El episcopado español protesta por la expulsión de Nicaragua del obispo Vega
La Conferencia Episcopal Española protestó ayer ante el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, por la expulsión del país del vicepresidente del episcopado nicaragüense, Pablo Antonio Vega. El presidente de la Conferencia Episcopal de Costa Rica, Román Arrieta Villalobos, condenó también, "clara y rotundamente" la medida del Gobierno sandinista y pidió a los obispos de todo el mundo que denuncien la actitud de las autoridades de Managua con la Iglesia. "Ha llegado el momento", dijo, de que la Iglesia, por medio de las conferencias episcopales de todo el mundo, haga oír su voz".
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La Conferencia Episcopal Española protestó ayer ante el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, por la expulsión del país del vicepresidente del episcopado nicaragüense, Pablo Antonio Vega. El presidente de la Conferencia Episcopal de Costa Rica, Román Arrieta Villalobos, condenó también, "clara y rotundamente" la medida del Gobierno sandinista y pidió a los obispos de todo el mundo que denuncien la actitud de las autoridades de Managua con la Iglesia. "Ha llegado el momento", dijo, de que la Iglesia, por medio de las conferencias episcopales de todo el mundo, haga oír su voz".
El obispo nicaragüense Pablo Antonio Vega, número dos de la jerarquía de la Iglesia nicaragüense, fue conducido ayer al arzobispado de Tegucigalpa por las autoridades de inmigración hondureñas, después de haber sido entregado por las autoridades fronterizas nicaragüenses. Según el ministro de Información nicaragüense, Manuel Espinoza, Vega no está autorizado a volver a Nicaragua.En un comunicado oficial, las autoridades sandinistas habían explicado en la noche del viernes que Vega había sido expulsado por haber hecho declaraciones antipatrióticas y criminales" y por haber defendido la legitimidad de los antisandinistas para luchar contra lo que él llamó "tiranía totalitaria".
En su telegrama de protesta enviado el presidente Ortega, la Conferencia Episcopal Española se queja por lo que considera "una restricción de los derechos humanos y de la libertad de la Iglesia en su servicio espiritual y material a los católicos nicaragüenses". L'Osservatore Romano, órgano oficial de la Santa Sede, y los episcopados de Estados Unidos, Francia e Italia, entre otros, expresaron su crítica por la medida del Gobierno nicaragüense.
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