La 'inaplazable' reforma de la Administración de justicia sigue pendiente

La reforma de la administración de justicia, contemplada por el prograrna electoral socialista como una cuestión de Estado, "una cuestión, incluso, de supervivencia del propio Estado de Derecho consagrado en nuestra Constitución", se ha quedado sin hacer, a pesar de algunas piedras colocadas, que no bastan para hacer camino. El incremento medio acumulativo presupuestario superior al 16% anual, la creación de 194 órganos judiciales y la tardía aprobación de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), de 1 de julio de 1985, no han desvanecido la descripción de la justicia realizada ...

La reforma de la administración de justicia, contemplada por el prograrna electoral socialista como una cuestión de Estado, "una cuestión, incluso, de supervivencia del propio Estado de Derecho consagrado en nuestra Constitución", se ha quedado sin hacer, a pesar de algunas piedras colocadas, que no bastan para hacer camino. El incremento medio acumulativo presupuestario superior al 16% anual, la creación de 194 órganos judiciales y la tardía aprobación de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), de 1 de julio de 1985, no han desvanecido la descripción de la justicia realizada por el PSOE en 1982 como "un servicio caótico, caro y desvinculado de la conciencia de nuestra sociedad".La dotación para justicia en los Presupuestos Generales del Estado pasó de 28.556 millones de pesetas en 1982 a 53.958 millones en 1985, aumento notable respecto al pasado, pero que no impidió que algunas partidas se quedaran sin utilizar, por falta, por ejemplo, de unos 400 jueces y magistrados presupuestados pero inexistentes en un país en el que, según el propio ministro de Justicia, Fernando Ledesma, hacen falta unos 1.000 jueces más, si queremos homologarnos al resto de Europa.

Ante esta situación de carencia de materia prima judicial, poca eficacia para un mejor funcionamiento de la justicia ha podido tener la creación, desde diciembre de 1982, de 194 órganos judiciales -siete al mes-; el levantamiento de 54 nuevos edificios judiciales, y la remodelación de otros 25.

Por otra parte, la estructura de la vieja oficina judicial permanece inalterada, hasta el punto de que los 2.700 millones de pesetas que durante el cuatrienio se han invertido en informatización sólo pueden servir, según un magistrado, "para informatizar el desastre de los actuales juzgados galdosianos".

El incumplimiento de la "prioridad legislativa" prometida por el PSOE para la LOPJ ha tenido un efecto multiplicador en el retraso del propio desarrollo de la misma mediante un paquete de leyes necesarias para la reforma de la estructura de la justicia. No se ha aprobado la ley de planta ni establecido la nueva demarcación judicial, anunciadas también por el programa socialista como medidas que acercarían el juez al ciudadano, permitirían la descongestión de los juzgados y tribunales de los grandes núcleos de población y agilizarían la tramitación procesal.

Entre otras innovaciones para la democratización de la justicia, la LOPJ ha traído la elección popular de los jueces de paz y ha dado facilidades para el ejercicio de la acción popular. En cambio, no ha introducido aún el Jurado, pendiente de una ley futura, del mismo modo que la regulación de los nuevos procedimientos contencisoso-administrativo y laboral y la reforma de las leyes procesales criminal y civil. La reforma urgente de la ley de Enjuiciamiento Civil, de 6 de agosto de 1984, ha sido un primer paso para la agilización de los procesos y, junto con otras medidas del Ministerio de Justicia, ha contribuido a limitar las corruptelas en los juzgados.

Durante la legislatura que acába se han sentado las bases para el abaratamiento de la justicia, distante todavía de la gratuidad total prometida asimismo por el programa socialista en 1982. Los ciudadanos que perciban menos del doble del salario mínimo interprofesional -unas 80.000 pesetas mensuales-, y en determinadas ocasiones menos del triple -120.000 pesetas mensuales-, tienen derecho a la asistencia gratuita de abogado y procurador. La proyectada supresión total de las tasas judiciales continúa pendiente.