El Insalud denuncia los negocios del doctor Rotellar con la diálisis

Según la sociedad española de Diálisis y Transplantes, el plan nacional "se basa en unos datos incompletos en muchos casos, erróneos en otros y poco elaborados en su mayoría". Añade que "una prueba evidente y sorprendente es que no se dan datos referidos a Cataluña, cuando es una zona en la que se trata una cuarta parte de los enfermos de nuestro país, tanto en hemodiálisis como en trasplante, y esta ausencia de datos no se justifica por el Insalud".Emilio Rotellar, presidente de dicha sociedad, aseguró que esta crítica no obedece al temor de los nefrólogos que dializan en clínicas privada...

Según la sociedad española de Diálisis y Transplantes, el plan nacional "se basa en unos datos incompletos en muchos casos, erróneos en otros y poco elaborados en su mayoría". Añade que "una prueba evidente y sorprendente es que no se dan datos referidos a Cataluña, cuando es una zona en la que se trata una cuarta parte de los enfermos de nuestro país, tanto en hemodiálisis como en trasplante, y esta ausencia de datos no se justifica por el Insalud".Emilio Rotellar, presidente de dicha sociedad, aseguró que esta crítica no obedece al temor de los nefrólogos que dializan en clínicas privadas a que una racionalización en este sector sanitario merme sus ingresos económicos. "Hemos pedido reiteradamente esa racionalización a la Administración", manifestó.

El Insalud hizo público el plan en el pasado mes de septiembre y con el mismo se pretendía iniciar un camino de reforma a una asistencia sanitaria con graves problemas, denunciados por el PSOE.

En la reciente crítica a este plan presentada por Emilio Rotellar, éste señaló que dicha sociedad "no está en contra de un plan nacional para el tratamiento de la insuficiencia renal crónica, pero sí de éste, aunque son perfectamente aceptables sus intenciones".

El plan del Insalud, según se expresa en el mismo, pretende fomentar los trasplantes y potenciar la diálisis domiciliaria, así como mejorar la infraestructura de medios y personal de la red nacional de servicios hospitalarios al efecto. La citada sociedad considera, sin embargo, que no se ajustan a la realidad los planteamientos esbozados en aquél para conseguir los objetivos propuestos.

Rotellar advirtió que con esta crítica no pretendía desautorizar a la Sociedad Española de Nefrología, en uno de cuyos planes nefrológicos, de 1977, se había basado el Insalud para redactar el nuevo. Sobre las asociaciones de enfermos de riñón, algunas de las cuales, como Alcer, habían expresado públicamente su enjuiciamiento positivo sobre dicho plan, Rotellar dijo que "carecen de información y formación técnica para valorar un plan semejante".

Respecto a la política de trasplantes que en el plan se apunta, Emilio Rotellar dijo que, "en primer lugar, no puede considerarse el trasplante, como hace el plan, como el tratamiento definitivo, pues la realidad señala que muchos enfermos de riñón trasplantados vuelven a la diálisis al cabo de cierto tiempo". Y añadió que "el trasplante es indudablemente la terapéutica más aconsejable siempre que se pueda realizar, pero no se debe ignorar que un 40% de trasplantados funcionantes retornan a la diálisis al cabo de un año". En cuanto a la diálisis domiciliaria, aseguró que los datos del plan tampoco son correctos y que toma como modelo de este tipo al desarrollado en Inglaterra, sin tener en cuenta que "es uno de los países de Europa donde peor se atiende a estos enfermos".

Réplica del Insalud a Rotellar

El subdirector general de Asistencia Sanitaria y Prestaciones Farmacéuticas, José Angel Cuesta Perandones, ha denominado como "esperada descalificación" la crítica del presidente de la SEDYT al plan del Insalud. José Angel Cuesta, tras conocer la información distribuida por Rotellar, ha remitido a la Prensa una nota oficial en la que, por primera vez, se denuncian desde la administración sanitaria los "negocios del doctor Rotellar con la diálisis".La nota dice lo siguiente: "Efectivamente, no se dice -se refiere a datos del plan sobre Cataluña- que el doctor Rotellar cobra la sesión de diálisis a 15.980 pesetas, mientras que la mayoría de los centros concertados cobra 12.075 pesetas, lo legalmente establecido, o menos; tampoco se menciona que factura de 37 a 40 millones de pesetas mensuales; que, durante el mes de octubre pasado, facturó además 221 estancias... Pero ¿de verdad cree el doctor Rotellar que era necesario decirlo? ¿De verdad cree que estos y otros datos modifican el análisis realizado o las directrices formuladas? Nosotros pensamos, por el contrario, que resaltan la urgencia de adoptar las medidas racionalizadoras propugnadas".

