Crece la presión en favor de los desaparecidos chilenos

Un diario conservador y la Iglesia católica y con distintas motivaciones, se unieron en las últimas horas a la campaña lanzada para pedir al Gobierno militar chileno que dé informaciones sobre el paradero de centenares de personas desaparecidas desde el golpe de Estado de septiembre de 1973.

La campaña se inició hace diez días cuando un grupo de familiares de desaparecidos se encerró en varias iglesias de Santiago e inició una huelga de hambre indefinida en petición de noticias de sus parientes. Ayer, el número de huelguistas había aumentado hasta 180 y el movimiento se había extendido ...

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Un diario conservador y la Iglesia católica y con distintas motivaciones, se unieron en las últimas horas a la campaña lanzada para pedir al Gobierno militar chileno que dé informaciones sobre el paradero de centenares de personas desaparecidas desde el golpe de Estado de septiembre de 1973.

La campaña se inició hace diez días cuando un grupo de familiares de desaparecidos se encerró en varias iglesias de Santiago e inició una huelga de hambre indefinida en petición de noticias de sus parientes. Ayer, el número de huelguistas había aumentado hasta 180 y el movimiento se había extendido a numerosas capitales americanas y europeas.En España, dieciséis personas se encuentran encerradas en la parroquia de Santa Cecilia, de Barcelona, y otras doce en la sede de Justicia y Paz, de Madrid.

También ayer, el diario conservador de Santiago La Segunda -perteneciente a la cadena de El Mercurio- señalaba editorialmente que «el Gobierno tiene la obligación de empeñarse a fondo por entregar a los familiares de los desaparecidos todos los antecedentes de que pueda disponer sobre ellos».

El diario -que desde 1973 ha venido apoyando a la Junta Militar en el poder- añadía que «tal cosa debe hacerla aun si las huelgas de hambre o tomas de templos prosiguen». Horas antes, el general Pinochet, siguiendo la toma de posición de otros responsables del Gobierno, había afirmado que no se negociaría con los familiares de los desaparecidos mientras éstos no depusieran su actitud.

Después de subrayar que «tan justa causa» puede ser utilizada para «un propósito secundario de una estrategia política global», La Segunda afirmaba que «si en el pasado las autoridades cometieron errores o excesos, ha llegado la hora de remediarlos y sancionarlos si fuera preciso».

El diario se refería, por otra parte, a la necesidad de «desenmascarar a los agitadores políticos», que, según él, están utilizando la protesta de los familiares de desaparecidos. El periódico se refería, sin citarla, a la Vicaría de la Solidaridad, dependiente del arzobispado de Santiago, que ha apoyado directamente el movimiento y que el martes publicó una primera lista con los nombres y cédulas de identidad de 618 personas desaparecidas desde 1973.

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En el mismo documento, la Vicaría reproducía una exhortación pastoral de los vicarios del arzobispado de Santiago en la que se afirma que «la ubicación de estas personas desaparecidas significa un importante paso para la unión de todos los chilenos».

Sin embargo, ayer por la noche todavía no se había concretado una anunciada entrevista entre el cardenal arzobispo de Santiago, monseñor Raúl Silva Henríquez, y el ministro del Interior.

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