Los bibliotecarios y la Dirección General del Libro y Bibliotecas

El escrito que lleva por título Puntualizaciones del Ministerio de Cultura al reto de los bibliotecarios, redactado por la Dirección General del Libro y Bibliotecas, demuestra de manera fehaciente que lo más opuesto a la verdad no es la mentira, sino la verdad a medias. Esta afirmación, patente a lo largo de todo el escrito, es especialmente clara en lo que se refiere al apartado uno, en el que además de descender al terreno de lo personal, cosa que no se hizo en ningún momento en el artículo que suscitó las puntualizaciones, se hace la afirmación «de que una de las firmantes, doña Elen...

El escrito que lleva por título Puntualizaciones del Ministerio de Cultura al reto de los bibliotecarios, redactado por la Dirección General del Libro y Bibliotecas, demuestra de manera fehaciente que lo más opuesto a la verdad no es la mentira, sino la verdad a medias. Esta afirmación, patente a lo largo de todo el escrito, es especialmente clara en lo que se refiere al apartado uno, en el que además de descender al terreno de lo personal, cosa que no se hizo en ningún momento en el artículo que suscitó las puntualizaciones, se hace la afirmación «de que una de las firmantes, doña Elena de Santiago... ingresó mediante una oposición en la que no se exigió el más mínimo conocimiento de catalogación y clasificación, no ya de manuscritos e incunables, sino de ningún tipo».A esta afirmación habría que contestar:

1.º Que se dice sólo una parte de la verdad. La realidad es que doña Elena de Santiago y la promoción de bibliotecarios ingresada el 9 de julio de 1966 lo hicieron mediante las pruebas que se especifican en la convocatoria de dicha oposición (O.M. de 30-1-65, BOE, 23-2-65), artículo 36 del capítulo «Formación profesional», en que se exigen cinco exámenes obligatorios y puntuables por el tribunal.

I. «Catalogación de un manuscrito medieval y de un incunable en latín ... »

II. «Catalogación, clasificación decimal universal y diccionario de cinco libros modernos, dos de ellos en idiomas distintos del español... etcétera.»

En el ataque que se le dirige parece que se le culpa de haber sido la responsable de la convocatoria, y no de padecer sus consecuencias, y se le arrebata el derecho a estar o no de acuerdo con su articulado y de desear que las convocatorias mejoren. Es como si se señalase con el dedo a los opositores que salgan de las actuales oposiciones y no a los responsables de la redacción de sus bases.

El punto dos es, con sus apartados A, B, C, D, E, F y G, otra distorsión de la verdad:

Efectivamente, el director general manifestó, desde su toma de posesión, interés en que las oposiciones se convocaran con urgencia pero sistemáticamente rechazó los proyectos de convocatoria que encargó a sus colaboradores, porque no se atenían a sus ideas particulares hasta que se redactó uno de acuerdo con ellas.

Al ver que la oposición iba a convocarse según unos criterios personales y en contra del sentir general de los bibliotecarios, fue cuando la Asociación Sindical inició gestiones para que el director reconsiderara su postura. Las gestiones fracasaron.

A continuación la Asociación Sindical y ANABAD redactaron un informe, completo que se envió a la Comisión Superior de Personal, se inició el recurso administrativo, se pidió entrevista al Ministerio de Cultura y se enviaron notas a la prensa. No fue posible hacer más, frente a decisión personal tan irrevocable, y no precisamente por falta de tiempo, ya que la convocatoria tardó en ser publicada por el BOE desde el 19 de enero en que se envió, hasta el 11 de febrero en que se publicó.

En cuanto al hecho de dudar si pueden calificarse de justas en materia bibliotecaria las reclamaciones de una Asociación Sindical que también agrupa a los archiveros y a los arqueólogos (estos últimos, contra lo que se afirma, no están integrados en ella) habría que hacer constar que, aparte de otras razones, 44 plazas de las servidas por estos funcionarios son mixtas y pueden por tanto ser desempeñadas indistintamente por un archivero o un bibliotecario.

El punto tres hace únicamente referencia a que se ha denegado el recurso administrativo que la Asociación Sindical de Funcionarios del Cuerpo Facultativo de Archiveros y Bibliotecarios ha presentado al Ministerio.

Recurso desestimado

Efectivamente, el recurso administrativo ha sido desestimado por el Ministerio por considerarlo falto de fundamento. Debemos observar, sin embargo, que no sería la primera vez que un recurso, desestimado por la Administración, fuese aceptado por un tribunal; e incluso que aun si fuese falto de fundamento «legal» no por eso perdería la base de ética profesional en que se sostiene.Los apartados, cuatro y cinco se refieren a la redacción de un anteproyecto de ley de Bibliotecas que, según se decía en el artículo objeto de puntualizaciones, no debía ser un apartado de la ley del Libro. Se afirma que no lo será. La Asociación se congratula por ello. Lo que ya no entiende muy bien son las razones que tiene la Dirección General del Libro y Bibliotecas para afirmar que, a fin de confeccionarlo, ha recabado las sugerencias de distintos bibliotecarios experimentados, tal como los autores del artículo pedían, pero añade a continuación: «debemos admitir que esta condición no es compatible con la elección democrática que preconizan los citados autores ».

