El Tribunal Constitucional deberá concretar la normativa sobre etiquetaje de productos
La apertura de expedientes a cuatro empresas de alimentación de la provincia de Gerona, por parte de un servicio de la Administración central -en el ejercicio de unas competencias que el Estatuto de autonomía atribuye en exclusiva a la Generalitat-, ha puesto sobre la mesa la necesidad de que el Tribunal Constitucional determine el alcance de la normativa sobre etiquetado y envasado de productos destinados al consumo dictadas por el Ministerio de Agricultura y la Generalitat. Las normas difieren en temas lingüísticos, afectan a la defensa del consumidor y a circulación de productos y deben ade...
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La apertura de expedientes a cuatro empresas de alimentación de la provincia de Gerona, por parte de un servicio de la Administración central -en el ejercicio de unas competencias que el Estatuto de autonomía atribuye en exclusiva a la Generalitat-, ha puesto sobre la mesa la necesidad de que el Tribunal Constitucional determine el alcance de la normativa sobre etiquetado y envasado de productos destinados al consumo dictadas por el Ministerio de Agricultura y la Generalitat. Las normas difieren en temas lingüísticos, afectan a la defensa del consumidor y a circulación de productos y deben adecuarse a las de la CEE.La Generalitat de Cataluña dictó el 15 de septiembre de 1983 el decreto 389/83 sobre etiquetado de productos que se comercializan en Cataluña, en el que se determina que los datos de obligatoria inserción puede figurar en catalán, en castellano, o en ambas lenguas. El Gobierno del Estado presentó a la Generalitat un requerimiento solicitando que fuera modificado de forma que se garantizara la inclusión del castellano en todos los casos.
Fuentes del Ministerio de Agricultura informaron a este diario que transcurrido el plazo sin que se produjera respuesta de la Generalitat, se siguen los trámites del correspondiente recurso ante el Tribunal Constitucional.
El decreto 2058/82 de 12 de agosto de 1982 del Ministerio de Agricultura que ha dado pie a la apertura de expedientes por infracción en el etiquetado de productos destinados al consumo fue dictado dentro del plan de adecuación de la normativa española a la vigente en los países de la Comunidad Económica Europea (CEE), según explicó a este diario el secretario general técnico del ministerio, Jordi Carbonell.