La polémica trayectoria de un joven acusador público

La trayectoria profesional del joven fiscal Emilio Valerio Martínez de Muniaín -aún no ha cumplido los 30 años- ha estado marcada por la polémica. Sus deseos de conducir las investigaciones por donde él intuía o creía que debían dirigirse han chocado frecuentemente con la escala jerárquica establecida en la Fiscalía General del Estado.Las peticiones del fiscal Valerio Martínez al juez de Bilbao, en enero de 1985, para que ordenara la investigación de determinados servicios de información del Estado -como el de la Guardia Civil o el CESID (Centro Superior de Investigación para la Defensa)- en e...

La trayectoria profesional del joven fiscal Emilio Valerio Martínez de Muniaín -aún no ha cumplido los 30 años- ha estado marcada por la polémica. Sus deseos de conducir las investigaciones por donde él intuía o creía que debían dirigirse han chocado frecuentemente con la escala jerárquica establecida en la Fiscalía General del Estado.Las peticiones del fiscal Valerio Martínez al juez de Bilbao, en enero de 1985, para que ordenara la investigación de determinados servicios de información del Estado -como el de la Guardia Civil o el CESID (Centro Superior de Investigación para la Defensa)- en el asesinato del dirigente de Herri Batasuna, Santiago Brouard -llevado a cabo el 20 de noviembre de 1984 en la puerta de su consulta de médico en Bilbao- provocaron la alarma del Gobierno socialista, y desencadenaron su relevo al frente de este delicado caso.

Las peticiones del juzgado de Bilbao llegaron hasta el ministro de Justicia, Fernando Ledesma, quien informó del asunto a Cándido Conde Pumpido, fiscal general en funciones ante la ausencia entonces del titular, Luis Burón. Conde Pumpido habló con el fiscal jefe de Bilbao, Fermín Hernández, quien le confirmó que las peticiones habían sido presentadas por Valerio Martínez pero sin conocimiento suyo. Hernández le trasmitió que se iba a encargar personalmente del caso, y poco después el fiscal Valerio Martínez era relevado de la investigación.

La Fiscalía General del Estado le sancionó posteriormente por considerar que su actuación en el caso Brouard constituyó una falta leve de negligencia en el ejercicio de su cargo. Valerio Martínez había realizado unas polémicas declaraciones en las que señaló que el asesinato de Brouard se podía haber evitado y que algunas personas podían haber tenido conocimiento previo del atentado.

"Hay responsabilidades de acción y de omisión de aquellas personas que sabían o debían saber. De alguien que podía tener conocimiento", manifestó textualmente Valerio Martínez. Una vez relevado de la investigación, el fiscal declaró en el sumario que instruía el juez de Bilbao, dado que sus indagaciones y su conocimiento del caso podían aclarar o ayudar en el desarrollo de las pesquisas. Valerio Martínez declaró entonces que las gestiones policiales se vieron fuertemente obstaculizadas cuando el juzgado envió a Madrid dos oficios solicitando la investigación de determinados servicios de información del Estado.

"Las conexiones entre este último hecho desafortunado" decía Valerio Martínez, "y la presencia en el asesinato de un infiltrado parecen aludir a alguna trama negra localizada en un, servicio policial o de inteligencia".

En septiembre de 1985, Valerio Martínez fue destinado, a petición propia, a la Audiencia Territorial de Madrid, donde estuvo encargado de varios casos relacionados con la libertad de expresión que también fueron recogidos en los medios informativos.

Luego pasó a la fiscalía del Juzgado de Instrucción número 4 de Madrid, que instruye el sumario por el superatraco al Banesto, donde aparecen presuntamente implicados varios miembros de la denominada red de corrupción policial.

Las actuaciones de Emilio, Valerio Martínez en el caso Banesto han desencadenado su relevo.