El Gobierno quiere reducir los excedentes de vino mediante la fijación de unos precios bajos

Los excedentes en poder de la Administración y el aumento de la calidad y no de la cantidad son las razones principales esgrimidas por el ministro de Agricultura, en el transcurso de una conferencia de Prensa, para explicar el bajo precio fijado para el vino en las negociaciones de este año. José Luis Álvarez insistió también en que se trata de un precio de garanitía para que los viticultores no se arruinaran y que antes del 1 de julio el grupo de trabajo que se ha constituido habrá emitido su dictáimen sobre la reordenación del sector.

De los diecisiete productos sometidos a regulación...

Los excedentes en poder de la Administración y el aumento de la calidad y no de la cantidad son las razones principales esgrimidas por el ministro de Agricultura, en el transcurso de una conferencia de Prensa, para explicar el bajo precio fijado para el vino en las negociaciones de este año. José Luis Álvarez insistió también en que se trata de un precio de garanitía para que los viticultores no se arruinaran y que antes del 1 de julio el grupo de trabajo que se ha constituido habrá emitido su dictáimen sobre la reordenación del sector.

De los diecisiete productos sometidos a regulación de campaña, el vino ha sido el qtie menos ha subido. Ha pasado de 130 pesetas hectogrado a 135, lo que supone un incremento del 3,84%, cuando el aumento medio ha sido de un 12,15%. La razón del tratamiento dado al vino esta en los 2.400.000 hectolitros que existen en este momento en los almacenes del Servicio Nacional de Productos Agrarios (SENPA) y de sus entidades colaboradoras. Esta cantidad no tiene salida, según manifestó recientemente el director general de este organismo en una reunión informativa, y su valor se sitúa entre los 50.000 y los 60.000 millones de pesetas. La venti anual que realiza este organismo no sobrepasa los 300.000 hectolitros, lo que supone que, sin contar con las cosechas de los próximos años, tenemos existencias para ocho o nueve años.A lo largo de estos años las cantidades intervenidas por el SENPA se han destinado a su transformación en alcohol, producto del que España tiene ahora unas grandes reservas por este motivo. Muchos agricultores, al tener garantizada la compra por parte del Servicio Nacional de Productos Agrarios, no han mejorado la calidad de la uva, con lo que se ha estado produciendo vino imposible de comercializar y que sólo sirve para quemarlo.

Esta política de precios, seguida hasta hace tres años, ha incentivado los precios del vino, lo que ha provocado un aumento de la superficie plantada, que, unido a un incremento de los rendimientos ha desembocado en los actuales excedentes, sin posibilidad de absorción, según la Administración La Mancha es la zona donde se plantean más problemas, ya que las áreas que cuentan con una de nominación de origen acreditada, como Jerez o la Rioja, tienen toda su producción vendida. En La Mancha y en otras regiones cercanas abundan las explotaciones de carácter familiar, que necesitaban precios altos para poder subsistir. Al mismo tiempo, este cultivo tiene un carácter marcadamente social, por la cantidad de jornales que genera, sobre todo en la época de recolección.

Para hacer frente a esta situación excedentaria, durante los últimos años se ha seguido una política de desincentivación del precio del vino, que ha culminado durante las pasadas negociaciones, en las que no se llegó a un acuerdo para el precio de este producto, por lo que ha sido fijado directamente por el Consejo de Ministros. Las reacciones a esta medida no se han hecho esperar.

El Centro Nacional de Jóvenes Agricultores (CNJA), organización que cuenta con fuerte implantación en esta zona, ha manifestado que "no comprendemos cómo la Administración, en un período de desempleo como el que está atravesando España, ha optado por esta decisión, cuando este producto crea una gran cantidad de jornales". Al mismo tiempo, han indicado como posibles soluciones a la actual situación del mercado vitivinícola la implantación de restituciones a la exportación, ágiles y suficientes, la eliminación del fraude existente y la posibilidad de almacenamiento de los caldos por parte de los viticultores. También insisten en la necesidad de tener en cuenta a las cooperativas, ya que controlan el 60% de la producción.

La Federación de Trabajadores de la Tierra (FTT) ha calificado el precio del vino de inadmisible, y señala que "no comprendemos que no se hayan potenciado los cultivos sociales como generadores de empleo en una época de paro como la actual". La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) estima que el problema de este producto no está en el precio, sino en el cambio de la forma de intervención por parte del Ministerio de Agricultura.