La Junta de Extremadura elabora una plan de reforma que afecta al 80% de la agricultura regional

La Junta de Extremadura ha puesto en marcha una ley y ha elaborado un proyecto que regulan la reforma de los sistemas agrarios de ganadería extensiva y de cultivos de regadío. La normativa, que establece las condiciones mínimas de explotación y rendimientos, afecta al 80% de la producción agraria de Extremadura. Las expropiaciones, contempladas en algunos supuestos, tendrán que realizarse en base a la ley de Fincas Manifiestamente Mejorables porque la Junta carece de competencias para legislar en este campo.

La ley de Dehesas, que entró en vigor el pasado 5 de junio, es el primer paso d...

La Junta de Extremadura ha puesto en marcha una ley y ha elaborado un proyecto que regulan la reforma de los sistemas agrarios de ganadería extensiva y de cultivos de regadío. La normativa, que establece las condiciones mínimas de explotación y rendimientos, afecta al 80% de la producción agraria de Extremadura. Las expropiaciones, contempladas en algunos supuestos, tendrán que realizarse en base a la ley de Fincas Manifiestamente Mejorables porque la Junta carece de competencias para legislar en este campo.

La ley de Dehesas, que entró en vigor el pasado 5 de junio, es el primer paso dado por la Junta de Extremadura para acometer la reforma agraria. La importancia de esta ley radica en que la explotación ganadera extensiva en dehesas ocupa en Extremadura el 50%,del suelo y representa todavía el 45% de una producción agraria que ascendió a 141.761 millones de pesetas. La ley, en su exposición de motivos, no "pretende el simple reparto de tierras como objetivo primario", pero prevé el cambio de propiedad en aquellos casos extremos en que la tierra "sea incapaz de cumplir el fin que la legitima".El artículo 20 prevé explícitamente la expropiación de uso o forzosa "por interés social". En este caso, la falta de jurisdicción del Gobierno de la comunidad autónoma obligará a recurrir a los instrumentos legales de carácter estatal, como son la ley de Fincas Manifiestamente Mejorables y a la expropiación por utilidad pública.

Una de las principales novedades de esta ley, en opinión de Francisco Amarillo, consejero de Agricultura de Extremadura, "es que fija un método objetivo para poder evaluar la producción agraria". Las mejoras a exigir en base a la ley de Fincas Manifiestamente Mejorables, por ejemplo, se basan en criterios subjetivos derivados de las inspecciones a las fincas mal explotadas. La ley va dirigida a mejorar los rendimientos de las explotaciones ganaderas en terrenos de más de 100 hectáreas, ya que en las dehesas extremeñas es donde se produce la mayor acumulación de la tierra de carácter latifundista.

Impuesto por abandono

Otra de las innovaciones es incluir en el texto de la ley todo el desarrollo reglamentario, para evitar una posterior reclamación sobre el desarrollo de la misma. La unidad de medida para cuantificar el aprovechamiento de la explotación es la denominada "oveja reproductora tipo", con equivalencias en todas las especies ganaderas. Para medir los índices mínimos de rendimiento se tienen en cuenta también las características del clima, la calidad del suelo y la vegetación de la explotación. Las actuaciones del Gobierno autónomo -en base a un plan de mejoras obligatorias, sanciones o, en última instancia, expropiaciones- se establecen a partir de una desviación del 20% sobre los objetivos teóricos marcados.Las explotaciones que no cumplan las indicaciones marcadas por la Consejería de Agricultura pasarán en primar lugar a engrosar un censo de fincas deficientemente calificadas y a soportar un impuesto de 3.000 pesetas, incrementado por el índice de desviación. La ley de Deheses fija además labores culturales obligatorias, como la conservación de los cultivos forestales, la recomendación de ciertas podas y la prohibición de talas de encinas o alcornoques, según los casos.

Este primer instrumento para acometer la reformas agraria se verá complementado en breve con la ley de Regadío, sistema de cultivo que representa el 35% de la producción final agraria. El proyecto de ley, ya elaborado por la Consejería de Agricultura, será presentado al Parlamento regional el próximo mes de septiembre y está sometido ahora a una fase de discusión para intentar buscar un consenso con las asociaciones profesionales agrarias y fuerzas políticas. El texto del proyecto penaliza el abandono del regadío, salvo excepción autorizada por la Administración, y determina la extensión de la parcela mínima para intentar rentabilizar las explotaciones.

La definición de toda parcela mínima de regadío como aquella que proporcione una renta 3,5 veces superior al salario mínimo interprofesional "intenta favorecer la concentración parcelaria en los regadíos", afirma Francisco Amarillo. La productividad media del regadío extremeño está actualmente entorno a las 100.000 pesetas por hectárea. Esta relación entre la producción industrial y la agraria tiene también un tope máximo, previsto inicialmente en dos veces y media la extensión de la parcela mínima.