no podrá deportar a cualquier localidad de Chile, detener o exiliar a los opositores por un mero expediente administrativo. La posibilidad de regreso de los exiliados no ha sido aclarada aún por el Gobierno, que dictó una legislación especial para mantener las trabas existentes al respecto.

La actitud que asuma la dictadura en materia del exilio será decisiva para determinar hasta dónde llega en sus medidas de liberalización. Los exiliados, a su vez, tienen la oportunidad de poner a prueba el real ánimo del régimen, como lo hizo el ex vicepresidente socialista Clodomiro Almeyda al regresar hace un año y medio, desafiando la legalidad, para ejercer el derecho a vivir en su país, por lo cual se encuentra encarcelado. La causa de la democracia tiene aún un largo camino por recorrer en Chile antes de que el país pueda retomar a una verdadera normalidad.