Pinochet cesó fulminantemente a un juez constitucional
Augusto Pinochet, presidente de la Junta Militar chilena, cesó fuiminantemente al contralor general de la República, Héctor Humares, y decretó su sustitución por Sergio Fernández, actual ministro de Trabajo y Previsión Social.
El día anterior, Humares había rechazado jurídicamente desde la Contraloría de la nación -especie de Tribunal de Garantías Constitucionales- la convocatoria de consulta popular al pueblo chileno realizada por Pinochet para obtener el respaldo a su política, a propósito de la condena de las Naciones Unidas contra el régimen de la Junta Militar por su transgr...
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Augusto Pinochet, presidente de la Junta Militar chilena, cesó fuiminantemente al contralor general de la República, Héctor Humares, y decretó su sustitución por Sergio Fernández, actual ministro de Trabajo y Previsión Social.
El día anterior, Humares había rechazado jurídicamente desde la Contraloría de la nación -especie de Tribunal de Garantías Constitucionales- la convocatoria de consulta popular al pueblo chileno realizada por Pinochet para obtener el respaldo a su política, a propósito de la condena de las Naciones Unidas contra el régimen de la Junta Militar por su transgresión de los derechos humanos.Estos acontecimientos se producen una semana antes de que los chilenos, obligadamente, se vean convocados a las urnas por Pinochet. El nuevo contralor, Sergio Femández, tomará posesión de su cargo el día primero de enero.
Mientras tanto, en medios diplomáticos suramericanos se especula con las razones que obligaron a Humares a enfrentarse abiertamente con Pinochet, ya que el ex contralor permanecía al frente de ese mismo cargo desde 1967. según las versiones más difundidas, los defectos de la convocatoria del plebiscito de Pinochet debieran haber sido eludidos mediante firma de todos los miembros de la Junta Militar chilena, supuesto que no ha sucedido, ya que únicamente fue rubricada por el mismo Pinochet y el ministro del Interior, general Benavides.
Es de destacar el hecho de que el Gobierno dispuso la invalidez de todos aquéllos camés de identidad que no incluyan el estampado de un sello y un ligero corte que será realizado por los funcionarios que vigilen el plebiscito, que manipularán en este sentido los documentos una vez que cada chileno haya depositado su voto en los centros electorales. Sin embargo, una circular del Ministerio del Interior desmintió esta información y señaló quélos votantes únicamente deberán estampar su huella dactilar tras depositar su voto. La misma comunicación señaló que no se erigirá un tribunal calificador de las votaciones que en un principio se había pensado configurar con personalidaded como ex presidentes de la República de Chile, políticos y otras personas. Se puso de relieve también que los votos en blanco no serán considerados ni a favor ni en contra y únicamente serán incluidos en el total general final.
Entre tanto, en algunos puntos de la capital Santiago de Chile, se aprecian estos días los primeros síntomas de la campaña sobre las votaciones, que está siendo contestada abiertamente por organizaciones de oposición moderada ya abierta al régimen. Varios miembros de la Democracia Cristiana, que vindicaban el voto negativo, fueron agredidos por grupos que postulaban el voto afirmativo de los chilenos. Los democristianos fueron detenidos, pero, según una fuente del Ministerio del Interior, fueron puestos en libertad inmediatamente.