Favorable acogida en medios feministas al eventual pago de los abortos por el Insalud

La afirmación de José María Rivera, subdirector general de Medicina Primaria y Laboral del Instituto Nacional de la Salud (Insalud), de que la Seguridad Social atenderá las demandas de aborto en el caso de que el Tribunal Constitucional apruebe la ley han sido favorablemente acogidas en medios feministas.

MadridPara Victoria Abril, asesora técnica en materia de sanidad del Instituto de la Mujer, la afirmación de Rivera supone "el reconocimiento de un derecho elemental de las mujeres que deseen interrumpir voluntariamente su embarazo y se encuentren en alguna de las situaciones que c...

La afirmación de José María Rivera, subdirector general de Medicina Primaria y Laboral del Instituto Nacional de la Salud (Insalud), de que la Seguridad Social atenderá las demandas de aborto en el caso de que el Tribunal Constitucional apruebe la ley han sido favorablemente acogidas en medios feministas.

MadridPara Victoria Abril, asesora técnica en materia de sanidad del Instituto de la Mujer, la afirmación de Rivera supone "el reconocimiento de un derecho elemental de las mujeres que deseen interrumpir voluntariamente su embarazo y se encuentren en alguna de las situaciones que contempla la ley, ya que, en el supuesto de que se despenalizara en los mismos términos que salió del Parlamento, dos de las intervenciones -riesgo para la vida de la madre y malformaciones fetales- están consideradas de alto riesgo clínico y, por lo tanto, deben ser atendidas en la sanidad pública, que tiene los medios para ello. De lo contrario, se daría una situación de injusticia con respecto a las mujeres que tengan menos posibilidades económicas y no puedan acudir a una clínica privada".Para Carlota Bustelo, directora del Instituto de la Mujer, la polémica que las declaraciones del doctor Rivera puede provocar desvía la atención del principal problema. "Nadie puede separar el aborto de la planificación familiar porque surge precisamente cuando fracasa esta planificación y en España, aunque llevamos ocho años de democracia, aún no se ha resuelto el problema de la planificación, que aborda varios campos, aparte el sanitario. Es en muchos sentidos un problema de educación y calidad de vida. Las clases más favorecidas tienen acceso a la medicina privada y las mujeres en peores condiciones económicas desconocen los métodos de planificación o, en caso de que los conozcan, no tienen acceso a ellos".

La planificación

"Hace falta", continúa Carlota Bustelo, "que el aborto se regularice cuanto antes, pero hay algo más urgente: conseguir que la planificación esté al alcance de todos. Ahora se están dando listas de espera de más de un año en algunos centros. Como directora del Instituto de la Mujer, tengo que conseguir que estas prestaciones estén dentro de la Seguridad Social. La red de asistencia pública tiene capacidad para ello, pero es una batalla muy dura".Según un estudio que está a punto de concluirse, financiado por el Instituto de la Mujer, con los datos proporcionados por clínicas del Reino Unido, Holanda, Portugal y Francia, se produciría un mínimo de 100.000 abortos anuales de españolas. En el debate celebrado en el Congreso de Planificación Familiar de La Coruña un grupo de mujeres de Santiago de Compostela reconoció que en los últimos cinco meses habían ayudado a 188 mujeres a abortar en el extranjero y esto supuso un coste superior a los cuatro millones de pesetas.

Para Carlota Bustelo, ha sido importante el hecho mismo de que se pueda celebrar este congreso de La Coruña, pero se ha puesto de manifiesto "que todos somos menos eficaces de lo que deberíamos. Avanzamos muy lentamente. Sería conveniente para esto que hubiera un movimiento organizado y con mayor incidencia".

En las conclusiones elaboradas por la comisión gestora se sitúa como punto prioritario que las prestaciones de planificación familiar se adecúen a la demanda de la población, incluyéndose los actuales equipos dentro de la red del Insalud, para evitar redes paralelas que ofrecen un mismo servicio.

Las dificultades para esta integración estarían en los profesionales de otros sectores, como asistentes sociales y psicólogos, ya que no hay una regulación jurídica que lo facilite.

Carta de Rivera

Jose María Rivera, en carta dirigida a este periódico sobre sus declaraciones en La Coruña (ver EL PAIS de 19 de marzo), puntualiza que el Insalud, dado que el aborto no está actualmente legalizado en España, no ha planificado una prestación no reconocida en el ordenamiento jurídico y que, en caso de ser legalizado, en ningún caso se obligará a los profesionales a actuaciones sanitarias que vayan en contra de su propia conciencia.Su declaración, añade Rivera, "estaba enmarcada en un contexto más amplio y no se limitó sólo al tema de la anticoncepción".