El Parlamento colombiano veta la apertura de un diálogo político con la guerrilla

, La tregua firmada por el Gobierno colombiano y tres organizaciones guerrilleras corre peligro de convertirse en papel mojado tras el rechazo de los legisladores a cualquier diálogo político que pretenda establecerse fuera de la escena parlamentaria. La reacción de los rebeldes no se ha hecho esperar: las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) se disponen a convocar un paro civil nacional y el Movimiento Diecinueve de Abril (M-19) anuncia que activará la lucha popular.

La apertura de un diálogo nacional -en el que participen todos los sectores de la vida colombiana- para pa...

, La tregua firmada por el Gobierno colombiano y tres organizaciones guerrilleras corre peligro de convertirse en papel mojado tras el rechazo de los legisladores a cualquier diálogo político que pretenda establecerse fuera de la escena parlamentaria. La reacción de los rebeldes no se ha hecho esperar: las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) se disponen a convocar un paro civil nacional y el Movimiento Diecinueve de Abril (M-19) anuncia que activará la lucha popular.

La apertura de un diálogo nacional -en el que participen todos los sectores de la vida colombiana- para pactar una reforma en profundidad del sistema político y de las estructuras económicas es uno de los compromisos adquiridos por el presidente Belisario Betancur con las guerrillas en el documento de alto el fuego que se firmó a finales de agosto.La propuesta enviada en tal sentido al Parlamento ha recibido una negativa categórica por parte de las mesas directivas del Congreso y del Senado, que en un texto conjunto señalan: "El foro natural establecido por nuestro sistema democrático para decidir el ordenamiento jurídico que nos rige es el Congreso de la República, y, por tanto, cualquier participación institucional que ponga en duda la suprema atribución de las cámaras legislativas no puede ni debe ser aceptada por éstas".

La imaginación puesta en práctica por el presidente Betancur para convencer a los rebeldes de que sus exigencias reformistas podían cumplirse al margen de las armas tendrá que desplegarse ahora con diputados y senadores, a fin de mostrarles que el diálogo no compromete la soberanía de las cámaras, ya que cualquier acuerdo tendrá que ser refrendado, en última instancia, por el Parlamento.

El camino emprendido hacia la paz es sin duda heterodoxo en una democracia clásica, pero no rompe necesariamente la legalidad. El presidente ha garantizado que respetará con rigor el ordenamiento jurídico vigente, pero con ello no ha disipado del todo el recelo de los legisladores ante la posibilidad de que el diálogo nacional pueda convertirse en una especie de asamblea constituyente paralela.

El texto de la tregua no define con claridad las reglas del juego. En una entrevista concedida a este periódico, Álvaro Fayad, segundo hombre de la jerarquía del M-19, admitía en vísperas de la firma que el diálogo no tiene poderes constituyentes porque el sistema no ha sido derrotado militarmente, pero advirtió que tampoco puede limitarse a ser un simple foro intelectual, ya que los rebeldes mantienen en su poder las armas para hacer valer los puntos de vista populares.

La única vía para hermanar la legalidad con una operatividad real de ese diálogo, tal como pretenden los guerrilleros, es que el presidente asuma personalmente sus conclusiones y las remita al Parlamento en forma de proyectos de ley. Por las conversaciones sostenidas, por ambas partes, es probable que sea éste el procedimiento previsto, ya que la Constitución colombiana establece reglas muy restrictivas para reformar su texto. Es necesario el refrendo de dos legislaturas consecutivas, por lo que cualquier reforma electoral no entrará en vigor hasta las próximas elecciones de 1986.

La preocupación de los legisladores colombianos parece excesiva ante las seguridades ofrecidas por Betancur, pero responde a la tradición de dos partidos, liberal y conservador, que han monopolizado la vida política de Colombia desde su independencia y que se resisten a perder esta hegemonía compartida. Los rebeldes exigen, entre otras cosas, una reforma a fondo de la ley electoral para romper el bipartidismo.

Ante el documento de los legisladores, el Ejército Popular de Liberación (EPL) ha pedido precisamente que se refuerce el carácter constituyente del diálogo nacional, ya que "el Congreso constituye un baluarte de las oligarquías liberales y conservadoras, sin que pueda esperarse de él ninguna apertura democrática".

Las FARC aseguran estar promoviendo un paro civil "para que sean oídas nuestras reclamaciones". Israel Santamaría, dirigente del M-19, ha proclamado que, a pesar de la negativa del Congreso, su organización promoverá el diálogo a escala nacional mediante la convocatoria en escuelas, sindicatos, iglesias y plazas públicas, para que el pueblo pueda exponer sus necesidades y proyectos.