Sí la Asociación no entiende mal, este párrafo significa toda una puesta en cuestión de los principios de la democracia, de la que hoy tanto se habla, y que la Dirección General arroja tranquilamente por la borda.

Comisión conjunta

El punto seis viene a abundar en el mismo tema. El director general del Libro y Bibliotecas se dirige, según sus palabras, el 10 de marzo de 1978 al director general de Universidades e Investigación, y trata con él de un asunto tan vital para la profesión como el nombramiento de una comisión conjunta (de funcionarios del Ministerio de Educación y Ciencia y del Ministerio de Cultura, entre los que no se encuentra ningún bibliotecario), para estudiar lo relacionado con el establecimiento de una facultad de Biblioteconomía y Documentación; y los profesionales a los que afecta directamente se enteran de este asunto, el 10 de mayo de 1978, por un escrito en EL PAIS y no, como sería lo lógico, por una comunicación de la Dirección General.El punto siete vuelve a presentar en toda su crudeza una verdad manipulada. Es cierto que el 25 de abril de este año se reunió en Madrid a treinta directores de Casas de Cultura. Pero los que asistieron a ella dan fe de que no se trató ningún asunto relativo a clasificación nacional de los centros bibliotecarios.

Aparte de esto, la reunión tuvo lugar en fecha posterior a la redacción del articulo, que fue entregado a la redacción de EL PAIS el día 6 de abril.

Respecto al punto ocho, se cita el escrito en forma incompleta, tergiversando así su sentido.

Es una técnica muy pobre para rebatir argumentos, que se suele utilizar cuando no se cuenta con otros de más peso. Se cita: «Es imprescindible que en la oposición de ingreso se exija un programa de amplio espectro: latín, paleografía, catalogación de incunables, manuscritos y libros raros, etcétera», suprimiendo lo que antecede: «Mientras el cuerpo facultativo esté compuesto por 174 funcionarios ... » y lo que continúa: «Catalogación de impresos modernos, conocimiento de lenguas modernas, etcétera. » Más adelante se vuelve a citar: «Que ha permitido que en 120 años de profesión (los bibliotecarios españoles) hayan sido capaces de realizar catálogos de incunables, libros raros, manuscritos, etcétera», suprimiendo lo que sigue: «atender a la lectura pública al frente de los Centros Provinciales Coordinadores de Bibliotecas y llevar a cabo una labor de animación cultural ingente».

Amplia tradición

Se hace además un auténtico e innecesario ultraje a archiveros, bibliotecarios y arqueólogos, que son los que durante esos 120 años han venido ocupándose de la catalogación de los fondos de las bibliotecas. Habría que ver cuáles de esos incunables, manuscritos y libros raros están sin catalogar e indagar las causas que han hecho posible esa situación, entre las cuales puede que la principal radique en el corto número de funcionarios de que dispone el cuerpo (174 bibliotecarios facultativos para toda la nación frente a más de doscientos que trabajan solamente en la Biblioteca Nacional de París, para poner el ejemplo de un país latino y no compararnos con los países sajones, mucho más evolucionados en ese terreno) y que habrán movido a los funcionarios de que se trata a ocuparse de atender las solicitudes de lectura de libros modernos desatendiendo en ese caso, por imposibilidad física, los fondos antiguos.La biobibliografía del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos (1858-1958) de Ruiz Cabriada, Madrid, Junta Técnica de Archivos, Bibliotecas y Museos, 1958, enumera la contribución de este cuerpo a la cultura y a la investigación españolas hasta esa fecha mejor que cualquier panegírico. Y es triste que los funcionarios de bibliotecas tengan que hacer uso de esta prueba contra su propio director general.

En cuanto a la afirmación que hace de que «no parece lógico que el Cuerpo Facultativo de Bibliotecarios se dedique en su totalidad a terminar una labor en la que sus componentes llevan trabajando 120 años», hay que hacer patente que no se trata sólo de catalogar, sino de conocer, valorar y estudiar esos fondos y todos los que ampara la ley de Defensa del Tesoro Documental y Bibliográfico, de fecha 21 de junio de 1972, que exigen conocimientos de latín y paleografía.

Sigue, pues, siendo válido el Reto de los bibliotecarios al Ministerio de Cultura. Nos oponemos a un descenso del nivel profesional de nuestra función. Y seguimos opinando que sin una gran ampliación de plantillas no puede replantearse la reestructuración total del Cuerpo Facultativo de Archiveros y Bibliotecarios.

Desprecio administrativo

En cuanto al punto nueve, se pone de manifiesto, una vez más, el desprecio que, desde el principio, ha manifestado el director general del Libro y Bibliotecas hacia los funcionarios de ésta. En su mano estaba el no haberles tenido al margen de esos proyectos que, por ahora, no han tenido ninguna plasmación real, y habría evitado que se le diga lo que tiene que hacer, cuando, según afirma, ya lo está haciendo.Resulta penoso constatar que la Dirección General del Libro y Bibliotecas, que tiene en su poder la infraestructura de la política cultural de todo el país, haya podido desencadenar tal estado de cosas, cuando debería estar empeñada, con la colaboración de los funcionarios adscritos a ella, en solucionar los enormes problemas bibliotecarios que tiene planteados la nación, que pueden dar al traste, si no se resuelven en breve plazo, con los notables esfuerzos educativos y culturales que se están realizando.