Inmovilizadas 17 empresas chacineras andaluzas implicadas en un presunto fraude de jamones

La Consejería. de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía ordenó ayer la inmovilización de 17 industrias chacineras de la región, entre las que se encuentran algunos mataderos, presuntamente implicadas en la comercialización de jamones con marchamos falsificados. Las industrias se encuentran en las provincias de Huelva, Sevilla, Cádiz, Córdoba y Málaga. Por otra parte, el titular del Juzgado de instrucción número 4 de Huelva ha afirmado que en la actualidad no hay ninguna persona detenida en relación con el presunto fraude, tras haber sido puestos en libertad todos los implicados, informa...

La Consejería. de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía ordenó ayer la inmovilización de 17 industrias chacineras de la región, entre las que se encuentran algunos mataderos, presuntamente implicadas en la comercialización de jamones con marchamos falsificados. Las industrias se encuentran en las provincias de Huelva, Sevilla, Cádiz, Córdoba y Málaga. Por otra parte, el titular del Juzgado de instrucción número 4 de Huelva ha afirmado que en la actualidad no hay ninguna persona detenida en relación con el presunto fraude, tras haber sido puestos en libertad todos los implicados, informa Juan Carlos Álvaro desde Huelva.

Las seis personas que permanecían detenidas en Sevilla y Barcelona como presuntos implicados han sido puestas en libertad tras pasar a disposición judicial.

La autoridad judicial ha estimado que no existen por el momento elementos suficientes de juicio. En la tramitación de las diligencias han intervenido los juzgados números 3 y 4 de Huelva y Sevilla, respectivamente. No se descarta que las actuaciones pasen a la Audiencia Nacional, informa J. A. C. desde Sevilla.

La empresa gerundense Precintos y Grapas, SA, que fabricaba los marchamos con los que se comercializaron ilegalmente los jamones, entregaba la mercancía sin troquelar y sin numerar al industrial logroñés Antonio Meiro Sanvicente, que tuvo durante cuatro años una concesión del Ministerio de Sanidad y Seguridad Social para fabricar los precintos. El propietario de Precintos Y Grapas, Manel Bassols, así como sus dos socios y un empleado de la empresa, Josep Costa (a la vez juez de paz de Anglés), fueron puestos en libertad sin fianza, informa Joan Vall Clara desde Gerona.

Concesión sin medios

La compañía Precintos y Grapas, SA, se presentó en 1981 a un concurso del Ministerio de Sanidad "para adjudicar en concesión la fabricación de un precinto que debía amparar los productos cárnicos". La concesión fue para el industrial logroñés Antonio Meiro Sanvicente, pero éste "carecía de medios mecánicos" para satisfacer los pedidos, según señaló ayer Pere Ribas, abogado de Manel Bassols, por lo que Precintos y Grapas, SA, firmó con Meiro un contrato de tres años para fabricarle las piezas. Este acuerdo expiró en 1984."La empresa de Anglés jamás intervino en la venta de los marchamos a los industriales cárnicos", dijo Pere Ribas. "Los precintos salían de Anglés llanos y anónimos, sin troquel y sin número, pues eso era competencia del concesionario de la licencia", aseguró.

El letrado reconoció, sin embargo, que hace unos meses Precintos y Grapas entregó 60.000 precintos a un industrial de Barcelona apellidado Pagés, "entrega que podría coincidir con los marchamos aprehendidos por la policía".