Un descontrol público

Está claro que el origen de todos los abortos clandestinos que siguen produciéndose en nuestro país está en la legislación restrictiva vigente, que lleva a las mujeres a buscar vías marginales carentes de control sanitario. Sin embargo, la reciente muerte de una mujer tras ser atendida en una clínica privada en Coslada debe hacernos reflexionar también sobre las condiciones de trabajo y el control público de las actividades sanitarias en las clínicas privadas de Madrid, a fin de evitar equívocos que en este caso se han producido.Para la Asociación de Planificación Familiar de Madrid el problem...

Está claro que el origen de todos los abortos clandestinos que siguen produciéndose en nuestro país está en la legislación restrictiva vigente, que lleva a las mujeres a buscar vías marginales carentes de control sanitario. Sin embargo, la reciente muerte de una mujer tras ser atendida en una clínica privada en Coslada debe hacernos reflexionar también sobre las condiciones de trabajo y el control público de las actividades sanitarias en las clínicas privadas de Madrid, a fin de evitar equívocos que en este caso se han producido.Para la Asociación de Planificación Familiar de Madrid el problema del aborto es un problema de atención a la salud materno-infantil de la población. Las prestaciones de interrupción de embarazo no deben considerarse, por tanto, como actividades aisladas, sino en el marco de la atención que reciben las mujeres en edad fértil en los centros sanitarios, ya sean éstos públicos o privados. El funcionamiento de los equipos de salud por programas no es algo de invención reciente, sino que es el modelo de trabajo recomendado por la Organización Mundial de la Salud y puesto en práctica en los países desarrollados a partir de los años setenta. Se trata de partir de un enfoque global de la salud, interrelacionando las distintas actividades. Y en este método de trabajo fueron pioneros los centros municipales de salud en el ámbito de la comunidad autónoma de Madrid. Así, cuando una mujer acude a uno de dichos centros demandando un anticonceptivo, no sólo se le realizarán las exploraciones oportunas para saber si dicho anticonceptivo es inofensivo para ella, sino que además se le explicarán los distintos métodos posibles, se le asesorará sobre sexualidad, prevención de cáncer, enfermedades de transmisión sexual y se le ofertarán otras posibilidades de consulta para el futuro (preparación al parto, vacunaciones, etcétera). Estas actividades, recientes en España en el sector público, son casi desconocidas en el sector privado, donde normalmente a una mujer que solicita un anticonceptivo se la examina y se le receta el método que resulte pertinente. Sirva lo dicho hasta aquí para dejar claro que una clínica como la de Coslada, implicada en el trágico suceso, no es un centro de planificación familiar, sino un lugar donde se recetan anticonceptivos, entre otras actividades.

Existe un intento interesado de desprestigiar la sanidad pública por parte de sectores que ven en la salud un negocio. La disminución de recursos sanitarios llevada a cabo por el Gobierno del PSOE ha dado lugar a un deterioro de ciertas prestaciones sanitarias, que facilita esta labor de desprestigio. En el campo que nos afecta es evidente que listas de espera de seis meses, normales en los centros de planificación familiar para acudir a una primera consulta, sirven de caldo de cultivo para hacer llegar a la población "lo mal que está la sanidad pública". Los trabajadores de los centros de salud somos los primeros interesados en que la planificación familiar se integre en la red sanitaria pública para que llegue a toda la población como un derecho. Por eso hemos sido los primeros en exigir un aumento de recursos sanitarios para planificación familiar, una normalización de las intervenciones de ligadura de trompas y de vasectomía. Y ahora pedimos que se incluya el aborto en la red pública dentro de los programas de atención materno-infantil.

Pero con igual claridad esta asociación quiere expresar su profunda preocupación por la falta de normativas que regulen las condiciones de asistencia a las mujeres y a los recién nacidos en las clínicas privadas. Las competencias de dicha regulación están atribuidas a las comunidades autónomas. En la nuestra, hasta el 12 de diciembre de 1985, fecha en que se aprobó el decreto sobre centros, servicios y establecimientos sanitarios, no existía ninguna reglamentación. Una orden posterior desarrolla dicho decreto.

Estadísticas

Asimismo, tampoco existe una regulación suficiente de los datos estadísticos precisos para obtener indicadores básicos del nivel de salud. En el caso concreto que nos ocupa, la reglamentación es imprescindible, ya que en España los recién nacidos sólo son dados de alta en el Registro Civil después de pasadas las 24 horas de vida. ¿Cómo se sabe entonces el número de fetos muertos antes del parto, en el parto o después del mismo, y antes de las 24 horas de vida?. Teóricamente la información es canalizada hacia el Instituto Provincial de Estadística mediante el Boletín de Partos, pero en la práctica esto se hace según la voluntad de cada centro, produciéndose una infradeclaración que no permite la obtención de datos fiables. Los hospitales públicos de Madrid, por propia iniciativa, publican datos de mortalidad perinatal, neonatal y otros. Sin embargo, no nos consta que esta iniciativa exista en el sector privado madrileño. De esta forma, el concepto de asistencia, buena o mala, queda limitado a valoraciones de gran subjetivismo, muy arriesgadas en el terreno de la salud.

En este contexto resulta difícil realizar una valoración técnica del real decreto de 21 de noviembre de 1986 sobre centros sanitarios acreditados para la práctica legal del aborto. Resalta, no obstante, en un primer análisis el que los centros privados puedan tener un hospital público de referencia para atender posibles complicaciones. Es contradictorio que la sanidad pública no asuma la interrupción de embarazo y sí los problemas derivados de las clínicas privadas. Igualmente no es razonable que los abortos en centros públicos sean realizados por ginecólogos y con presencia de anestesista, y estos especialistas no sean requeridos en la atención privada, según el decreto. Claro que como tampoco se exigen para la atención al parto, la crítica aislada de esta insuficiencia, como ha hecho el Consejo General de Colegios Médicos, resulta puramente demagógica.