"Carecemos, es verdad, de datos imprescindibles. Por ejemplo, el número de trasplantes renales realizados en enfermos tratados con diálisis por el doctor Rotellar. ¿No convendría desvanecer la hipótesis de que permanecen secuestrados en diálisis porque es negocio?".

"El doctor Rotellar afirma que el Plan Nacional de Tratamiento de la Insuficiencia Renal Crónica se basa en datos erróneos. Lo cierto es que aporta más y mejores datos que los recogidos en el dossier informativo de la Sociedad Española de Diálisis y Trasplantes, que, generosamente, cabría calificar de tendencioso y carente de objetividad".

"El PNTIRC respeta escrupulosamente el plan elaborado por la Sociedad Española de Nefrología, debidamente actualizado y ampliado. Parece, por tanto, que la SEDYT descalifica a aquella sociedad y posee el monopolio de la ciencia".

"Al calificar al PNTIRC de inviable, la SEDYT y su presidente parecen confundir sus deseos con la realidad (evidentemente, la racionalización de la diálisis y el trasplante puede originar quebrantos económicos). Pero, al contrario que la SEDYT, confiamos en la viabilidad del plan porque depende de la voluntad política de nuestros gobernantes, de las aspiraciones de la sociedad, de los deseos de los propios enfermos renales y de la colaboración de muchos nefrólogos que no opinan como la SEDYT".

"Hoy por hoy, ser descalificados por la SEDYT supone casi la certeza de estar en el camino correcto. Confiamos sinceramente en que la SEDYT reconsidere su postura y que acepte lo ineludible, aun con detrimento personal económico, en aras de ese supuesto bien del enfermo tantas veces alardeado".

La donación de riñones, cuestión fundamental

El impulso de la política de tras plantes es una de las vías primordiales para paliar el problema de los enfermos crónicos de riñón, según apreciación general de científicos y sanitarios, como quedó últimamente reflejado en la reunión internacional celebrada en Madrid en septiembre pasado. Este impulso, a su vez, pasa por una previa concienciación social sobre la donación de riñones. En España, la ley de Trasplantes de 1979 constituye el marco para el impulso de los mismos. Define la muerte clínica y garantiza la gratuidad absoluta para el receptor. Sin embargo, a pesar de un reglamento posterior, de 1980, y varias disposiciones, muchos aspectos de esta ley están aún sin desarrollar.La donación de órganos es imprescindible para la posibilidad del trasplante. La puesta en marcha de campañas de cara a aumentar el número de donaciones y la elaboración e informatización de la lista de espera de receptores a nivel nacional, con prioridad para los casos más urgentes, de acuerdo con la idoneidad de los riñones disponibles, son funciones de la Comisión Asesora de Trasplantes, creada en 1980 por orden ministerial. Dichas campañas de sensibilización sobre la donación de órganos no han sido suficientes ni cuantitativa ni cualitativamente, según la opinión más extendida en los sectores sanitarios ligados a este tema, así como en, el criterio de las asociaciones de enfermos del riñón.

Datos oficiales referidos a 1980 señalan que los riñones utilizados para los trasplantes en dicho período procedieron sólo en minoría o de Francia (25) y en su mayoría de España (264), de los cuales 271 eran de donante fallecido y 18 de donante vivo. Estas cifras se consideran positivas, pero fácilmente susceptibles de incremento mediante una política adecuada.

Al margen de la sensibilización sobre el tema, la donación de riñones precisa de incentivos, según estimación de los expertos. En este sentido se han orientado ya algunas acciones. La administración sanitaria, por un real decreto de 1980, dispone que corran a cargo de la Seguridad Social los gastos ocasionados por la donación e intervención, así como, en el caso de donante vivo, la garantía asistencial precisa para su restablecimiento. En el caso de donantes fallecidos, se cubrirán además los gastos por el traslado del cadáver a la localidad que señalen los familiares.

Se considera donante a cualquier ciudadano vivo que exprese su deseo de donación. Y cualquier persona fallecida que no haya hecho manifestación expresa en contra, o siempre que no exista en este mismo sentido una declaración de algún familiar cuando el fallecido no hubiese hecho manifestación expresa al respecto.

Se ha observado que, ante este segundo requisito, un número considerable de posibles donaciones quedan fallidas a la hora de preguntar a los familiares del fallecido y potencial donante.

Ante un cadáver óptimo para la extracción de riñones, los nefrólogos tienen dos caminos cuando no consta la oposición en vida de la persona fallecida para donar sus órganos: hacer la extracción sin preguntar a la familia y que ésta, si se entera posteriormente, proteste, o preguntar primero y correr e riesgo de una negativa y perder la posibilidad de un trasplante. Generalmente se opta por esta segunda vía. Este es uno de los puntos de mayor fricción y polémica sobre el tema.